Control de Identidad a adolescentes: la sumatoria de una nueva vulneración.

El proyecto de ley iría en contra de la Convención de los Derechos del Niño, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Escribe Nicolas Pinochet

EEl reciente miércoles la Unicef se ha referido, como en tantas otras ocasiones, a las estrategias de la política chilena para afrontar la problemática de la delincuencia juvenil. El caso extremadamente reciente es el proyecto de ley que modifica el control preventivo de identidad que en este caso incluiría adolescentes entre los 14 y 18 años. Para este organismo internacional dicha medida es un retroceso en cuanto expone al adolescente frente a la discriminación antojadiza, las injerencias arbitrarias, como ataques a su honra y reputación.

Todos principios que protege la Convención de Derechos del Niño en sus artículos 2 y 16 respectivamente. El proyecto de ley iría en contra de la Convención de los Derechos del Niño, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

La sumatoria de una nueva vulneración

En 1990, junto con el retorno de la Democracia que trajo ecos de reivindicación en temas de derechos humanos, por lo tanto, una determinación política de garantizar la protección de los derechos ciudadanos, sociales, políticos y económicos de los menores de edad, Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño que implicaría un cambio sustancial en la forma en como es concebida la infancia y la adolescencia.

Este cambio estaría sostenido sobre el paradigma del Sujeto de Derecho que busca, por medio de la legalidad, entregar beneficios políticos, sociales y culturales a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el Estado chileno desde aquella fecha hasta hoy ha sido llamado a responder con reiteración ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas que ha insistido en que Chile ajuste su normativa legal al sistema de Protección Integral de Los Derechos del Niño. Las primeras ocasiones de estos llamamientos no fueron atendidas.

Ellas hacían énfasis en disminuir la criminalización de los menores de edad tomando las estrategias punitivas en última instancia; por el contrario, el Estado chileno aumenta al doble el plazo de detención de adolescentes lo que implica una situación de derecho que no ofrece garantías procesales. Luego de esto, diversas son las propuestas por una mejora sustancial en el problema la delincuencia juvenil por parte de los distintos gobiernos de turno con iniciativas que quedaron en los escritorios sin tener un correlato específico en la ley.

Los cambios cosméticos de la Ley de Menores de 1967, ratificada en 1979 y 1994, para luego ser reemplazada en el 2005 la Ley 20.084 que estipula la creación de un sistema de justicia especializado en la adolescencia que esté orientado hacia la reinserción. En consideración con la especialización en adolescencia es que se reduce la edad de criminalización del adolescente de 16 a 14 años. El argumento de su reducción está basado en el cambio del examen de discernimiento por una procesualidad que garantice los derechos del adolescente en consideración con el principio de autonomía progresiva.

Esto es muy lógico, a un adolescente no se le puede castigar como un adulto ante un mismo crimen por la evidente diferencia en su grado de maduración. Esto supone la intención de establecer un procedimiento garantista que permita evitar los periodos temporalmente indeterminados de las medidas de protección (internación) que funcionaban como una pena encubierta para el adolescente. Sin embargo, los criterios para esta procesualidad y las dificultades evidentes del Sename, recaen en una ambigüedad de términos jurídicos que permite un amplio margen de discrecionalidad de los jueces y que a su vez posibilita extender, en vías de otros procedimientos de los tribunales de familia, las medidas de protección de un adolescente que termina internado por incluso más años que un adulto por el mismo delito.

Por sobre el escritorio también han quedado los proyectos como: 1) el Acuerdo Político Legislativo en materia de Seguridad Pública en 2007 que es firmado tanto por oficialismo como la oposición; 2) en el primer gobierno de Sebastián Piñera en el año 2010 se promueve una iniciativa interministerial que plantea una reforma en la protección de la infancia que queda sin mayor movimiento en el congreso por incorporar una cierta cadena de falencias; 3) en el segundo gobierno de Bachelet se conforma el Consejo Nacional de la Infancia que en el 2015 presentó un proyecto de Ley de Garantías de Derechos de la Niñez donde se plantea nuevamente las ideas de una reforma de protección integral a la Infancia que no se lleva a fin, 5) y en el 2016 en la llamado Proyecto de  Ley corta contra Antidelito que también incorporaba, como el actual proyecto mencionado, el control preventivo a adolescentes desde los 14 años.

Es claro que no es una ley que se aplique a la población en general, es una ley selectiva, discriminatoria y estigmatizante de la adolescencia. Donde la discrecionalidad del actuar policial termina la más de las veces por el uso autoritario de la arbitrariedad y la discriminación. Quedando sin coherencia el discurso político de los gobiernos de la última década: El Compromiso primordial para con la Infancia.

La sumatoria de vulneración radica en que todos estos proyectos mencionados incorporan una política represiva que se encamina por las medidas punitivas que van en contra de lo pactado ante las organizaciones que defienden los derechos humanos en tanto no consideran al adolescente como un Sujeto de derecho, ni velan por el principio de Interés Superior del Niño. No aseguran una procesualidad legal que implique la protección del principio de autonomía progresiva.

Es decir, el Estado chileno continúa e insiste por perpetuar un sistema que responde a lógicas de décadas previas a la ratificación de la Convención, que sitúan el accionar del Estado desde el paradigma policial ante una Infancia en Situación Irregular desconociendo las experiencias de países que sí han logrado una considerable reducción de las estrategias punitivas y la disminución del delito juvenil basado en los lineamientos que se articulan desde el Enfoque de Derechos.




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