Habla profesora que exige devolución de su dinero a AFP: “Mi problema es de sobrevivencia”

“La idea era cuestionar la falacia que instalan las AFP, de que los dineros son nuestros. Dicen ‘tus ahorros’, ‘tu plata’, pero no es así, porque si fuera así podríamos gozar y disponer de esos recursos”, sostiene la docente.

María Angélica Ojeda González (65) es el nombre de la profesora jubilada cuya demanda de restitución de sus fondos en la AFP Cuprum ante la Justicia chilena ha alcanzado notoriedad pública, esto luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera enviar al Tribunal Constitucional (TC) su requerimiento.

De acuerdo a lo que detalló el propio fallo del tribunal de alzada, la docente -quien también es vicepresidenta comunal del Colegio de Profesores en Antofagasta- “acumuló una cantidad de dinero significativo para responder a sus deudas y hacer una vida normal, pero ínfima para los efectos de una pensión, al punto que se encuentra en una insolvencia que podría generar la pérdida de su casa”.

En total, son $46.569.000 los fondos requeridos por la profesora, quien actualmente recibe por concepto de pensión $185.000 mensuales, debiendo pagar un crédito hipotecario de $212.000. Esto -según señaló a la Corte- “ha causado un deterioro de su nivel de vida, ya que su remuneración promedio los últimos seis meses laborados alcanzaban a $1.200.000, encontrándose en una insuficiencia para costear sus gastos, además de sus deudas”.

Ojeda habló con El Siglo, medio en donde explicó que junto con intentar recuperar su dinero, “la idea era cuestionar la falacia que instalan las AFP, de que los dineros son nuestros. Ellos dicen ‘tus fondos’, ‘tus ahorros’, ‘tu plata’, pero no es así, porque si fuera así podríamos gozar y disponer de esos recursos”.

“Tú no puedes en caso de una enfermedad terminal, retirar tus recursos para vivir un poco más dignamente (…) Mi problema es de sobrevivencia”, añade la docente.

Respecto a la decisión de la Corte de Apelaciones de enviar su caso al TC, la profesora declara que “creemos que hemos abierto una puerta, donde obligamos al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre el derecho a la propiedad de los trabajadores”.




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