Alerta: se cocina una nueva traición

Más que todos los animales, el hombre es un ser político y social. La sociedad civil es natural en él no como algo dado por la naturaleza, sino como algo a lo que él se inclina por naturaleza y que es necesario para la perfección de la naturaleza racional”. Santo Tomás de Aquino (Sobre la monarquía).

El sistema como modo de producción.

El quid  de las protestas que estallaron, principalmente a partir del 18 de octubre, se basan, no en el alza de las tarifas del ferrocarril metropolitano, sino en el modelo político, económico y social heredado de la dictadura cívico-militar: “no son los 30 pesos, son los 30 años”.

Lo que se ha dado en llamar el “modelo”, no es más que el modo de producción capitalista en su forma más elevada, que es el neoliberalismo económico, instaurado a parir del golpe cívico militar de 1973 y ratificado por los gobiernos post dictatoriales.

“… El conjunto de las relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva un edificio (Uberbau) jurídico y político y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina (bedingen)  el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”. (1)

Así, un modo de producción comprende tres niveles o instancias: la económica o infraestructura, la político-jurídica y la ideológica. Estas dos últimas, constituyen la superestructura.

Para el objetivo de esta nota, me voy a permitir utilizar el concepto de sistema político como sinónimo de modo de producción, pues en el primero, se dan los mismos tres niveles o instancias que describimos anteriormente y donde se dan las relaciones sociales del ser humano (politikon); además,  nos entrega el referente empírico para un análisis concreto de un sistema real y actuante.

“En su acepción más general, la expresión  sistema político  se refiere a cualquier conjunto de instituciones, de grupos y de procesos políticos caracterizados por un cierto grado de interdependencia recíproca”. (2)

Veamos entonces, qué papel cumplen estas instituciones en el seno de un sistema político dado. Si bien el término “institución” tiene variadas acepciones, dos se refieren, con mayor propiedad, a las “instituciones políticas”, que son las que nos interesa destacar en esta nota:  a) “Un conjunto de valores, de usos y costumbres, de normas, que regulan el comportamiento y la acción  en una esfera importante de la vida social, más el personal que con su actividad sostiene tales valores y normas, les da cuerpo, las reproduce y las impone a los nuevos miembros, más los recursos materiales necesarios a dicho personal para desarrollar la actividad requerida”; b) Formación superestructural que refleja como apariencia y racionalización el ordenamiento real de las relaciones sociales que definen la estructura de base de un modo de producción dentro de una formación económico social en determinado nivel de desarrollo”. (3)

No cabe duda que el sistema político chileno (estructura)  ha entrado en una crisis muy severa, cuyas instituciones son sólo el reflejo (superestructura) de ésta.  Crisis, 1705, ‘mutación grave que sobreviene en una enfermedad para mejoría o empeoramiento’, ‘momento decisivo en un asunto de importancia’; lat. Crisis. Tom. del gr. krisis ‘decisión’, deriv. de krino  ‘yo decido, separo, juzgo’.

Deriv. Crítico, 1580, lat. criticus, gr. Kritikós  ‘que juzga’, que decide; crítica 1705; criticar, Princ.. S. XVII, criticón, 1651. Criterio, 1765-83, del lat. criterium  ‘juicio’, gr. kriterion  ‘facultad de juzgar’, ‘regla’. Diacrítico, gr. diakritikós  ‘distintivo’, deriv. de diakrinó  ‘yo distingo’. Hipercrítico, 1580. (4)

Momento decisivo

Es justamente en este momento decisivo que es necesario alertar a  toda la ciudadanía  (sociedad civil), que se cocina una nueva traición. El sistema político tratará de mantener la estabilidad cueste lo que cueste, a través de acuerdos entre las instituciones de la superestructura jurídico-política.

Ahora bien, qué significa la estabilidad de un  sistema político y por qué los gobiernos tratan  de mantenerla a toda costa. Un sistema político es considerado estable en cuanto es capaz de mantener el status quo. Es necesario aclarar que un sistema estable no tiene por sí mismo una connotación positiva: un sistema político estable no es “bueno” en cuanto tal. De acuerdo con Leonardo Morlino, “la estabilidad es la previsible capacidad del sistema de durar en el tiempo”. (5)

Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la política, plantea que “El simple equilibrio no es estabilidad. Al contrario, puede significar inestabilidad en la medida en que en cualquier momento puede cambiar la correlación de fuerzas que lo producen. La estabilidad nace de la hegemonía de unas fuerzas sobre sus opositoras, vale decir, del desequilibrio”.

Y continúa: “la estabilidad depende de muchos factores: legitimidad de los regímenes políticos, de su eficacia, de su honestidad, del respaldo popular con que cuenten, del prestigio de las leyes y de las instituciones gubernativas, del bienestar general de la población, del grado de desarrollo político de la comunidad, de los avances en la institucionalización del poder, de la homogeneidad social, de la fuerza de los partidos políticos, de la justicia social, etc.”. (6)

El caso del sistema político chileno es paradigmático. Ninguno de los factores enumerados con anterioridad se puede identificar en el Estado ilegal e ilegítimo que caracterizan al sistema político de nuestro país, aunque las autoridades y los medios de comunicación digan lo contrario. El mismo Rodrigo Borja nos enumera  cuáles son los obstáculos con los que se encuentra la gobernabilidad, especialmente en los países en desarrollo, entre los que se encuentra Chile, aunque Piñera diga que es un oasis:

“a) El flagelo multidimensional de la pobreza que es la consecuencia de un dilatado proceso de acumulación del ingreso… Ella pone a prueba no solamente la opción de gobierno, sino la propia democracia; b) la corrupción es otra amenaza contra la estabilidad política, porque ilegitima a los gobernantes que incurren en ella y destruye los valores éticos de la sociedad; c) la crisis de los partidos políticos, que son los pilares del sistema democrático.

Éstos han perdido representatividad, los pueblos desconfían de ellos; el mal comportamiento de sus dirigentes ha mermado su prestigio y su legitimidad. Con frecuencia se ahondan las discrepancias entre las aspiraciones populares y los objetivos de los partidos; d) la globalización, es decir, la internacionalización de la economía: en la nueva ordenación económica internacional el capital ha encontrado su propia ‘soberanía’. El Estado ha perdido control sobre buena parte de su economía frente al dominio globalizado del capital y, consecuentemente, su capacidad para diseñar políticas económicas o monetarias independientes”. (7)

Ahora bien, es necesario recordar que la crisis del Estado republicano chileno se inició el 11 de septiembre de 1973 y, sin lugar a dudas, continúa hasta el día de hoy. Lo peor de todo, (o tal vez lo mejor) es que la crisis se ha profundizado y podemos hablar, con toda propiedad, que nos encontramos en una severa crisis dentro de  la crisis primigenia, pues mientras no se instaure un Estado democrático, la crisis seguirá profundizándose. Está claro que, a pesar de que en Chile subsiste un Estado de facto, éste ha perdido toda hegemonía. La prueba radica en que las autoridades de gobierno no son capaces de responder a las demandas de la ciudadanía y como única respuesta se acude a la represión.

Es importante destacar, que el sistema político instaurado a partir del régimen de facto, se había mantenido en “equilibrio”, lo que no significa que la crisis hubiese sido superada (Easton); los síntomas aparecieron sólo una vez que la mutación grave del tumor canceroso del neoliberalismo, no deja otra alternativa que la decisión  imperiosa  de extirpado de raíz junto con el cuerpo que lo alberga.

Asamblea Constituyente

Si el tumor canceroso se encuentra en el  ADN del cuerpo jurídico (Constitución) que regula el sistema político de nuestro país, el único tratamiento posible, a estas alturas, es provocarle  la eutanasia, puesto que el  tumor provocó una metástasis que produjo una descomposición de todo el cuerpo:  el bisturí ya no puede ejercer su noble tarea. No se puede desconocer que el sistema trató de salvar el engendro que había sido mal parido y  con una falla multisistémica, aplicándole sesiones de quimio y radioterapia  en el centro médico llamado La Moneda y en un edificio binominal que se encuentra en el sitio donde funcionó el hospital Enrique Deformes en Valparaíso.

En efecto, toda, absolutamente toda la casta política usufructuó de tal engendro por lo que es  culpable  de la crisis (bienvenida sea) en la que nos encontramos hoy. Se encuentra total y absolutamente inhabilitada para tratar de intervenir en la solución del problema, puesto  que no sólo son parte del problema, son el problema. Sin embargo, ya se iniciaron los diálogos entre gobierno y parte de los partidos de la oposición, que tratan de salvar, junto a la derecha, su propio pellejo y sus granjerías y privilegios.

En general, prácticamente toda la ciudadanía (80%) se ha expresado en el sentido de que la Constitución de 1980 ya no puede seguir recibiendo parches (quimios y radioterapias) y debe ser sustituida por una nueva Carta Fundamental. Y he aquí donde se produce el primer escollo: la Asamblea Constituyente.

Hace unos días, durante el Estado de excepción, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, fue entrevistado por el director del portal digital El Mostrador, Federico Joannon, con el objeto de comentar la coyuntura política del momento, especialmente sobre el cambio de la Constitución. Don Pablo ocupó parte de su exposición, para criticar la violencia e hizo un llamado a acabar con los saqueos y los incendios a la estación del Metro. Cabe hacer notar que ya el presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro había manifestado que “el pueblo necesita saber quién quemó el Metro. No conozco a nadie, a ningún grupo, que pueda quemar ocho  estaciones del Metro al mismo tiempo”.  Además pidió una investigación de parte de la Fiscalía.

Una vez entrado en materia, el decano expresó su absoluta convicción de que la actual Constitución no daba para más. Explicó que era partidario de que la nueva Constitución instituyera un Estado social, como los Estados europeos o Estados de Bienestar, que garantizara una buena educación pública y gratuita, al igual que la salud  y mayor igualdad en lo social y en lo económico. Hasta aquí, nadie podría estar en desacuerdo con su propuesta. Sin embargo, cuando el director le consultó si era partidario de que esa Constitución fuera redactada por una Asamblea Constituyente, el señor decano contestó que prefería darle la oportunidad al  actual Congreso, pues la Asamblea Constituyente se podía utilizar para crear Estados populistas como ya había sido la experiencia.

El abogado constitucionalista Pablo Ruiz-Tagle comete varios errores imperdonables para una persona de su estatus académico y profesional: primero, el poder constituyente no radica, en ningún caso, en el Congreso, pues es un poder constituido, es decir, no puede ser juez y parte; segundo, el Congreso (sus integrantes) es,  como lo expliqué más arriba,  si no el problema, por lo menos parte de él: tercero, es la institución que causa más rechazo entre la ciudadanía; cuarto, las manifestaciones multitudinarias así lo han expresado y rechazan a toda la casta política, incluidos los partidos políticos representados en el actual Congreso.

Es preocupante que el decano de la Facultad de Derecho de nuestra principal Casa de Estudios Superiores, desconozca que según todos los tratadistas de filosofía del derecho, de forma taxativa, manifiestan  en sus escritos y opiniones, que el Poder Constituyente radica en el soberano, es decir en el pueblo. La única tarea que podría ser de competencia del Congreso, es proveer lo mecanismos legales que permitan la convocatoria a dicha Asamblea Constituyente.




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