“Nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta”

Sr. Mañalich, hablemos de salud mental.

Para comenzar debemos situar los parámetros referenciales de una
respuesta. Chile es uno de los países que esta por bajo el promedio de la
OCDE en cuanto a gasto en salud. Dentro del bajo promedio, el aporte
fiscal es aún menor, ya que la gran mayoría del gasto proviene del sector
privado y tan solo el 42% supone gasto fiscal.

Sin embargo, este gasto no es del todo cierto, pues bien, este porcentaje incorpora el 7% que aporta cada trabajador desde su sueldo, con lo cual el gasto público se reduce atan solo 25%. Pues bien, nuestro país no solo tiene un gasto muy bajo desde lo público, sino que muy alto desde lo privado.
Esta configuración afecta directamente a las personas con menos
recursos del país, puesto que son justamente éstas quienes destinan
porcentualmente una mayor parte de sus ingresos en salud.

Esto corresponde que para el 2017 el gasto público en salud fue
correspondiente a un 5,4% del cual 2/3 aproximadamente se determinó
para más del 70% de la población FONASA, y el tercio restante para
aproximadamente el 15% de la población ISAPRE. Es decir, en Chile existe
una salud discriminatoria para el pobre, marcada por la precarización, y
una salud enriquecida para el porcentaje de la población
económicamente más favorecida.

En este gigantesco margen está la salud mental, como la inversión más
baja dentro de los márgenes mencionados. El Plan Nacional de Salud
Mental 2016-2020, plantea llegar como mínimo al 6% de gasto del 5.4%
del PIB mencionado. Esta sola cifra es un escándalo respecto de la salud
mental en los países desarrollados que oscila entre 8 y 16%, inclusive, en
los países de la región latinoamericana.

Para nadie es un misterio que en Chile las tazas de depresión, y
trastornos ansiosos son unas de las mayores del mundo. Junto con ello, el
suicidio adolescente y en adultos mayores, lidera las escalas mundiales,
sin dejar de ver el alza exponencial que ha tenido en las últimas décadas
el uso y abuso de los fármacos asociados a las patologías de salud
mental.

Ahora bien, dentro de estos, los indicadores en epidemiología
psiquiátrica en registros públicos, o bien, el acceso a licencias médicas
por este tipo de problemáticas, muestra una relación inversamente
proporcional entre recursos económicos y patologías de salud mental;
ergo, quienes tienen mayores dificultades económicas a su vez soportan
mayor gravedad y/o cantidad de diagnósticos en patologías de salud
mental.

Entonces, por un lado, existe una inversión mínima en Salud Mental, y,
por otro lado, existe un incremento en la gravedad y la cantidad de
diagnósticos en estos temas a fin en la población. Sin embargo, el tema no
acaba allí. A esto hay que sumar, asociado al primer punto, la precarización del capital humano en las instituciones de salud públicas: decrecimiento porcentual de los salarios, lo cual implica la contratación de personal con menor experiencia o especialización para la intervención. Tratamientos cortoplacistas basados en las mínimas intervenciones obligatorias por canasta de prestaciones, como por ejemplo: tan solo basta una atención psicoterapéutica de tiempo reducido (30 minutos) cada 1 mes para cobrar la subvención del Estado.

Me explico, el sistema subsidiario impuesto como pilar fundamental del sistema Neoliberal supone que todo derecho social sea convertido en un mercado, lo cual implica que el Estado ejerce el rol de inversor privado. En salud física: si usted. necesita un examen de una maquinaria médica especial, y el hospital, como es costumbre, tiene esa maquinaria descompuesta, el Estado debe garantizar su atención (AUGE) y paga por su examen a la Clínica Alemana.

Lo paradójico es que el examen cuesta una suma de dinero en la Clínica Alemana (quien regula sus precios) que es de un monto igual o superior a la reparación de la maquinaria en el servicio público. Ahora bien, multiplique su caso del examen por todos los pacientes de ese hospital, en su ciudad, en Chile que necesitan esa prueba. La pregunta es muy simple, ¿no es mejor para la población que toda esa suma de dinero invertido en la subvención del sistema privado se utilice para garantizar el derecho a la salud de todas las personas? Así, el Estado, al formar parte del mercado como inversor,
entrega grandes montos de dinero a aquellos quienes son los dueños de los
privados (las mismas 5 familias) que venden sus servicios.

En Salud Mental la cuestión no es diferente, la mayoría de los equipos e
instituciones de salud mental en Atención primaria (APS) y secundaria
(COSAM, CRS, Hospital Día, Etc.) dependen de servicios municipales u
ONG; ambos tienen un funcionamiento privado dentro el sistema, es decir,
venden los servicios al Estado. Estos servicios son comprados en el plan de
Canastas de Prestación (dejando por fuera las prestaciones GES-AUGE,
que suponen un gran avance, pero tan solo incorporan 4 patologías de la
gran prevalencia de patologías de salud mental en la población nacional).
Cada canasta supone una serie de intervenciones especializadas por
patología –la Canasta de trastornos de ansiedad supone psicólogo,
psiquiatra, medicamentos, etc.-.

Sin embargo, solo es necesario que se cumpla de forma efectiva una de esas prestaciones para que el privado cobre toda la canasta completa al Estado. Es decir, si Ud. es atendido solamente por psicólogo el Estado paga por Ud. (aunque a precio precarizado) por un promedio de todas las intervenciones de la canasta. Desde ahí la regulación de la calidad de las prestaciones solo depende de un ejercicio ético de la entidad privada. Por ello hay municipalidades donde sus consultorios atienden de forma semanal, como otras comunas de forma mensual.

Lo anterior no solo responde en cuanto a calidad y cantidad del personal
profesional atendido, lo espaciado de las intervenciones, sino que también
en la calidad de los medicamentos en comparación con el sistema de
Isapres: mientras, para el sector más acomodado, las terapias son de
mayor duración y con mayor presencia en el tiempo, los medicamentos
usados son de última generación, que suponen menores consecuencias
secundarias, mientras que, en consultorios, los medicamentos usados para
el tratamiento de la salud mental son de primera generación por su bajo
costo pero mayor riesgo de comorbilidad. Aquí vale destacar que la única
prestación ejercida se usa como indicador de avances en salud, con lo cual
no solo es deficiente en lo real, sino que supone para las estadísticas
nacionales que se hace un buen trabajo ya que la persona con patología en
salud mental si está en tratamiento.


Ante esto, Sr Mañalich, déjeme decir que frente a sus declaraciones:
“Nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del
planeta”, primeramente, no es nuestro sistema pues los dueños son muy
pocos mientras los demás somos víctimas; segundo, déjeme dudar de la
escala de comparación que usted usa al situar un sistema que precariza
al pobre mientras salva al pudiente, como de los “mejores” mientras
cientos de países entienden la salud como un derecho y no como un
bien de consumo; y como tercero, si con eficiencia usted se refiere a tan
solo una atención mensual y con medicamentos que está comprobado
que mientras mejoran algunos síntomas empeoran o generan otros
nuevos, no solo tenemos diferencias en la conceptualización de los
indicadores estadísticos, sino que tenemos diferencias en lo que implica
la salud como concepto fundamental tanto para usuarios como para la
OMS.

Ante esto, es importante hacer relucir la urgencia que implica que el
Ministerio de Salud decante las conversaciones, investigaciones y
demandas de la población en relación a una Ley de Salud Mental que sea
equitativa, y proteja de forma tal que abarque los factores implicados en la
facilitación, prevención e intervención en tanto universalidad (para
todos), calidad (buena y mejorable) y equidad (por igual) en temas de
Salud Mental.
(Datos obtenidos desde: OMS, MINSAL, AVIS, FONIS).



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