Bolivia: Gobierno interino adopta medidas abusivas Muerte de manifestantes, amenazas a periodistas y decreto problemático

Desde que Jeanine Áñez asumió la presidencia interina, el gobierno ha adoptado y anunciado medidas alarmantes que violan los estándares de derechos humanos fundamentales.

(Nueva York) – Las autoridades bolivianas deberían derogar de inmediato un decreto del 15 de noviembre de 2019 que otorga a las fuerzas militares excesivas facultades discrecionales para el uso de la fuerza. Asimismo, deberían dejar de hostigar a periodistas independientes y opositores al gobierno, señaló hoy Human Rights Watch. Nueve personas murieron y 122 resultaron heridas el 15 de noviembre durante una manifestación en la provincia de Chapare.

Desde que Jeanine Áñez asumió la presidencia interina, el gobierno ha adoptado y anunciado medidas alarmantes que violan los estándares de derechos humanos fundamentales. El decreto  contribuye a la impunidad de los abusos militares en el contexto de los operativos de control de manifestaciones públicas. El gobierno también anunció que juzgaría por “sedición” a periodistas y ex altos funcionarios.

“Estamos profundamente preocupados por las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas, que parecen priorizar la represión brutal de opositores y críticos y otorgan a las fuerzas armadas un cheque en blanco para cometer abusos, en vez de concentrarse en reestablecer el estado de derecho en el país”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La prioridad debería ser que se respeten los derechos fundamentales de los bolivianos, incluidos los derechos a manifestarse y congregarse de otras maneras pacíficas”.

Las autoridades bolivianas deberían dejar de perseguir a periodistas y opositores y asegurarse de que las autoridades judiciales lleven a cabo investigaciones independientes, imparciales y oportunas sobre las muertes ocurridas en enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y manifestantes.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el 16 de noviembre que las muertes ocurridas recientemente “parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que al menos 23 personas han muerto desde las elecciones presidenciales del 20 de octubre y otras 700 han resultado heridas.

El 15 de noviembre, Áñez dictó un decreto presidencial por el que moviliza a las fuerzas militares “para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública.”  El decreto exime de responsabilidad penal a miembros de las fuerzas armadas cuando actúen “en legítima defensa o estado de necesidad” y respeten los “principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”, según la definición de estos conceptos en el derecho boliviano.

El decreto contraviene los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, una serie de normas internacionales que orientan el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad. Los principios básicos imponen la obligación jurídica que los funcionarios de seguridad pública, al desempeñar su tarea, recurran en la mayor medida posible a un uso de la fuerza que no sea letal, antes de recurrir a armas de fuego durante protestas violentas. Cuando el empleo de armas de fuego sea inevitable, los funcionarios de seguridad pública deben ejercer la moderación y actuar en proporción a la gravedad del riesgo que enfrentan. El objetivo legítimo debe cumplirse reduciendo al mínimo los daños y las lesiones y preservando la vida humana. Conforme a los Principios Básicos de la ONU, el uso letal deliberado de armas de fuego se permite sólo cuando resulta “estrictamente inevitable para proteger una vida”.

El decreto y las leyes que este menciona no distinguen entre el uso de armas de fuego y su uso letal deliberado; es decir, la diferencia entre disparar y disparar con la intención de matar, explicó Human Rights Watch. Esta es una distinción crucial porque, incluso en los casos muy excepcionales en que el uso de armas de fuego es inevitable, como norma general los agentes no deberían disparar a matar.

“El decreto dictado por Áñez es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos y envía a los soldados en las calles el peligroso mensaje de que no tendrán que responder por los abusos que cometan”, expresó Vivanco. “El decreto debería revocarse con urgencia”.

El 13 de noviembre, Arturo Murillo, nombrado recientemente ministro de Gobierno, advirtió que el gobierno va a actuar contra quienes cometen “sedición” para encarcelarlos. El delito de sedición tiene una definición ambigua y muy imprecisa y conlleva penas de hasta tres años de prisión en el derecho boliviano. El Código Penal de Bolivia define “sedición” como el delito cometido por quienes “se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público”, lo cual incluye “oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativos”.

Murillo afirmó que el gobierno también iba a “ir a la cacería” de Juan Ramón Quintana, exministro de Gobierno durante la presidencia de Evo Morales, a quien calificó de “animal.” Las investigaciones y los procesos contra exfuncionarios del partido político MAS de Morales, si es que procedieran, deberían observar rigurosamente las garantías de debido proceso, expresó Human Rights Watch.

El 14 de noviembre, la nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, señaló que el gobierno “va a tomar las acciones pertinentes”, incluida la “deportación”, contra periodistas que estén “causando sedición”. Desde las protestas que ocurrieron tras los comicios del 20 de octubre, varios periodistas han sido atacados, según señalaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

“Ningún periodista debería ser juzgado ni deportado por hacer su trabajo”, expresó Vivanco. “En épocas de crisis, la sociedad necesita más que nunca a los periodistas y el gobierno debería estar adoptando medidas para protegerlos, en vez de amenazarlos”.



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