Al cabo de mes y medio no se ha logrado nada

El acuerdo constitucional – hoy tambaleante – alcanzado en este gobierno se logró por la presión de millones de personas en las calles, pero carece de legitimidad suficiente.

La rabia y la impotencia se acrecientan en el mundo popular que ve pasar los días sin que el gobierno de Sebastián Piñera dé indicios sobre el proceso de cambios estructurales que se reclama para instalar una democracia real que permita abrir las alamedas de la igualdad, la justicia social, la inclusión y la solidaridad.

    Esos cambios están claramente en la voluntad del pueblo pero a colosal distancia del presidente de la República y la casta política que lo secunda, en razón de su compromiso con la oligarquía y los poderes fácticos, y su sentido clasista que impide cualquier transformación profunda.

   Transcurrido un mes y medio de la explosión social traducida en una ola de espontáneas marchas multitudinarias y múltiples manifestaciones por sus derechos y en rechazo al modelo neoliberal, la clase trabajadora  no ha conseguido nada, salvo migajas, y servir de blanco a agentes del Estado que atacan y disparan como si enfrentaran a un enemigo de guerra.

   El acuerdo constitucional – hoy tambaleante – alcanzado en este gobierno se logró por la presión de millones de personas en las calles, pero carece de legitimidad suficiente. Solo fue suscrito por las cúpulas políticas, no todas, sin participación de las bases sociales que eran en definitiva las que exigían una nueva Constitución para terminar con la legada por el dictador, lo que ocurrirá dentro de dos años si se destraban a tiempo los entrampamientos que van apareciendo.

   En lo inmediato no hay respuesta o propuesta oficial alguna en torno a las demandas básicas de las muchedumbres empobrecidas. Entre ellas, el empleo protegido, mejores ingresos, salud y educación sin mercado de por medio, medidas antiinflacionarias, jubilaciones decentes más allá de los centavos del denominado pilar solidario y en general un sistema de seguridad social que garantice a todos dignidad y bienestar.

  Menos aún el oficialismo asume las temas de fondo, los que se niega a admitir. Ahí están la redistribución de la riqueza que ponga fin a la escandalosa concentración económica facilitada por un modelo que se aplica a ultranza, término de la institucionalidad que viene de la dictadura, no más AFP ni más privatizaciones ni más zonas de sacrificio ni gastos en armamentismo para la guerra del nunca jamás, recuperación de los recursos naturales en manos de transnacionales (cobre, litio, agua).

   La crisis se prolonga porque el presidente de la República no quiere tocar el bolsillo de sus amigos, de sus pares, los superricos, los dueños de Chile avaros y arrogantes. Son los que “rotean” e insultan a las familias modestas que llegan ocasionalmente a sus centros comerciales exclusivos en el llamado barrio alto, instándoles  a empujones a volver a sus poblaciones.

   Mientras el mandatario favorece la acumulación de dinero, bienes y patrimonios de unos pocos, la ciudadanía se pregunta cuánto  habrá que esperar para que se active una agenda corta contra los abusos y las desigualdades. Estos son los ejes centrales del modelo depredador que el jefe de Estado pretende seguir impulsando.

   Durante todo su gobierno Piñera ha estado invocando a la unidad nacional porque no quiere ver la enorme brecha de las clases sociales y sus tremendas diferencias en materia de ingresos, oportunidades y redes de influencia. Ahora pide paz mientras habla de “enemigos” y se apoya en los aparatos represivos de carabineros sumando a las FF.AA. a las que ha recurrido otra vez para que acudan de nuevo en su socorro.

   Este político empresario es el que a comienzos de su periodo presidencial comunicó a través de su entonces ministro de Hacienda (Larraín, el de las flores) que “no gobernaría para la calle”, seguramente para no ensuciarse las manos ni tener contacto con los patipelados. La calle – literalmente – le ha dado ahora una respuesta categórica: según las últimas encuestas, hoy su gestión es aprobada por ¡solo 1! de 10 chilenos consultados.

   Si – dejando de lado la receta tacaña del modelo – todo el ahínco que pone Piñera  en el proyecto de ley para combatir a un grupo minoritario de encapuchados lo trasladara a una iniciativa de discusión inmediata que reajuste en forma extraordinaria y sustancial los salarios y pensiones en favor de los millones de compatriotas que marchan pacíficamente y a cara descubierta, la crisis social que agobia al país acabaría a corto plazo.



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