La gran conspiración: el conservadurismo chileno y el estallido social antineoliberal

En virtud de su profunda raigambre histórica y de las funciones ideológicas que cumple, las interpretaciones conspirativas del Gobierno son un hueso duro de roer. De hecho, es tan grande la necesidad de acudir a ellas, que se formulan y difunden sin evidencia alguna. Sus anuncios tienen un dejo de ilusa esperanza de que, al fin, surja la evidencia necesaria con la cual calmar sus atribuladas conciencias.

Mientras esas sean las narrativas dominantes en La Moneda, la represión y la conflictividad social difícilmente bajarán. Se requiere con urgencia autoridades que se desembaracen de esas trampas ideológicas y puedan dar conducción efectiva al proceso de cambios abierto tras el desplome –vía protesta popular– del neoliberalismo chileno.

Tras más de dos meses de protestas y crisis política, el Gobierno de Sebastián Piñera sigue en un estado de profunda confusión y desorientación. En gran medida, eso se explica por la incapacidad –sumada a falta de voluntad– de comprender y asumir las razones estructurales del estallido social.

Más allá de declaraciones aisladas, en los hechos La Moneda sigue visualizando este proceso desde la lógica exclusiva del orden público, eligiendo las medidas a tomar de acuerdo a las posibilidades políticas del momento.

En un contexto de desestructuración institucional de los aparatos represivos del Estado, el resultado ha sido la multiplicación de violaciones de los Derechos Humanos –es decir, el ejercicio ilegítimo e ilegal de la violencia estatal–, según lo han acreditado varios informes internacionales.

En medio de la espiral de negación, descontrol y violencia, el recurso más usado ha sido el de distintas variantes de teorías conspirativas para explicar la dinámica de protesta social, lo que empezó a pocas horas del estallido social el 18 de octubre con los audios filtrados de la primera dama y el discurso del propio Piñera, sobre la presencia misteriosa de un enemigo omnisciente que controlaría todos los hilos de la violencia popular.

De allí en más, este tipo de interpretaciones se multiplicaron y diversificaron: el enemigo fue identificado con regímenes socialistas extranjeros –Venezuela y Cuba–, hackers rusos, orgánicas anarquistas todopoderosas, bandas de narcotraficantes y barras de fútbol, entre muchos otros.

Así como la oligarquía de principios de siglo XX culpaba a misteriosos agitadores extranjeros sobre la base de que los obreros no tenían razones reales para protestar, el conservadurismo chileno de nuestros días requiere buscar enemigos más allá de las fronteras de la sociedad civil para desestimar, en lo fundamental, las demandas levantadas en torno a la necesaria protección institucional frente a la voracidad del capital. Desde la perspectiva de quienes sinceramente creían en las virtudes inherentes del neoliberalismo, la posibilidad de que una sólida mayoría social se movilice conscientemente en su contra es, simplemente, un sinsentido

Intelectuales orgánicos de derecha –es decir quienes debieran dar dirección a la acción política– han repetido esos tópicos en medios de comunicación nacionales e internacionales. La propia prensa ha servido de caja de resonancia de lo que parecen ser intentos algo desesperados del Gobierno por dar credibilidad a sus tesis. El informe filtrado hace pocos días sobre el comportamiento de redes sociales, con el fin de encontrar ahí la misteriosa injerencia extranjera que explicaría todo este fenómeno, no es sino el episodio más risible de una trágica ceguera gubernamental.

Las explicaciones construidas por el Gobierno no pasarían de ser una triste anécdota si no fuera por sus efectos políticos concretos. Aquella mentalidad que solo puede ver el accionar de enemigos arteros y silenciosos en la explosión inorgánica de la rabia social, lleva indefectiblemente a la justificación del despliegue de violencia estatal aguda. Y dada la magnitud del enemigo y la urgencia de las tareas de defensa, esa violencia no requeriría ajustarse a los límites fijados por la ley, en la medida en que consistiría en dar una ventaja intolerable al accionar de un poderoso enemigo.

Este esquema mental conservador, por cierto, es de larga data. A fines del siglo XIX y principios del XX, en momentos en que segmentos proletarizados del mundo popular aceleraban el paso de su politización, la oligarquía dominante recurrió, entre otras cosas, a la figura del «agitador» –por lo general extranjero– para explicar lo que entendían era la injustificada ruptura de la armonía social a manos de la huelga y la protesta.

La fundación de partidos políticos obreros y el impacto de eventos globales como la Revolución Rusa, dotaron de contenido anticomunista y contrarrevolucionario a ese esquema de explicación, proyectándose por buena parte del siglo XX. La derecha política, reconocida como tal desde los años 30, fundó parte importante de su identidad en un anticomunismo diverso, cambiante, y en las décadas siguientes actuó motivada por ese impulso.

Con el despuntar del reordenamiento bipolar de la Guerra Fría y el fin de la llamada «primavera democrática» en América Latina, la derecha aliada al centro radical y a otras fuerzas aprovechó las circunstancias y promovió, en 1948, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia de 1948, que ilegalizó al PC por una década.

Con la Revolución Cubana como telón de fondo, el conflicto político en los años 60 tuvo un cariz similar, sobre todo en la segunda mitad de la década, cuando esa derecha hubo de rearticularse en el Partido Nacional ante el agotamiento de sus referentes decimonónicos. La oposición a la Unidad Popular se hizo bajo una serie de supuestos, tópicos e imágenes anticomunistas elaboradas en las décadas anteriores, dándole sentido y dirección a la movilización de masas contrarrevolucionaria.

La dictadura militar iniciada en 1973 elevó ese tipo de discursos al nivel de ideología de Estado, fundamentando la represión, las reformas económicas e institucionales introducidas y su propia existencia, como la última defensa ante los embates globales del marxismo.

La continuidad –adaptada a cada escenario particular– de este esquema general de explicación del conflicto social tiene una función específica que explica su supervivencia.

Por una parte, las teorías conspirativas posibilitan dar sentido a algo que de otro modo sería inimaginable. El pensamiento conservador suele carecer de las categorías analíticas necesarias para dar cuenta de eventos de gran magnitud.

En ese sentido, los discursos autocelebratorios del «modelo chileno» –repetidos hasta días antes del estallido social– no eran mera retórica, sino expresión de convicciones profundas sobre las virtudes del capitalismo neoliberal de nuestros tiempos. Que una mayoría social se levantase en contra de ese modelo, a través tanto de ocupación del espacio público como de violencia popular espontánea, sencillamente no puede ser explicado desde el esquema de referencias que alimentaba al Gobierno.

Desde esa óptica, las inequidades estructurales no son vistas como problemas a considerar, sobre todo gracias a los artilugios ideológicos –»emprendimiento», «meritocracia»– que servían para conjurar sus riesgosas consecuencias. Los problemas de corrupción y colusión dentro y fuera del Estado no eran más que excesos individuales que no afectaban, en lo esencial, la virtud intrínseca de la hegemonía del mercado.

Cuando todo ese marco de referencias se viene abajo, la capacidad explicativa se reduce a su mínima expresión. En su lugar queda el miedo y la incertidumbre y, en consecuencia, la necesidad de que la realidad sea más simple de lo que aparenta. Allí es cuando las teorías conspirativas adquieren todo su valor.

Por otra parte, las interpretaciones conspirativas de la protesta social sirven también para dotar de sentido a la acción colectiva: a través de explicaciones que ponen el acento en la voluntad todopoderosa de entes externos a la sociedad movilizada, se le sustrae a ella su capacidad de acción política y la racionalidad implícita en la protesta social.

Así como la oligarquía de principios de siglo XX culpaba a misteriosos agitadores extranjeros sobre la base de que los obreros no tenían razones reales para protestar, el conservadurismo chileno de nuestros días requiere buscar enemigos más allá de las fronteras de la sociedad civil para desestimar, en lo fundamental, las demandas levantadas en torno a la necesaria protección institucional frente a la voracidad del capital. Desde la perspectiva de quienes sinceramente creían en las virtudes inherentes del neoliberalismo, la posibilidad de que una sólida mayoría social se movilice conscientemente en su contra es, simplemente, un sinsentido.

En virtud de su profunda raigambre histórica y de las funciones ideológicas que cumple, las interpretaciones conspirativas del Gobierno son un hueso duro de roer. De hecho, es tan grande la necesidad de acudir a ellas, que se formulan y difunden sin evidencia alguna. Sus anuncios tienen un dejo de ilusa esperanza de que, al fin, surja la evidencia necesaria con la cual calmar sus atribuladas conciencias.

Mientras esas sean las narrativas dominantes en La Moneda, la represión y la conflictividad social difícilmente bajarán. Se requiere con urgencia autoridades que se desembaracen de esas trampas ideológicas y puedan dar conducción efectiva al proceso de cambios abierto tras el desplome –vía protesta popular– del neoliberalismo chileno.



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