Vigencia constituyente

Uno de los más importantes avances que logró la crisis -revuelta o estallido- de octubre, fue abrir la posibilidad de embarcarnos en un proceso constituyente que nos permita jubilar la Constitución anti-republicana de sello autoritario y neoliberal…

En Chile el concepto de “crisis” comenzó a circular un poco antes de que la pandemia azotara al mundo y con ello el uso del término también se universalizara bajo el mismo fenómeno.

El proceso de movilizaciones populares que estalló en octubre ha sido el más importante de las últimas décadas en nuestro país, no tanto por su contenido como por la capacidad de movilizar a los de abajo en una interpelación común a los de arriba.

Así las cosas, uno de los más importantes avances que logró la crisis -revuelta o estallido- de octubre, fue abrir la posibilidad de embarcarnos en un proceso constituyente que nos permita jubilar la Constitución anti-republicana de sello autoritario y neoliberal[1] que nos rige actualmente. Si bien, ese proceso ha debido ser suspendido y reagendado a causa de las medidas de aislamiento necesarias en tiempos de pandemia, la demanda por una nueva Constitución sigue vigente. Así lo han entendido los detractores de la popular causa por cuanto, bajo la excusa de la sanidad pública como prioridad, han ocupado toda su pirotecnia discursiva para impedir cualquier acuerdo o certeza en torno a la realización del histórico plebiscito.

Prioridad que se difumina una vez que se apagan las cámaras de televisión porque son los mismos que, no obstante considerar inviable la realización de un plebiscito por razones sanitarias, no han aplicado el mismo criterio a la hora de posicionarse ante la irresponsable reapertura de centros comerciales y la consiguiente aglomeración de gente, aumentando considerablemente el riesgo de contagio en amplios sectores de la población.

Así las cosas, la vigencia de la demanda por una nueva Constitución, elaborada en democracia, con participación ciudadana y paritaria, como ninguna antes en la historia, no se sostiene a pesar de la pandemia como dirán algunos partidarios del “rechazo”, sino que se sostiene y reimpulsa a propósito de la pandemia. Veamos: si antes de la situación actual quedaban dudas respecto del carácter neoliberal de la Constitución política y lo perjudicial que resulta esto para una República libre y democrática, estas se disiparon con las posiciones adoptadas por la guardia pretoriana de la carta magna que entrega al mercado la decisión y administración de la vida y muerte de la población, verificado en cuestiones como la reserva de constitucionalidad presentada por el Gobierno frente a la idea de suspender el cobro de servicios básicos bajo el burdo y suficiente argumento de que “es contrario a lo que establece la Constitución”, así sin más.

La reapertura de centros comerciales a expensas de la distancia física recomendada para aplanar la curva de contagios, el cobro de servicios básicos a expensas de las golpeadas economías familiares, el dictamen de la Dirección del Trabajo que cargó el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores, el “pan para hoy y hambre para mañana” que supone el uso del seguro de cesantía, entre otras, no corresponden a medidas aisladas ni mucho menos objetivas o técnicas sino que son respuestas ideológicas del manual del sistema neoliberal, que en Chile se sostiene y ampara en nuestra Constitución.

En términos de la psicoanalista argentina Nora Merlin esta ortodoxia neoliberal vendría a constituir un cálculo thanático de la exclusión llevado a sus últimas consecuencias, donde una parte de la población “no entra” y queda a la intemperie y amenazada  por la pérdida de derechos y condiciones de existencia.[2] Nada más lejos de esa máxima que rezaba libertad, igualdad y fraternidad.

Entonces, la demanda de una nueva Constitución no es un capricho de un sector sino que es una necesidad para Chile toda vez que la actual sólo ha sido un obstáculo a la hora de poder echar mano de la institucionalidad para impedir que una crisis como la producida por el coronavirus afecte de forma fatal a nuestra sociedad. Es por tanto, fundamental reconocer el poder transformador del Estado y sus instituciones en un país como el nuestro donde las fronteras entre Estado y sociedad civil son abigarradas por usar el concepto propuesto por el pensador boliviano René Zavaleta Mercado.

Hoy más que nunca debemos mirar el horizonte sin perder de vista el paisaje, la tarea es construir una constitución no de izquierdas, no de derechas, sino de Chile, con toda la complejidad y disputas conceptuales que propone el término. No confundir: hacernos cargo de la realidad de nuestro país y no seguir acentuando las profundas desigualdades que en octubre estallaron en la cara de la élite no se va a terminar sólo con una nueva Constitución, es un paso importante, qué duda cabe. La gran batalla es cultural, por la “nueva normalidad” que en definitiva se resume en la revolucionaria posibilidad de constituir un “nuevo centro” desde el cual se defina el orden de la sociedad, sus instituciones y los márgenes que establecerán que va dentro y que queda fuera.

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