Pedagogía del Lawfare

En 2020 asistimos a la “segunda etapa” del lawfare, cuyo presente se enfoca en la necesidad de construir una herencia pedagógica, que impida repetir en el futuro la “anomalía populista” de la región.

Desde la caída de Mel Zelaya en aquel lejano Honduras del 2008, la modificación del escenario político-institucional de los países latinoamericanos, mediante la guerra judicial y la persecución, proscripción y encarcelamiento de dirigentes populares, ha modificado el pasado reciente de la democracia y pretende seguir haciéndolo en el presente y el futuro.

En 2020, más allá de la pandemia del COVID-19, asistimos a la “segunda etapa” del lawfare, cuyo presente se enfoca en la necesidad de construir una herencia pedagógica, que impida repetir en el futuro la “anomalía populista” de la región.

La nueva fijación de los límites de lo posible en el debate político, admite tolerar determinadas dirigencias populistas regionales. No hay conflicto en tanto los ejes principales de la dependencia geopolítica diseñada por Washington no estén amenazados por su existencia y objetivos políticos.

La intención de traspasar esos límites agita inmediatamente las banderas de Luis Inacio Da Silva, Rafael Correa o Amado Boudou, para que aquellos dirigentes populistas de la región que se atrevan a pensarlo, observen con nitidez pedagógica qué está permitido y qué no, y qué le espera en el futuro a los “díscolos” que se atrevan.

Dentro del modelo, todo; fuera del modelo, nada. Sería una actualización de aquella vieja verdad peronista, adaptada a lo que se puede hacer y lo que no, para no terminar en las mazmorras del lawfare.

Así como la dictadura argentina impulsó una pedagogía que impidiera para siempre el cuestionamiento fáctico del modelo capitalista en Argentina, esta nueva etapa del lawfare no admite la discusión del modelo capitalista periférico en sus actuales condiciones y posibilidades. No tolera ni la discusión sobre la redistribución del ingreso, ni sobre la disponibilidad irrestricta de la propiedad privada, así como la libre circulación de capitales especulativos, la legitimidad de la evasión fiscal resguardada en guaridas fiscales o la de las deudas soberanas de los países.Te puede interesar  Impuesto a los ricos: quién (y cómo) paga la pandemia

Los límites de lo posible se achican al extremo y lo que hace solo 10 años hubiese sido considerado inadmisible por genuflexo, hoy aparece como una lucha épica antiimperialista. La continuidad en prisión del ex Vicepresidente Amado Boudou y los dirigentes sociales Luis D’elía y Milagro Sala, se agitan como banderas de advertencia hacia todos aquellos que cuestionen ese posibilismo que rememora la política del derrame, ahora presentada con una estética “keynesiana”.

La antinomia ya no está permitida en el debate, y con esto no solo se evita amenazar los privilegios de las elites dominantes, sino que se intenta mostrar una sociedad unívoca de intereses comunes -que son obviamente, los de los beneficiarios de la renta administrativa- en este, nuestro capitalismo periférico colonial. Pocos éxitos más rotundos de la pedagogía del lawfare.

El campo jurídico es un universo social para nada independiente de las relaciones de poder y dominación, al interior del cual se produce y se ejerce la autoridad jurídica como delegación política. Una forma por excelencia de la violencia simbólica legítima del Estado, que, de considerarlo necesario, puede servirse del ejercicio de la arbitrariedad.

Presentar públicamente al campo jurídico como un universo limpio de toda componenda con los imperativos de la política o de la economía, es ayudar a que pueda travestir su inexistente independencia de los poderes fácticos. Se producen así efectos sociales absolutamente reales, que modifican para bien o para mal, la condición de vida de millones de personas.

Pregonar la independencia judicial y propugnar la aceptación política del concepto, para que la interpretación de las leyes y el establecimiento de la jurisprudencia se presenten desde la “asepsia” de la intervención de jueces y magistrados, es otorgarle al poder judicial de nuestros países la principal herramienta de legitimidad que requieren sus políticas públicas coloniales a la hora de ostentar el carácter de tutoría legítima de nuestros sistemas políticos y límite infranqueable, para la voluntad de cambio, de las mayorías populares.Te puede interesar  La cumbre de la subordinación

La explícita confusión, que plantea como excepcional la obvia vinculación permanente entre las esferas del poder económico y la de los ámbitos procesales -en cuya comunión el derecho resuelve habitualmente sus sentencias-, justifica así su supuesta autonomía científica e independencia institucional. Semejante retracción conceptual es otro éxito visible de la pedagogía del lawfare.

La judicialización de la política, con el lawfare como bandera, es entonces el más explícito fenómeno del carácter tutorial que se le dio y se les da a los poderes judiciales como vigilantes imperiales que custodian los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

El derecho, en su carácter instrumental e histórico, tiene por objeto esencial imponer en la sociedad un régimen determinado de ordenación, y constituye en sí mismo un conjunto de reglas que fuerzan a un orden dado de la sociedad y sus miembros, pero que no es autónomo de las relaciones de poder de la misma sociedad.

Una determinada conformación económica, política y social de la comunidad señala las directrices y los lineamientos de la organización estatal. El derecho y la organización del poder judicial operan como apoyo formal o como límite real a esas ideas y políticas públicas de un gobierno popular, cumpliendo la función de promover o cuestionar la observancia de las normas que permitan hacerlas realidad.

La concepción de lo que deben ser el poder judicial y el gobierno, sus estructuras y disposiciones internas, sus funcionamientos y las competencias de sus miembros, se deciden en el espacio socio político y no dentro del campo jurídico.

Es imperioso recuperar el poder de la política, la autonomía de la democracia y el cuestionamiento de la injusticia social reinante. Sin embargo, esto no se dará admitiendo la centralidad de lo judicial en el desarrollo de las sociedades. La discusión sobre el futuro debe girar sobre el rol del poder judicial y no sobre su independencia, que nunca será tal. Saber que el poder judicial puede servir a los intereses de las mayorías populares o a los de las minorías coloniales, según decida.

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