Publicado Noviembre 27, 2020
Apuntes generales sobre la violencia estatal hacia las infancias y adolescencias. Una lectura en clave psicoanalítica
Cuerpo
Los últimos casos que dan cuenta de esta brutalidad policial son de Anthony, un adolescente de 16 años que fue empujado por un policía en el puente Pío Nono. El otro caso que es más reciente es el de dos adolescentes pertenecientes a un hogar residencial del SENAME en Talcahuano, baleados por la policía.

En un contexto de crisis social, política y sanitaria, el gobierno de Sebastián Piñera ha profundizado la represión política hacia la población, ya sea a través de proyectos de ley que criminalizan la protesta social o a través de la violencia policial misma, sumado al estado de excepción en el que los militares siguen en las calles, las violaciones a los Derechos Humanos siguen ocurriendo.

Ante estos hechos, los niños, niñas y adolescentes que han participado en las protestas sociales de la revuelta popular también han sido víctimas de la violencia estatal a través de la represión policial, cuestión constatada por los diversos informes de organismos de derechos humanos y la propia Defensoría de la Niñez.

Los últimos casos que dan cuenta de esta brutalidad policial son de Anthony, un adolescente de 16 años que fue empujado por un policía en el puente Pío Nono, en el contexto de una movilización social en la Plaza la Dignidad, el cual fue calificado como un homicidio frustrado por la justicia.  El otro caso que es más reciente es el de dos adolescentes pertenecientes a un hogar residencial del SENAME en Talcahuano, baleados por la policía alrededor del mismo hogar. 

Lamentablemente, estos hechos no son puntuales ni excepcionales, sino que son algunos más de los cientos y cientos de casos de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de la represión policial y, agregamos, la persecución judicial. Cabe recordar las víctimas de traumas oculares y lxs presxs politcxs de la revuelta, muchxs de ellxs jóvenes y adolescentes.

A raíz de lo ocurrido, me interesa abordar particularmente la violencia estatal-policial hacia las infancias y adolescencias populares. En el Grupo de Estudio Infancias, Psicoanálisis e Instituciones hemos estado pensado la relación entre las infancias y las instituciones en clave psicoanalítica, en articulación con el campo sociopolítico. Uno de los temas que suele aparecer es la violencia institucional, bajo sus diversas formas.

 

Desde la propuesta de abordaje de este escrito, la relación entre infancias e instituciones es algo que nos interpela a pensar y analizar no solo su vinculación en relación a instituciones “cerradas”, “puertas adentro”, como lo puede ser una escuela, un hogar residencial o un centro de salud, sino que también cómo se expresa en la calle, en el territorio, en la esfera pública.

 

Como punto de partida, me parece interesante la tesis que sostiene la psicoanalista argentina Mercedes Minnicelli, de ubicar la infancia en tanto significante. En sus palabras: “La propuesta de mi tesis es trabajar con el término infancia en tanto significante. Ello implica necesariamente considerar que, por su multivocidad ocupa un lugar diferencial en la producción de sentido singular y colectiva sujeta al entramado argumentativo subjetivo y a su sostén, complicidad, colectiva. Infancia, en tanto significante siempre en falta de significación, no admite ser capturado en campo de sentido unívoco alguno, sino que requiere continuar representando el intercambio en la línea de las generaciones y ligando la continuidad y discontinuidad de cada uno con su propio antepasado, así como las continuidades y discontinuidades que renuevan el juego diacrónico y sincrónico de la historia humana”[1].

Sabemos que desde la teoría lacaniana del significante, un significante no posee un sentido por sí solo, hasta que se articula con otro significante, produciendo una significación, un sentido.

Siguiendo con esta tesis de Minicelli, pensar la infancia en tanto significante implica necesariamente su significación a partir de su relación con el Otro, “vehículo del universo simbólico en el cual la cuestión de la infancia opera” (Minicelli, 2008, pág. 30).  Desde Lacan, el sujeto se constituye como tal, como ser hablante, a partir de la relación con el Otro, representante de la legalidad de la cultura, del lenguaje. El Otro es el que nos determina a través de la inscripción en el lenguaje.  Si el Otro lo ubicamos como el mundo adulto, “los niños se sujetan a las significaciones que los adultos de cada época les otorgan. La discontinuidad se plantea en los modos de sujeción simbólica e imaginaria, según cambien las épocas pudiendo presentarse predominantemente míticos, religiosos, científicos, legislativos, mercantiles”[2][3].

Desde esta lectura, resulta interesante recordar cuales son algunos de los significantes que suelen circular de parte de la clase política  al momento de referirse, por ejemplo, de lxs estudiantes secundarixs cuando salen a protestar a las calles. A modo de ejemplo, tenemos las  movilizaciones de los estudiantes del Instituto Nacional el año pasado antes del estallido social, en las que tanto el presidente Piñera como el alcalde de Santiago Alessandri, calificaban públicamente a los estudiantes como delincuentes:  “¿Cómo no va a ser lógico tener una Ley de Aula Segura que nos permita combatir a esos estudiantes que son delincuentes(…)”[4], “Estos eran terroristas que estaban causando el terror al interior del establecimiento” (…) “Yo apoyo a Carabineros en forma irrestricta, ellos estaban persiguiendo a un delincuente que estaba lanzando bombas molotov”[5]

La criminalización de la protesta social, una operación discursiva clásica de la derecha, adquiere un sentido particular cuando se trata de niños, niñas y adolescentes que ejercen el derecho a la protesta. La violencia estatal va de la mano necesariamente de la violencia simbólica. Aquella violencia que se canaliza discursivamente, y que, tal como plantea Bordieu, reproduce la posición de dependencia y obediencia hacia lxs adultxs. Una posición pasiva en la jerarquía de las clases de edad, donde la clase política les dice que son “realmente” (delincuentes, terroristas), en función de sus acciones (protestar, organizarse).

Otro ejemplo son las recientes declaraciones del ex ministro de Piñera, Teodoro Ribera, a propósito del caso de los adolescentes baleados por la policía en Talcahuano, comentando que hay que "hacer una diferencia entre los niños que están en situación de protección y los niños infractores de ley", y que los que requieren protección "son aquellos que no son infractores de ley", dado que el otro grupo "están privados de libertad" y no hay que "meter todos al mismo saco"[6].

Esta declaración –profundamente clasista, estigmatizadora y criminalizadora- da cuenta de lo que Donzelot llamó el complejo tutelar, el consiste en una visión particular de la infancia que está por fuera del sistema, representándola en dos aspectos: Por un lado, la infancia “en peligro”, aquella que no ha recibido los beneficios de la crianza y la educación, y por otro lado, la infancia “peligrosa”, la de la delincuencia.

En esa línea, tal como plantea Minicelli, el significante menor, para referirse a los niños, niñas y adolescentes institucionalizadxs, como ocurre en el SENAME que son categorizados y divididos en las áreas de protección (infancia en peligro) y responsabilidad penal adolescente (infancia peligrosa), es un discurso no sin efectos simbólicos y políticos: “La nominación de menor de edad implica la inscripción en el discurso jurídico que administra una legislación que pretende otorgar protección legal para esa franja de la sociedad. Sin embargo la paradoja se presenta cuando se confunde menor con niño, inscribiéndolo, en ese acto, en el discurso de la minoridad y desconociéndolo en su infancia. Me atrevo a pensar que donde hay menor no hay niñez, ni juego, ni lugar para la fantasía. No hay adulto que señale al niño que lo es”[7].

Es interesante esa hipótesis de Minicelli respecto a cómo el discurso de la minoridad ubica, justamente, en un lugar menor, a los niños, niñas y adolescentes que están por fuera del sistema, de los mandatos del mundo adulto. Es decir, aquellxs que se ubican por fuera de sus roles disciplinados de “buenxs” estudiantes e hijxs. En ese caso de habla de niños/as, pero cuando participan de protestas sociales y estudiantiles, o cuando están bajo la tutela del estado, pasan a ser menores. Desde esa representación, pareciera ser que la violencia institucional se redobla, encrudece, refuerza. El lugar de menor es equivalente a un lugar de objeto del mundo adulto. La violencia estatal que se expresa tanto que se ejerce al interior de los organismos dependientes del SENAME como la violencia policial son dos ejemplos de aquello.

De la mano de esto, me parece relevante situar dos coordenadas socio-históricas a tener en cuenta, pero que por razones de extensión no se profundizarán en este texto, quedando pendientes para futuros escritos.

La primera, de carácter histórica-política, tiene ver con la herencia pinochetista de la dictadura en nuestras instituciones, en relación al autoritarismo propiamente tal como forma de hacer lazo con el otro. Esto está más que constatado en instituciones como la familia, la escuela, SENAME, espacios donde se suelen desplegar lógicas y prácticas autoritarias de control, vigilancia y castigo hacia los cuerpos de los niños, niñas y adolescentes. Situaciones en las que, muchas veces, desde lxs adultxs, no hay intermediación de la palabra en ese encuentro, predominando los pasajes al acto (o acting out) en su versión agresiva.

La segunda es de carácter sociocultural, en lo que respecta al sistema adultocéntrico. El adultocentrismo entendido como un sistema de dominación que promueve y reproduce un modo organización social de las relaciones intergeneracionales basadas en la subordinación y dependencia de las infancias y adolescencias hacia el mundo adulto, en la esfera tanto privada como pública.  La “minoría” de edad es justificativo para el ejercicio de la violencia adultocéntrica, ya sea en su versión autoritaria o paternalista.

A modo de hipótesis, estos dos fenómenos articulados a nivel del Estado, contribuyen en el actuar represivo estatal hacia este grupo etario en particular en el campo social. No es casualidad en ese sentido que lxs adolescentes y jóvenes sean lxs más golpeadxs (literalmente) en las marchas por parte de la policía y perseguidxs por la justicia. Se pone de manifiesto una represión política direccionada, calculada, pensada particularmente hacia lxs adolescentes que se rebelan contra el sistema capitalista-adultocéntrico.  

Pero frente a toda represión, como siempre, habrá resistencia, siendo el protagonismo infanto-juvenil de lxs estudiantes secundarios y secundarias, la acción colectiva, la participación en la esfera pública, el modo más efectivo de contrarrestar tanto la represión policial como el disciplinamiento adultocéntrico que intenta mantenerlos en un lugar de subordinación, relegados al rol de “buenxs” (dependientes, pasivos, sumisos) estudiantes e hijxs.

 

[2] Ibíd.

[3] En este escrito se hace extensiva la tesis de la infancia en tanto significante, a la adolescencia y juventud.

[7] Minnicelli, M. (2004) Infancias Públicas. No hay Derecho.

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