La implantación del modelo de desarrollo económico y sus políticas neoliberales que mercantilizaron los derechos sociales, económicos y las relaciones sociales ambientales ha permitido la acumulación de capital por despojo a todo nivel de los seres vivos (vida humana, flora, fauna) y territoriales, como resultado de una insaciable extracción de los recursos naturales provocando conflictos sociales, degradación ambiental, escasez hídrica con aumentos en la desertificación, zonas de sacrificio, que ha llevado al país no solo a una crisis del modelo de crecimiento económico, sino también, etnopolítico por la reivindicación de los derechos territorios ancestrales.

Al buscar las raíces de este despojo de los territorios del centro sur debemos remontarnos a la colonia y a los parlamentos o Koyang[1] entre los pueblos indígenas (Mapuche) y la Corona española siendo uno de los más relevante el tratado de QUILLIN de 1641, su importancia radica en el “...reconocimiento que el Rey Felipe VI le otorga por Real Cédula del 29 de abril de 1643, aprobando las paces de Quillin. Publicado en la “Gran colección de Tratados de Paz”, que otorga el reconocimiento internacional que realiza la Corona de España hacia una nación independiente” (Contreras Painemal, 2010:29)[2]. Cabe destacar dicho Parlamento dado que da el reconocimiento de Nación Mapuche a los indígenas y por ende a su territorialidad. Pero, también es importante señalar que, producida la independencia de la nación chilena, Siglo XIX, surge a pocas décadas un discurso racista y denigrante hacia la nación Mapuche prevaleciendo un nuevo paradigma de la civilización occidental europeísta despreciando el indigenismo, con una aristocracia y élite económica con intereses en las riquezas naturales de la Nación Mapuche. Por otra parte, si bien, en el Tratado de Tapihue (7 de enero de 1825) la república chilena reconoce la Nación Mapuche cuya frontera se inicia desde el río Biobío al sur, también, se refuerza entre los criollos hispanos (independentistas) el paradigma evolucionista o nueva forma de mirar el mundo desde una perspectiva del progreso, y, la civilización sitúa a “la república como el estado superior de la evolución, lo que se transformará en una rígida frontera de inclusión y exclusión. De aquí surgirá entonces, la noción de barbarie, esta noción estará presente en las mentes de aquellos, que estarán proyectando y pensando en cómo construir la república y estarán actuando bajo este nuevo sistema de verdades” (Contreras Painemal; 210:29), apartándose del legado heroico histórico del pueblo Mapuche.

Este trato indigno, deshumanizante y racista expresado en el discurso permitió a la aristocracia y oligarquía chilena quitar y robar al Mapuche sus territorios, aprobando leyes que representan el despojo a partir del año 1866 hasta llegar a la militarización e invasión del Wallmapu en 1868 que da inicio a una de las guerras más crueles de la república, la pacificación de la Araucanía, finalizada en 1881 con la conquista por ese mal habido ejército chileno triunfante en la guerra del pacífico defendiendo intereses foráneos y de una élite criolla. Esa misma que en el discurso de Benjamín Vicuña Mackenna de 1868 señalaba: “el indio no era sino un bruto indomable, enemigo de la civilización, porque solo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje”[3], y, que hoy, mantiene intacto su lenguaje no descolonizado para seguir matando y diezmando la sociedad Mapuche por el imperio de la ley a favor del extractivismo contrarias al reconocimiento de la autonomía Mapuche.

Desde esta pincelada histórica entenderemos cómo los patriotas independentistas y los poderes de la oligarquía chilena (política, económica y de la prensa) han creado una realidad e historia del pueblo Mapuche que se conserva de este sector hasta nuestros días conformando las bases ideológicas que justifican el exterminio, la invasión, el robo y el despojo territorial por parte de la república al pueblo Mapuche, y, que lamentablemente aún en la sociedad chilena persiste una retórica colonial como lo describe Contreras Painemal (2010, p.40): “...al hablar hoy de los pueblos indígenas, emerge la retórica (herencia colonial) que los sitúa como los hermanos menores, como, por ejemplo, al referirse de religión se hablará de creencias; de arte como artesanía; de filosofía como cosmovisión y de la sociedad Mapuche como cultura”.

Al respecto resulta importante reflexionar sobre lo que ha significado el extractivismo como modelo de crecimiento económico acentuado desde 1973 y profundizado desde los gobiernos posdictatoriales. En este punto se buscará relacionar los afanes del acaparamiento de tierras con la llamada economía verde. Entenderemos por acaparamiento de tierra el control de extensiones de tierra más grandes que lo normal a través de la titularidad, arrendamiento, concesión, contratos, cuotas por personas, entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, por medios legales o ilegales, con fines especulativos, de extracción, de control de recursos o mercantilización, a costa de los campesinos, de la agro ecología, de la soberanía alimentaria y de los derechos humanos[4]. Una definición que nos grafica la vida diaria de las zonas del centro sur del país, me refiero a las plantaciones forestales, extractivismo del sector primario sin valor agregado, y a los pueblos originarios vulnerados por las políticas coloniales de despojo desde los albores de la república. Por otra parte, la economía verde que pretende llevar a cabo los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU), bajo el sello de un crecimiento económico verde surgido por la crisis de 2008 y popularizado en la cumbre de Rio+20 (2012) que consiste en un nuevo discurso sumado el consenso de “crecimiento verde”. En teoría, el fin del crecimiento verde consiste en reconciliar el aumento del crecimiento económico y el lucro privado con el deterioro socio ecológico que causa, buscando desacoplar el crecimiento económico de sus consecuencias negativas[5].

Entonces, podemos decir que Chile y su razón de ser descansa en el extractivismo colonial caracterizado por el despojo territorial (bosques nativos) de los pueblos indígenas que ha ido evolucionando y sofisticando su producción en función de los procesos históricos, la política y la economía dependiente del gran capital nacional y la inversión extranjera. Que sumado al desarrollo de nuevas tecnologías y a la financiarización de la economía ha dado paso a un nuevo nivel en la evolución del neo extractivismo caracterizado por la apropiación de zonas de la naturaleza con fines rentistas y de exportación cuyos procesos productivos aplican una nula aportación de valor agregado, es decir, las venas abiertas del país siguen desangrándose por regulaciones de una clase política funcional a las directrices de instituciones internacionales y nacionales. Por lo tanto, este neo extractivismo con sello verde no es más que la continuidad del despojo del control de tierras ancestrales y de sus recursos naturales que la habitan con objetivos especulativos y de comercio internacional.

Ocasionando una catástrofe ambiental por la degradación del ecosistema y su biodiversidad, como consecuencia de una discriminada acción extractivista e indolente a las diversas formas de vida y filosofía de los pueblos originarios y de los poblados cercanos a este tipo de extractivismo, que se ha profundizado a partir de la década de los setenta afectando las relaciones humanas medio ambientales como por ejemplo, la escasez hídrica por la absorción de las napas subterráneas y las mal llamadas zonas de sacrificio o externalidades negativas del crecimiento económico y del insaciable afán de lucro, tienen su origen en la apropiación de suelos en vastos territorios del Wallmapu (zona centro sur) utilizado por las plantaciones y reforestaciones de monocultivos como el eucaliptus y el pino (gráfico 1).

Gráfico 1. Superficie acumulada de plantas forestales por región (hectáreas), 2018  

Fuente: Instituto Forestal, 2020.

Esta apropiación de suelos por despojo de las grandes capitales transnacionales chilenas y extranjeras: Arauco; CMPC y Masisa[6], que controlan el sector y por ende las exportaciones que satisfacen la demanda principalmente de China, Estados Unidos y Japón, entre otros, representaron un valor total en US$ FOB de 5.662 millones, de los cuales 32,3% se exporto a China, 16,8% a Estados Unidos y 6,7% a Japón, de acuerdo a reportes del Instituto Forestal 2020 para el año 2019, ha sido clave en el fortalecimiento y crecimiento de estos monstruos oligopólicos que llevan marcado el sello de la impunidad pinochetista y de los gobiernos de la concertación y nueva mayoría.

Que obedece a políticas públicas neoliberales que han privilegiado este tipo de inversiones y el crecimiento del sector forestal, aprobando normativas como el Decreto Ley DL 701/1974 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) bajo la dirección de Julio Ponce Lerou[7]. Dicho DL ha otorgado desde los años 1974 a 1996 subsidios del 75% de la inversión inicial a la forestación y reforestación en especies exóticas de rápido crecimiento, el que ha presentado sucesivas prórrogas: 2010, 2012, 2018[8]. Pese a lo expuesto, la CONAF en su página web informa de la extinción de dicho decreto: “Cabe señalar con fecha 31 de diciembre de 2012 expiró la vigencia del sistema de incentivosque contempla el artículo 12º del Decreto Ley N.º 701, de 1974, razón por la cual las forestaciones y otras actividades bonificables que se realicen a partir del 1° de enero de 2013 no serán susceptibles de bonificarse, de acuerdo a la normativa actualmente vigente”. Nos queda claro que las fechas informadas no coinciden, entonces, ¿por qué CONAF entrega información aparentemente desactualizada?, ¿qué oscuro engaño se ha tejido entre enero de 2013 a diciembre 2018?, ¿será que han existido y existen bonificaciones e incentivos retroactivos con un decreto no vigente?. Esto es grave porque son transferencias de la sociedad chilena a grupos económicos forestales con una opacidad y falta de transparencia que no se condice con un Estado democrático.

Al respecto, podemos decir que Chile es un país tan contradictorio en la política económica, que al definirse en la Constitución de 1980 como un Estado subsidiario desentendiéndose de su rol histórico en la provisión de derechos sociales transformándolos en bienes de consumo (mercancía), como ocurre con la actual gestión de la pandemia donde las ayudas sociales y económicas siguen siendo insuficientes, y, por otra parte, la entrega de bonificaciones forestales y beneficios tributarios al gran capital, favoreciendo la actividad forestal, el salvataje y la solidaridad a las actividades del primer sector que garanticen la extracción, como, por ejemplo, el Proyecto Mapa de Forestal Arauco, que no ha dejado de producir desde la llegada de la pandemia, ¿seguramente será una actividad esencial?.

No cabe duda de que este tipo de políticas (capitalista extractivista) aplicadas desde la poscolonia y su relación con el escudo republicano “Por la razón o la fuerza” identifica a una clase oligárquica que ha impuesto su verdad y poder de fuego  en contra del pueblo Mapuche y mestizo.

[1] Los tratados que la sociedad mapuche llevó a cabo con la Corona de España, la república de Chile y la república de Argentina son la resultante de un “proceso dialéctico” desarrollado entre sociedades en guerra, dicho proceso facilitó la creación de un espacio de negociaciones etnopolíticas que se desarrollaron durante tres siglos, y que los mapuches, desde tiempos inmemoriales denominaban “Koyang”. Aquí se encontrará el espacio donde se desarrollará la política y donde se tomarán las grandes decisiones, que afectarán al pueblo-nación mapuche, cuya característica principal será ser, “una sociedad sin estado” (Contreras Painemal, p.9).

[2] Carlos Contreras Painemal, “Los tratados celebrados por los Mapuches con la Corona Española, la República de Chile y la República de Argentina”, 16 de diciembre de 2010.

[3] Columna de Felipe Portales “El mercurio provocó el genocidio mapuche”, 11 de agosto de 2020. El Clarin.

[4] Acaparamiento de tierra, definición de la European coordination vía campesina.

[5] Alejandro Mora-Motta, “Plantaciones forestales en Chile: ¿hacia un modelo más sustentable?”, 2018.

[6] Arauco, grupo económico Angelini; Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), grupo económico Matte; Masisa, grupo Nueva de Stephan Schmidheiny.

[7] Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet. Posee una de las fortunas más grandes del país (Forbes). Controlador de SOQUIMICH, investigado por el financiamiento ilegal a la política y el escándalo caso cascadas con multa de 1.700 UF, cerca de US$70.000 millones (2014), por la cual la corte suprema aplico una rebaja debiendo pagar US$3 millones (2020).

[8] Cámara de diputados: Comisión de Agricultura aprobó extender hasta 2018 la aplicación del DL 701 sobre fomento forestal, 15 de julio de 2015.