Publicado Octubre 17, 2020
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Columna publicada también en Revista Abril

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Chile: ¿Tiempos de perdonazos ¿¿Qué es una acusación constitucional? ¿y qué pasó con la acusación al exministro de salud?

Recordado por sus frases polémicas, por su soberbia frente a las advertencias de los profesionales de la salud y por su férrea oposición a la cuarentena total en marzo 2020, el exministro de salud chileno estuvo en primera plana informativa prácticamente toda la semana, por la acusación constitucional parlamentaria y el juicio en su contra por presuntas irregularidades y delitos en el manejo de la pandemia. A un año de la revuelta popular de octubre 2019, a las puertas del plebiscito constitucional del 25 de octubre, la figura de Jaime Mañalich nos permite tomarle el pulso a la situación política actual de Chile, y repasar la importancia de la acusación constitucional en estos contextos de crisis política.   

 

El 13 de junio 2020, tras un año a la cabeza del Ministerio de Salud (Minsal), Jaime Mañalich tuvo finalmente que renunciar ante una avalancha de críticas por su balance epidemiológico poco esperanzador y por la denuncia de un medio de prensa investigativa (CIPER), que reveló que el Minsal manejaba distintas cifras de los fallecidos por covid, acusando al ministro de salud de mentirle a los chilenos.  Efectivamente, fue el periodista Nicolás Sepúlveda quien reveló que el Minsal estaba reportando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un número más amplio de decesos por Covid-19 que el informado diariamente a la ciudadanía en los reportes televisivos. Pocos días después de su renuncia como Ministro de salud, el 3° Juzgado de Garantía declaró admisible la acción judicial contra Jaime Mañalich, interpuesta por Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, quien lo acusa de negligencia, cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio a 62 vecinos fallecidos de covid en la comuna de Recoleta. La querella presentada por el alcalde responsabiliza no sólo a Mañalich, sino también al presidente de la república Sebastián Piñera, por “adopción de estrategias bajo premisas erróneas desde el comienzo de esta emergencia sanitaria y la no adopción de medidas concretas, pese a todas las opiniones y consejos de organismos técnicos”. El 30 de septiembre, el alcalde amplió la querella para acusar a las autoridades de diseminación imprudente de gérmenes patógenos y de falsificación ideológica de instrumento público.  Recordemos que en junio de este año, al momento de dimitir el ministro Mañalich, Chile contabilizaba 3.100 fallecidos por covid; y había alcanzado el pic de contagios y de positividad, con hospitales, urgencias y centro de salud saturados, en  un país militarizado y bajo estricta cuarentena. Por esas razones, y más específicamente por muertes atribuidas a Covid19 en la región del Biobío, en junio también se querelló el senador Alejandro Navarro en contra del exministro. En septiembre, Navarro solicitó a la Fiscalía la incautación de correos del Minsal. El asunto llegó hasta la Corte Suprema, por oponerse la parte acusada a entregar los correos al Ministerio Público.  Imagen eliminada.Gráfico realizado por Alberto Cajero, editor de Revista Abril, en base a información revelada  por CIPER. Fuente.

En el marco de la investigación, acceder a los correos del Minsal permitirá esclarecer los puntos con respecto a la presunta negligencia y responsabilidad de las autoridades, y averiguar de paso si hubo manipulación de cifras oficiales. Pero fue bajo el argumento que se trata de una diligencia intrusiva, infundada, que atenta a la seguridad nacional -por tratarse de información clasificada-, que el Presidente Sebastián Piñera solicitó a la Corte Suprema rechazar la solicitud de Fiscalía para acceder a los correos electrónicos. El jueves 15 de octubre pasado, la segunda sala de la Corte Suprema declaró admisible el acceso parcial a los correos, restringiendo su contenido al acoger los argumentos con respecto a la información considerada de “seguridad nacional” (interpretado por las autoridades como todo lo que concierne la compra de insumos y todo lo relativo a las fuerzas del orden). Este fallo de la Corte dejó bastante perplejo y generó una oleada de críticas: no se entiende por qué el Ministerio de salud mantiene información clasificada en el marco de esta pandemia, dado que tiene una responsabilidad política y cívica con la población, y más extraño aún es saber que manejan información que compromete a las fuerzas del orden. Lo más insólito es que el Tribunal dejó a discreción del acusado la discriminación de los correos a presentarse ante la Fiscalía. Pero a estas alturas ya nada sorprende al chileno.

Y es que la Corte Suprema va brincando de polémica en polémica: la semana pasada, fue muy cuestionada por su fallo a favor del empresario Ponce Lerou, reduciendo la multa de US$62 millones a US$3 millones y eso, a pesar de que el imputado fuera declarado culpable por ser el “ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas”, dejandoles una utilidad fraudulenta de US$ 128 millones. Para Ivan Weissman, periodista y subdirector editorial del medio digital El Mostrador, hubo un claro conflicto de interés en la presencia de tres miembros de esa sala que estaban, por sus trayectorias personales y profesionales, vinculados a Ponce Lerou. Estos fallos abonan a la percepción negativa que los chilenos tienen de sus instituciones, tomando en cuenta que todos los focos apuntan a un gobierno actualmente sobre la cuerda floja, acechado por querellas, comisiones de investigación y acusaciones constitucionales. A un año del 18 de octubre, los fallos de la Corte Suprema revelan que en Chile las cosas no han cambiado verdaderamente. Uno de los reclamos más álgidos de la población es la consolidación de un Estado de derecho, garantizado por una justicia imparcial que ponga fin a la impunidad en el país.

¿Qué pasó con la Acusación Constitucional?

El martes 13 de octubre, la oposición en la cámara de diputados se encontraba bastante optimista ante la perspectiva de que fuera aprobada la acusación constitucional en contra de Mañalich. La acusación había sido firmada el 13 de septiembre, lo que dio a la oposición suficiente tiempo para cabildear a favor de la acusación. Por eso, muchos diputados de oposición tenían la convicción de contar con una mayoría de 83 votos, aunque sólo se necesitaban 78 diputados (mayoría simple), para despachar la acusación al Senado encargado de dictar sentencia. Pero antes de hablar del resultado, repasemos lo que es una acusación constitucional en Chile. En este caso preciso, la acusación busca establecer la responsabilidad política de Mañalich cuando era ministro, por haber puesto en riesgo la salud de la población, por ocultamiento de datos y falta de probidad durante el manejo de la pandemia.

En Chile, la figura de la acusación constitucional es considerada un proceso político en el que se fiscaliza a las autoridades del país, y ha estado presente en todos las Constituciones chilenas desde 1828. La acusación constitucional equivale a un proceso que busca la responsabilización y el ostracismo político en contra de una autoridad que pudiera ser acusada y declarada culpable por faltas constitucionales por el Congreso. Vale la pena resaltar, como bien lo indica el penalista Luis Alejandro Silva Irarrázaval, autor del artículo Acusación constitucional y garantía política de la supremacía constitucional, que en “la concepción dominante, [se] enfatiza la naturaleza jurídico-normativa de la Constitución y, consecuentemente, [se] atribuye a los órganos jurisdiccionales la responsabilidad de su garantía última”. En cambio, con la acusación constitucional, “se resalta la naturaleza política de la Constitución y, por consiguiente, la necesidad de un guardián político de la supremacía constitucional”[1].

La figura de la acusación constitucional, de naturaleza jurídico-política, ha estado presente en las Constituciones de 1828, 1833, 1925. Hoy está presente en la Constitución de 1980, aunque por razones de dictadura militar, sólo se empezó a usar a partir de 1991. A través de las Constituciones, lo que ha variado son los requisitos, el alcance y el plazo para presentar la Acusación. Pero no ha cambiado su carácter político, fiscalizador, y el rol de juez asumido por el Senado de la República. En la historia de Chile ha habido cerca de 100 acusaciones constitucionales, y el periodo histórico que más acusaciones sumó fue la presidencia de Salvador Allende. Por eso, podríamos considerar este tipo de procesos como un buen indicador del nivel de crisis política que atraviesa la nación. Desde 2018, el actual gobierno de Piñera suma nueve acusaciones constitucionales, la última -actualmente en comisión parlamentaria- en contra del ministro del interior Víctor Pérez .

De todas las acusaciones constitucionales bajo la presidencia de Piñera, la única que prosperó fue la que se instruyó en contra del exministro de interior Andrés Chadwick, declarado culpable el 11 de diciembre 2019. Por 23 votos contra 18, el Senado lo consideró políticamente responsable por el actuar excesivamente represivo de las fuerzas del orden, por la militarización del país y por las violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.

Brevemente, ¿cómo se procede a una acusación constitucional bajo la Constitución de 1980?[2]

El procedimiento inicia por una acusación firmada por un número mínimo de diez diputados y que puede ser presentada aún estando el acusado en funciones (como es el caso con el actual ministro Víctor Pérez). Una vez interpuesta la acusación, la cámara de diputados escoge al azar a 5 diputados para integrar una comisión encargada de evaluar y pronunciarse sobre la acusación. El día de la votación en la cámara de diputados, parte la acusación exponiendo. Entonces, la defensa del acusado tiene derecho a deducir la cuestión previa, es decir, tiene derecho a declarar formalmente que la acusación no cumple con los requisitos que la constitución política exige y debe ser rechazada. La cuestión previa se resuelve por mayoría de diputados después de oír las exposiciones de la comisión informante. Si la cámara acoge la cuestión previa, la acusación se tiene por no interpuesta; pero si la cámara rechaza la cuestión previa, entonces los diputados acusadores retoman sus exposiciones. Por último, se procede a votar a favor o en contra de la acusación.

Si se aprueba, se destituye al acusado (en caso de estar ejerciendo un cargo público) y la acusación pasa al Senado que resuelve por mayoría simple. El Senado se limita a declarar si el acusado es culpable o inocente. El funcionario que sea declarado culpable será destituido de su cargo y no podrá desempeñar ningún cargo público (de elección popular o no) por un periodo de 5 años. Se trata de una deshonra republicana acompañada de una inhabilitación ciudadana parcial y provisoria, que tiene como antepasado menos violento y más común el destierro Los franceses tienen una expresión para describir ese periodo de ostracismo republicano en el que caen los políticos inhabilitados constitucionalmente, políticos que como en un cuadro Rococó uno se imagina sufriendo dignamente por no poder participar en la cuestión pública. A esa etapa provisoria le llaman “la travesía por el desierto”. Y aunque tal vez a usted le parezca un tanto moderado y ridículo como sanción, por no conllevar consecuencias penales, puede considerarse como un primer paso hacia una acusación penal en contra de las autoridades, por ejemplo, si se tratase de corrupción, traición a la patria, violaciones a los derechos humanos y otros crímenes. Sin embargo, el mismo caso de Mañalich nos instruye que una acusación es totalmente independiente de la otra. 

La acusación constitucional que no fue

Según varios diputados de oposición, eran 83 diputados a favor de la Acusación. Se esperaba la presentación de la cuestión previa por parte de la defensa del exministro, lo que hubiera permitido la exposición, por parte de la Comisión encargada, de las razones y fundamentos que validan o invalidan la Acusación. Sin embargo, el abogado Gabriel Zaliasnik, anunció que el exministro no usaría la cuestión previa, reconociendo la constitucionalidad de la acusación. Sin cuestión previa no hay exposición de la comisión encargada, lo que acorta considerablemente la sesión.

Al tomar la palabra, el exministro Mañalich argumentó que: “respeta enormemente la acusación constitucional como mecanismo de control del accionar del poder ejecutivo (...)”. Respecto a la responsabilidad que le tocó asumir, declaró que, como esa vez donde actuó para mantener con vida a los 33 mineros atrapados en San José, esta vez también “hubo que inventar todo, todo, porque no había nada escrito sobre lo que nos pudiéramos mover. Y esa es la situación hoy”, agregó, antes de enumerar preguntas formuladas como dudas; pero muchas de las que enunció ya han sido resueltas por la OMS.

El exministro también aprovechó para burlar a sus detractores pro-cuarentena estricta y apuntó al caso argentino. No olvidemos que Alberto Fernández fue uno de los primeros mandatarios latinoamericanos en cerrar fronteras y decretar cuarentena estricta en todo el país, una disposición juzgada muy drástica por Mañalich en ese entonces. El mandatario argentino, en sus exposiciones televisivas en las que justificaba sus medidas, solía usar a Chile como el país ejemplo de lo “que no había que hacer”, por causa del pic de contagios y fallecidos diarios que sufría entonces el país. Hoy las situaciones se invirtieron, y Argentina se encuentra en su pico de contagios. El actual ministro de salud Enrique Paris, ha señalado que fue gracias a las políticas de su antecesor que se logró contener la propagación del virus. En efecto, la tasa de contagios comenzó a descender poco después de la renuncia de Mañalich, a finales de junio pasado. Sin embargo, lo que se le reprocha al exministro no es de no haber actuado, sino de haber actuado tarde.

Por último, el exministro sacó su lado más humilde y pidió disculpas: “ciertamente he cometido errores y he ofendido durante mi trabajo, y lamento que eso haya ocurrido (...), y pienso especialmente en los alcaldes y las alcaldesas, (...) pienso en la alcaldesa Cathy Barriga, a la que yo traté duramente en su momento (...), al alcalde Carter, al alcalde Codina”, antes de concluir “pidiendo sinceras disculpas por aquellos malos ratos a esas personas”. El fin de su intervención fue acompañado con aplausos a su favor.  Pero claro, en sus disculpas el exministro Mañalich no nombró al alcalde Daniel Jadue, ni habló de las querellas en su contra, tampoco dijo nada respecto a su soberbia, al haber rechazado las cuarentenas totales exigidas por 56 alcaldes de Chile (de todas las bancadas, incluso oficialistas), no dijo nada por haber hecho oídos sordos ante las exigencias de implementar mejores formas de trazabilidad para los contagiados, que fue una exigencia de la mesa social del Covid. El exministro no dijo nada con respeto a su forma despectiva de proceder en la toma de decisiones y tampoco se refirió a la doble contabilidad en la cifra de fallecidos que le costó el cargo.

[https://youtu.be/bIC2vZAwEwo]

Defensa de Jaime Mañalich en su acusación constitucional

Finalmente, el exministro Mañalich logró salir con la frente en alto de esta acusación: con 71 votos a favor y 73 votos en contra, la acusación fue rechazada por la Cámara. Lo que más causó revuelo fueron las 7 abstenciones: eran las que hacían falta para alcanzar los 78 votos necesarios. ¿Como pudo escapársele a la oposición la posición de siete diputados en un momento tan crucial? Por cierto, los que se abstuvieron son casi todos de largas trayectorias políticas, como Jaime Tohá, último ministro de agricultura bajo Allende. Pero lo que demostró esta acusación constitucional es que no existe una oposición, existen oposiciones, y aunque eso pueda ser considerado un rasgo democrático bastante loable, a una semana del plebiscito puede ser visto como una verdadera debilidad. La oposición no ha sabido construir un muro de contención que el gobierno fuera incapaz de tumbar. O sea que está por abrirse un periodo constituyente sin que la oposición haya sido capaz de mostrarse implacable frente a los abusos de autoridad y las graves faltas políticas del gobierno en el contexto de la crisis sanitaria. ¿Será que las violaciones a los derechos humanos van a continuar también durante el proceso constituyente.

Lo positivo del caso es la cantidad de artículos refrescándonos la memoria sobre los “excesos” del exministro. Desde el fracaso de las cuarentenas dinámicas, pasando por los ventiladores anunciados que no habían sido comprados, al pasaporte sanitario como medida inaplicable, los problemas de los servidores de comisaría virtual para pedir permisos temporales, las filas interminables para cobrar los seguros de cesantía, los transportes públicos llenos en plena crisis sanitaria, los abusos de ciertas empresas que se declararon fraudulentamente como esenciales, y tantos, tantos episodios más, hasta llegar al que más indigna hoy, el que formula la epidemióloga Andrea Albagli quien acusa al Minsal de manipulación de datos. A una semana del plebiscito, este pueblo no puede permitirse el no tener memoria sobre todo lo que ha pasado en un año.

CONCLUSIÓN

El controversial fallo de la Corte con respecto al caso Mañalich cae dos días después de que fuera desechada la Acusación Constitucional por la cámara de diputados. Por causa, por un lado se consolida la percepción de que prevalece la impunidad para las autoridades chilenas, por otro lado, esta derrota de la oposición revela que a un año de la revuelta social, no se ha construido un bloque opositor fuerte en torno a un proyecto común, que pudiera acelerar las transformaciones a la actual Constitución, orientar, sugerir o indicar con actos a los futuros candidatos constituyentes lo que funciona y lo que no, lo que falta y lo que hay que evitar.

El 8 de octubre pasado, la oposición ingresó la acusación constitucional en contra de Víctor Pérez, que busca establecer la responsabilidad política del ministro por no haber aplicado el principio de “igualdad ante la ley” en el marco del paro de camioneros, y por no haber ejercido el control jerárquico sobre Carabineros, posibilitando violaciones a los derechos humanos como la que ocurrió recientemente, cuando un joven manifestante de 16 años de edad fue arrojado desde un puente al río Mapocho por un carabinero. Víctor Pérez deberá responder por el actuar esproporcionadamente violento de las fuerzas del orden, en el caso de las manifestaciones en contra del gobierno, y deberá justificar el trato diferencial del que beneficiaron los camioneros en paro, que bloquearon rutas en plena crisis sanitaria mientras eran custodiados por fuerzas policiales.

El martes 13 de octubre, el mismo día en que se rechazó la acusación constitucional a Mañalich, quedó conformada por sorteo la comisión que revisará la acusación constitucional contra Víctor Pérez. La comisión quedó conformada por una mayoría opositora pero moderada. A una semana del plebiscito constitucional, y ante la percepción de que las cosas han avanzado lentamente, esta acusación parece ser la última oportunidad para la oposición de probar que, con esta nueva etapa constituyente, también está por abrirse una etapa en la historia política del país en el que no se tolerarán más la impunidad ni las violaciones a los derechos humanos en Chile.  ¿Lograrán alcanzar los 78 votos esta vez?

[1] Gracias a la Acusación Constitucional, el Congreso es un intérprete supremo de la Constitución: “la interpretación de la causal del artículo 52 Nº 2 de la Constitución, articulada por la Cámara de Diputados y el Senado a través de la acusación constitucional, es la última palabra acerca del sentido y alcance de dicho texto”.

[2] La regulación detallada del procedimiento se encuentra en la ley N° 18.918, Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cuyo título IV se llama «Tramitación de las acusaciones constitucionales»