COLOMBIA: manifestaciones e institucionalidad democrática agotada

Publicado Mayo 04, 2021
COLOMBIA: manifestaciones e institucionalidad democrática agotada
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Desde el 28 de abril (y en momentos en que escribo esta nota), las manifestaciones de la sociedad civil colombiana en contra del proyecto de Reforma Tributaria (la décima en 7 años y la segunda en el gobierno de Duque) que buscaba -como siempre- gravar con impuestos a las clases más golpeadas con las crisis, es decir, a los asalariados y a los más de 55% de informales que se rebuscan la vida en las principales ciudades del país.

En Colombia las instituciones democráticas han sido debilitadas por la corrupción y por la gestión del Estado como si se tratara de una hacienda propiedad de unos pocos, que ven a los ciudadanos como los jornaleros de la plantación. Esta metáfora no es original, de hecho, es frecuentemente usada por los medios de comunicación alternativos e independiente y por la propia oposición política.

En la gran Hacienda colombiana en los años ochenta, a la sombra de la violencia armada ilegal guerrillera que ya azotaba a las poblaciones colombianas, surgió esa otra violencia del narco tráfico, la cual penetro y termino por corromper -con sus dólares fáciles- todas las esferas de la política local, regional y nacional. Hacia finales de los 90’s ya se hablaba de Colombia como un “Narco Estado[1]. Pero la acumulación de violencia armadas y políticas, no se agotó ahí, a ella se sumaron las violencias de los paramilitares de los 2000, quienes asociados a los Narco y los parapolíticos, terminaron por sembrar durablemente el terror en regiones enteras del país[2].

Es en este contexto en el cual las nuevas generaciones despiertan a su vida de jóvenes adulto(a)s, en medio de una epidemia sanitaria generalizada, unas crisis económica, sanitaria y política. Desde el 28 de abril (y en momentos en que escribo esta nota), las manifestaciones de la sociedad civil colombiana en contra del proyecto de Reforma Tributaria (la décima en 7 años y la segunda en el gobierno de Duque)[3] que buscaba -como siempre- gravar con impuestos a las clases más golpeadas con las crisis, es decir, a los asalariados y a los más de 55% de informales que se rebuscan la vida en las principales ciudades del país.

Las manifestaciones en contra de la Reforma Tributaria no solo han encontrado eco en las principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) sino también en las zonas más periféricas del país y en la diáspora colombiana en las cuatro esquinas del planeta. Tras cinco días de protestas, las movilizaciones dejan una victoria agridulce: si bien el gobierno de Duque dio marcha atrás este 2 de mayo, retirando el proyecto de su Reforma Tributaria, lo que represento una clara victoria para los ciudadanos que protestan. No obstante, en las redes sociales circulan datos de un saldo de por lo menos unas diez personas muertas, y decenas de detenidos. Las ONG tramitan denuncias por violencia abusiva cometidas por agentes del Estado, así como por desaparición, que seguramente serán denunciadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lo ocurrido en Colombia en los últimos días (junto a las protestas del 15 de septiembre de 2020 y las más de 17 manifestaciones del año 2019) pone de nuevo de relieve la crisis institucional y política de este país, gobernado por hombres y mujeres que se resisten a entender que están para servir el interés general y que sus puestos si son revocable si ellos y ellas muestran incapacidad de gestión y de empatía con sus electores. En este sentido se puede decir que en Colombia la institucionalidad democrática se agotó́, en la medida en que se agotó́ la confianza.

No hay confianza entre el elector primario (los y las ciudadanas) y las instituciones estatales policiacas, militares, de la defensoría y de la fiscalía. El proceso de deterioro viene de lejos y se ha consumado. Muchas de las causas de este hecho ya han sido expuestas por centros de investigaciones, organismos nacionales e internacionales de DDHH y por la propia sociedad civil, pero citemos algunos:

1) Imagen eliminada.la corrupción que campea a lo ancho y largo de las administraciones públicas, ministerios e incluso presidencia;

2) Imagen eliminada.los altos niveles de impunidad en la aplicación de justicia que deja al descubierto que el sistema judicial no está́ garantizando el cumplimiento de su mandato principal “la adecuada e imparcial aplicación de la justicia de forma esquiable, rápida y eficaz”

3) Imagen eliminada.las violencias contra mujeres, poblaciones negras, indígenas y ciudadanos en general que, a fuerza de repetirse de forma sistemática y persistente, terminan “naturalizadas”;

4) Imagen eliminada.la pobreza en el cubrimiento de estos hechos por parte de órganos informativos oficiales (prensa, radio, TV) que renunciaron al periodismo de investigación para convertirse en cajas de resonancia de rumores y de impresiones de la calle o de los pasillos ministeriales. A lo que se suma los órganos alternativos (blog, influencers…) muchos de los cuales despliegan sus “análisis” desde las vísceras y de manera no menos maniquea.

5) Imagen eliminada.la desinformación que reina, nutrida por todos lados y bandos, en la cual se pescan como en rio revuelto… Etc., Etc.…

La lista es grande y podría quedarme minutos en ella. ¡Lo que al final es evidente es que las instituciones democráticas están agotadas! El principio del contrato o pacto social sobre el cual reposa la construcción de un Estado-nación, está gravemente agrietado. Recordemos algo básico de la teoría política: la razón por la cual una comunidad nacional (los ciudadanos de un país) delega el uso de la fuerza a la institución militar y policiaca, esta fundado en la confianza en que estas no apuntaran las armas en contra de la propia comunidad. La confianza en que la institución militar y policiaca defiendé la integridad de los y las ciudadanas.

En Colombia, esa confianza se agotó́. No se puede negar que una parte importante de la población descree. La razón de este desasosiego e indignación la cristalizan los abusos persistentes (violaciones, agresiones, arrestos violentos injustificados, arrestos que terminan con la muerte del detenido ...etc.) protagonizados por agentes del cuerpo de orden policiaco y militar del país.  Los hombres y mujeres que están al frente de los ministerios de gobierno, quienes toman decisiones a nivel de asamblea nacional y a quien dirige el ejecutivo de Colombia, no pueden seguir haciendo la política del avestruz. De seguir en esa línea, se perfilan condiciones sociales que pueden terminar en dos escenarios posibles:

Imagen eliminada. En el “mejor” de los escenarios, una generalización de movilizaciones de desobediencia civil a lo largo y ancho del país. Pues otras batallas se preparan, para muestra dos botones: una reforma al sistema de cobertura en salud(proyecto de ley 010 de 2021) que precariza el acceso a los servicios; una reforma pensional que deja mal parados a todos los asalariados.

La legitima expresión de los ciudadanos llegarán con su cota de protestas y enfrentamientos físicos con las “fuerzas de orden público” y lamentablemente habrán más muerto(a)s y desaparecido(a)s.

En el 2022, tendremos unas elecciones parlamentarias y presidenciales cargadas de descredito, paridas en medio de la desafección ciudadana. 

Imagen eliminada. En el peor de los casos (espero equivocarme de cabo a rabo), una presencia militar fuerte y cada vez más cercana a la gestión del gobierno. Una presencia militar que se dará como misión “garantizar un el respeto de las reglas de nuestra democracia” que buscará dejarnos con un “buen gobierno” de derecha. En Colombia nos cuesta imaginar una posible alianza de militares al poder, asumida y revindicada por un partido. Las y los colombiano(a)s -incluso los y las más conocedores de la historia y de la realidad en los territorios- se resisten a pensar este escenario[4]. Como si al no pensarlo pudieran espantar de plumazo esa “mala energía”. No obstante, se trata de una posibilidad que no es ajena a la historia del propio país (en 1953 tuvo lugar el golpe de Estado de Rojas Pinilla); tampoco es ajena a las posturas militaristas y conservadoras de los gobiernos colombianos. Ni mucho menos es ajena a la larga historia de golpes de Estado (militares e institucionales) en la región.

[1] Para ampliar este tema ver Dunca, Gustavo, (2014), Mas que plata o plomo, Bogotá, Ediciones debate.

[2] Molano, Alfredo, (2005), Desterrados: crónicas del desarraigo, Bogotá, Editorial Nomos.

[3] En lo que va de este nuevo siglo, Colombia ya ha conocido 20 reformas Tributarias. https://www.larepublica.co/especiales/mis-documentos-semana-santa-2021/en-colombia-se-han-hecho-mas-de-50-reformas-al-sistema-tributario-en-mas-de-un-siglo-3147619

[4] En Colombia, durante los últimos meses dos generales (el comandante del Ejército y el director de la Policía) han tomado públicamente la palabra, en varios medios, para recordar a lo(a)s colombiano(a)s su compromiso con el honor, la patria y el orden. https://www.semana.com/nacion/articulo/el-destape-de-los-generales/202156/

 

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