Publicado Agosto 29, 2021
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¿Cómo se sale del túnel?
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Se trata de un desacoplamiento mayor en la marcha institucional del país, frente al cual el Gobierno y el Congreso, que se dan cuenta del desajuste, prefieren mirar hacia otro lado y no decir palabra. Y qué decir los partidos, preocupados exclusivamente de sus cuentas electorales.

Sería interesante preguntarles a los candidatos presidenciales y a los candidatos a senadores y diputados algo elemental: ¿Qué duración y qué atribuciones entienden que tendrán los cargos a los que aspiran?

Tiene sentido preguntarlo porque se tiende a mirar el proceso electoral aisladamente, como si las cosas fluyeran del modo acostumbrado, con los debates programáticos de siempre, y todo ello no tuviera relación con lo que pasa en la Convención Constitucional.

Sucede algo parecido respecto de ésta, puesto que se opina sobre sus acuerdos de platas y los pronunciamientos de sus comisiones y subcomisiones, como si sólo contara la lógica interna de funcionamiento, y no hubiera vínculo con la elección de Presidente y parlamentarios. Mundos paralelos. Mismo país.

Lo concreto es que las elecciones del 21 de noviembre se efectuarán de acuerdo a las normas de la Constitución vigente y, en el mismo momento, la Convención estará definiendo normas de reemplazo, las cuales, si son aprobadas en el plebiscito de salida, a mediados del próximo año, entrarán en vigencia cuando ya estén ejerciendo sus cargos el nuevo mandatario y los nuevos parlamentarios.

Se trata de un desacoplamiento mayor en la marcha institucional del país, frente al cual el Gobierno y el Congreso, que se dan cuenta del desajuste, prefieren mirar hacia otro lado y no decir palabra. Y qué decir los partidos, preocupados exclusivamente de sus cuentas electorales.

Basta citar el artículo 138 de la Constitución para tener una idea del problema: “La Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial. La Nueva Constitución deberá establecer el modo en que las otras autoridades que esta Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones”.

Eso fue lo que aprobaron los actuales parlamentarios y refrendó el Presidente Piñera. Y para llevar adelante el cambio constitucional, decidieron crear un segundo Parlamento. Ya hemos visto todos los malentendidos surgidos de ese invento. Alguien puede decir que la Convención es plenamente legítima porque la respalda el voto popular. Efectivamente, y el nuevo Presidente y el nuevo Congreso tendrán también completa legitimidad, surgida igualmente del voto popular.

¿Hay riesgo de colisión entre el orden vigente y el que pueda emerger? Está a la vista. ¿Existirá alguna inquietud al respecto entre los miembros de la Corte Suprema y los integrantes del Tribunal Constitucional? No hay evidencia. Quizás, los negociadores del 15 de noviembre de 2019 sienten ahora alguna inquietud, y se pregunten: ¿cómo fue que creamos esto?

Sólo sirve ser realistas: la Convención se encuentra en medio de una situación que la supera con largueza. No es culpa de sus integrantes, que llegaron allí con motivaciones muy variadas, sino de la acumulación de torpezas y cálculos ventajistas de quienes diseñaron el proceso. En noviembre de 2019 se pudo pactar un proceso de cuatro o cinco meses para discutir y someter a plebiscito un proyecto de nueva Constitución. En cambio, se diseñó un proceso de dos años y, además, se aprovechó de hacer el experimento de adosar un nuevo órgano a la institucionalidad. El resultado fue meter al país en un túnel constitucional.

En este cuadro, pueden potenciarse dinámicas muy negativas. Por ejemplo, que la Convención, dependiendo del resultado de la elección presidencial, adopte decisiones dirigidas a modificar el estatus del Presidente elegido. O que, según la composición que resulte en el Senado y la Cámara, opte o no por un Parlamento unicameral.

Quizás algunos, entusiasmados con el poder refundacional que creen tener, consideren que este año vamos a elegir a un mandatario provisorio y con facultades en suspenso. O que los senadores y diputados quedarán a la espera de su lugar en la nueva arquitectura del Estado. Hay que hablar claro sobre lo que viene porque la incertidumbre es corrosiva. Los candidatos presidenciales no pueden evitar definirse frente a este asunto crucial para nuestra convivencia.

No sabemos si habrá una nueva Constitución en el futuro próximo, ni cuáles podrían ser sus contenidos. Lo que sí sabemos es que, si se debilita el régimen democrático, podría sobrevenir una etapa de confusión e inestabilidad de la que el país se podría demorar en salir. Ello exige que las fuerzas políticas comprometidas con la defensa del Estado de Derecho se dispongan a enfrentar los escenarios futuros con un criterio compartido sobre el funcionamiento de las instituciones.

Eso es lo primordial. No puede haber equívocos en cuanto a que las autoridades que elegiremos dentro de 90 días tendrán plena legitimidad y representarán la continuidad institucional

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