big-brother-2783030_1920-800x445-1
Publicado April 01, 2020
Coronavirus y Cibervigilancia

Una de las medidas prioritarias , masivas y aplicadas en el tanscurso del desarrollo de la epidemia de Conavirus en Francia ha sido el mecanismo de control de sus ciudadanos: la cybervigilancia.

Desde el martes 24 de marzo, el nuevo consejo científico convocado por el Palacio del Elíseo bajo  Emmanuel Macron estudia la puesta en marcha de sistemas de seguimiento geográfico de los ciudadanos para luchar contra la epidemia del Coronavirus. Nicole Belloubet Ministra de la Justicia frances,  ha anunciado que no se opone a esto, pero que es necesario seguir reflexionando sobre el tema. Así que pensemos: ¿de qué estamos hablando exactamente?

¿Qué datos existen?

Hay dos maneras de geolocalizar a alguien por teléfono. En primer lugar, la mayoría de los teléfonos inteligentes de hoy en día tienen GPS. El GPS utiliza sus propias ondas de radio, por lo que funciona tan pronto como se enciende el teléfono, incluso sin acceso a la red móvil. Un GPS es como una brújula: con sólo usarlo no se transmite la posición del dispositivo a nadie. Sin embargo, los teléfonos equipados con GPS registran la posición y la transmiten a las muchas aplicaciones instaladas que quieren usarla. Google Maps, Tinder, Facebook, TripAdvisor, todos piden a tu teléfono que transmita datos GPS.

En segundo lugar, es posible geolocalizar un teléfono por la forma en que se conecta a la red. La red de telefonía móvil está formada por una malla de antenas de retransmisión en todo el territorio. Cada una de ellas tiene un radio de cobertura que va desde unos pocos cientos de metros hasta varios kilómetros, dependiendo de la densidad de población de la zona en que se instalen. Cuando nos movemos, nuestro teléfono va de una antena a otra. Los operadores de telefonía pueden por lo tanto saber en todo momento a qué antena están conectados sus abonados. De esta manera, no hay necesidad de que el GPS conozca la posición de alguien, sólo que esté conectado a la red. Por otro lado, un teléfono en modo desconectado no puede ser geolocalizado. Sus datos también son menos precisos: mientras que el GPS da una posición a unos pocos metros, la geolocalización por la antena de relevo depende de la extensión de su área de cobertura.

¿Quién tiene acceso a estos datos?

Por lo tanto, estos datos de geolocalización ya existen. En Francia, dado que las telecomunicaciones están históricamente mucho más reguladas que el GAFAMS, el Estado se interesa inicialmente por los datos telefónicos. La cuestión que se plantea actualmente es principalmente la de su compilación y procesamiento, y quién tiene acceso a ellas. Ya existen muchos usos en la crisis actual.

A menudo, los datos se "agregan", es decir, los datos individuales se suman y se compilan en estadísticas. Las estadísticas nacionales de tráfico de teléfonos móviles (la cantidad de llamadas y SMS intercambiados) se publican incluso trimestralmente. Los datos agregados a nivel local pueden ser utilizados internamente por los operadores de telefonía: les permite dimensionar la red según su uso real.

Este tipo de datos agregados es el que la Comisión Europea solicitó a los operadores a mediados de marzo. De esta manera, Orange podrá transmitir datos agregados de sus 35 millones de abonados. A principios de la semana, el operador también colaboró con el INSEE. Destacaron el hecho de que el 17% de los habitantes de Île-de-France habían abandonado la región para refugiarse en otro lugar de Francia desde el comienzo del bloqueo.

Datos anónimos: el riesgo sigue existiendo

Aunque Orange y la Comisión han anunciado que estas estadísticas serán anónimas y agregadas, debemos pedir un control democrático sobre cómo se hará. En efecto, la anonimización de los datos personales no es una tarea sencilla: no basta con sustituir el nombre de la persona en un archivo por un número anónimo. Los datos de geolocalización son extremadamente fáciles de "desanonimizar", es decir, es fácil averiguar la identidad de una persona aunque su nombre no figure en los datos: basta con saber dónde vive y trabaja para averiguar, desde su posición, la línea de datos que le concierne y, por tanto, todos sus demás movimientos. Se acepte o no que se realicen tales estadísticas sobre los datos de los operadores, es necesario, por lo tanto, pedir al menos que se hagan públicos los métodos de anonimización y que se ejerza un control democrático sobre ellos.

El seguimiento individual: una invasión de la privacidad

Un paso mucho más peligroso sería utilizar estos medios de geolocalización para la vigilancia individual. La Ley de inteligencia de 2015 ya permite al Estado utilizar dispositivos de geolocalización para un gran número de delitos y faltas, así como para los intereses nacionales. En particular, esta ley permite a la administración solicitar la transmisión de datos personales de geolocalización a los operadores de telefonía, sin siquiera la supervisión de un juez.

La tentación es grande: en Corea del Sur, China o Israel, la geolocalización se utiliza para combatir el virus. Una vez que se ha examinado a alguien, se utiliza para identificar a las personas que han entrado en contacto con ellos y advertirles para que ellos también puedan ser examinados. De manera más coercitiva, también puede utilizarse para verificar que una persona cumple con una medida de contención obligatoria. En Israel, por ejemplo, los servicios de inteligencia tienen acceso directo a los datos de las operadoras telefónicas. En Corea del Sur, va aún más lejos. Para obtener datos aún más precisos, algunas personas, especialmente las que regresan del extranjero, se ven obligadas a instalar una aplicación gubernamental, que utiliza los datos del GPS del teléfono inteligente para transmitirlos directamente a las autoridades.

Sin embargo, estas políticas no funcionan de forma aislada: sólo detienen la propagación de los virus cuando se combinan con políticas de pruebas masivas. En Francia, este tipo de pruebas no existen actualmente, por lo que no tendría sentido.

Pero incluso cuando se combina con la detección, depende de la gente decidir si están dispuestos a sacrificar su derecho a la privacidad. Los beneficios de tales medidas son escasos: es posible identificar la mayoría de los contactos de una persona que ha sido examinada, e informarles, sin automatizar necesariamente esta tarea a través de la geolocalización. Por otra parte, los inconvenientes son enormes: si con el simple pretexto de la enfermedad se pudiera acceder a los datos personales de un ciudadano, se puede imaginar el número de personas que la policía podría vigilar, sin control judicial, y los peligros de esta herramienta en manos de un gobierno ya demasiado autoritario.

 Los períodos de crisis se utilizan a menudo para establecer medidas, presentadas como excepcionales, que luego pasan a formar parte del derecho común. Este fue el caso del estado de emergencia contra el terrorismo. No debe ser así con la ciber-vigilancia de los ciudadanos y el coronavirus.