Publicado Octubre 11, 2020
El fin de la Constitución familiarista-neoliberal

El neoliberalismo no es sólo un eufemismo de preocupación de intelectuales y académicos de izquierda, que no tenga impacto en la base popular y sus intereses inmediatos de equidad y dignidad. La instalación de esa idea es un triunfo conservador, bajo el relato de la despolitización. Neoliberalismo es el nombre que sintetiza a todo una dinámica político-económica productora de subjetividades y objetividades, que están en el centro del malestar actual.

La vigente Constitución de Chile, generada en dictadura (1980) y sacramentada en el (2005) en la alianza tácita “Guzmán-Pinochet-Lagos”, Implica no sólo el triunfo de la hegemonía capitalista propia de la Guerra Fría bajo la fuerza del fusil y el colonialismo, sino algo más radical: la protección y amparo constitucional del neoliberalismo en el campo legal.

El paso de la lógica militar a la tecnocrática, como continuidad del pacto oligárquico. 

La revuelta popular ha desacralizado al orden legal y político de Chile. “No más, Chile Despertó”. Dicha profanación es el acto destituyente radical que habita en el seno de su imaginación colectiva.

 El pacto oligárquico defendido por la transitología de los últimos 30 años, probablemente intentará aprovechar la contingencia de este plebiscito para resguardar el orden neoliberal bajo un formato de legitimidad democrática que la Constitución de 1980 no le ofrece.

Para ello, es preciso comprender que es muy probable que una vez ganando el Apruebo, intenten conseguir las fuerzas políticas constituyentes que les permitan resguardar los pilares ideológicos menos advertidos de la actual Constitución. 

Una constitución tiene muchos artículos legales y positivistas, no obstante, tiene unos pocos que son de naturaleza estrictamente ideológica. 

El artículo uno de la Constitución es uno de ellos. “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. Dicho artículo no ofrece una normatividad precisa, pero si una hermenéutica particular, en la que todo el resto de la legislación se interpreta a partir de su forma. 

Mucho se habla de transformar el Estado subsidiario en un Estado garante de derechos sociales, sin embargo, pocas veces se produce el vínculo entre el Estado subsidiario y la atomización de la sociedad en los núcleos de la Familia burguesa: Trinidad sagrada: Padre-madre-hijos. Esta es una alianza ideológica indisociable.

 La Familia es el transmisor fundamental de los valores hegemónicos de una época, es el lugar de la socialización, del baño de lenguaje, de la estructuración psíquica en base a los modelos que ofrece la sociedad. La Familia, en tanto que estructura de poder, en tanto que ficción naturalista: es aseguradora de la tierra o dominio, de la propiedad privada, de la transmisión de la herencia, de la segregación por apellido, de los privilegios en magistraturas.  A su vez, la familia como institución es la base de la asimilación -vía complejo de Edipo- de la culpa moral y de las identificaciones psicológicas necesarias para reproducir el sistema de sumisión subjetiva. Es decir, la Familia antes de ser un núcleo afectivo, es un núcleo económico e ideológico, tal como denunciarían Reich en “Psicología de las masas del fascismo” y Deleuze-Guattari en “El Anti-Edipo”.

 La ideología no será entonces una declaración de principios formalmente planteados ante los ojos racionales de la consciencia, sino el sustrato inconsciente sobre el que toda realidad y toda subjetividad se fundan como naturales o normales. El artículo primero es una hermenéutica, una clave ideológica de lectura de toda la Carta Magna. La familia es el inconsciente de nuestro soporte legal. Para autores como León Rotizchner, el objetivo de una revuelta emancipatoria no es sólo el cambio de leyes, sino toda una “revolución molecular” de las nervaduras íntimas de la subjetividad, de los aspectos desconocidos e impensados de toda praxis política. Una infrapolítica destinada hacia la “toma de la inconsciencia de clase” y no sólo de “conciencia de clase”. Es decir, en una transformación social está en juego la infraestructura económica y la superestructura ideológica, en tanto que la ideología se alberga en la transmisión inconsciente.

El lugar de la familia en la actualidad es precisamente éste, el de hacer coincidir economía pulsional inconsciente con economía política del valor capital.  Un artículo primero de la constitución debiere habilitar una hermenéutica que permita reinventar otras relaciones con el cuerpo, con la muerte, con los sueños, con la tierra, con los futuros, con la tradición, con la comunidad.

Por esta razón, es que el partido neoliberal, constituido por la derecha y la ex concertación, podrá conceder muchas cosas de mascarada posmoderna: artículos con una fachada tolerante, multicultural, plurinacional, feminista, diversa, ecológica, etc. 

Esto será sólo retórica -sin garras ni dientes- si es que no se tocan los aspectos ideológicos centrales de la Constitución, que amarran al Estado a un rol represivo y estrictamente subsidiario de la economía privada y de los poderes abstractos del capital.

En la tradición filosófica política, la base de la sociedad se ha concebido históricamente de distintos modos. En un resumen extremadamente simple podríamos decir que desde la tradición antigua grecolatina hasta Hegel, se concibe al Estado en el corazón del lazo social, el marxismo le otorgará ese lugar al proletariado, y el liberalismo desde Hayek en adelante, a la riqueza familiar, el emprendedor, el millonario, como figuras encarnadas de la virtud.

“La familia es el núcleo central de la sociedad” implica que tanto el Estado como la sociedad civil, están desalojadas de su potencia productora de comunión (bien común). 

 No puede haber acceso a bienes comunes, derechos sociales, garantías constitucionales, si la misma constitución ampara al individualismo atomizado y privado.

 La Constitución como tal no garantiza que se ponga fin a los flujos abstractos del capital que son una fuerza que trasciende a la legalidad, no obstante, si puede ofrecer una fuerza legal que ampare a los movimientos sociales en sus demandas de derechos. Actualmente los bienes comunes y las demandas de la revuelta popular, al pasar a la esfera institucional devienen inconstitucionales. Ya no se trata de senadores designados, altos quórums o del sistema binominal, sino ante todo del tribunal constitucional como “vigía panóptico” del orden establecido.

Aun teniendo las mayorías populares, aun existiendo las mayorías democráticas políticas parlamentarias, estas mayorías no tienen la potencia de transformación de ninguna ley fundamental, de la cual se desprenden una serie de otras prácticas sociales y leyes orgánicas específicas (código de aguas, código del trabajo, tributos, etc.).

 En síntesis, el problema no es sólo redefinir a la Familia y al Estado -Algo necesario sin duda-. 

 La Familia burguesa que opera como ideal sádico para todas las otras formas de constitución familiar, es un problema gigante. Es de esperar que los movimientos feministas y Queer, logren escribir algo de esta redefinición a la altura de la época y de la realidad.

 Aun así, para mí el problema es más radical que redefinir la Familia. La Familia seguramente seguirá siendo el núcleo central de nuestros corazones y de nuestras redes afectivas primarias (No tengo nada en contra de esto), sin embargo, no puede ser el núcleo fundamental de una sociedad en el campo de la legalidad, puesto que esto privatiza todo derecho social y resguarda a la Ideología neoliberal bajo un disfraz biologicista, afectivo y teológico.

Modificar el artículo primero, “asignando a la comunidad, a la cultura, a cada una de las instituciones del Estado, y a todas las redes solidarias de la sociedad civil”, como núcleos fundamentales, permitiría una sociedad comunitarista que se conciba y se proteja a sí misma. Esta base nos acercaría a tener una constitución que ampare nuestras demandas y que sea una verdadera potencia contra-hegemónica ante los abusos del poder.

Toda constitución debiera generar las garantías legales para protegernos en igualdad de derechos y dignidad. En Chile, la Constitución es un amparo legal para los poderes fácticos, es decir, una inversión perversa de su espíritu originario.

Los derechos de la naturaleza, de las etnias, de las diversidades de género, de las clases populares, de las personas con capacidades diferentes, el acceso a la salud y la educación universal, las pensiones dignas, la planificación económica sustentable a largo plazo, etc. Implica dotar al Estado y al Pueblo, de una base simbólica y legal, en su Carta Magna, para que todas sus luchas tengan amparo constitucional y no queden por fuera del lazo social -Con la piedra como su única potencia-.

El fenómeno político contemporáneo induce a pensar que los movimientos sociales y la política territorial extra institucional son la base vigorosa del dinamismo social. Por ello el debate constitucional y el rol del Estado, no es el único elemento a considerar -Inclusive quizás no sea el más importante-. No obstante, para que ese dinamismo de base, tenga lugar y potencia transformadora debe haber un Estado y una legalidad abierta a dichas contingencias.

Una constitución desacralizada, es decir, siempre abierta a la desmesura de la imaginación popular. Siguiendo al filósofo chileno Rodrigo Karmy diremos que se trata de reactivar la vieja tradición “maquiaveliana” antes que la “hobbesiana”, aquella que acepte el conflicto político y nos lance a la felicidad; antes que aquella que tienda a su neutralización y solo nos ofrezca seguridad. Es más, si Chile sigue en revuelta, es porque la Nueva Constitución solo devendrá desde el fuego; una Constitución que ya ha sido escrita en los múltiples rincones de las ciudades, en sus muros, calles, esquinas, plazas, casas, foros civiles en internet, en medio de la conversación cotidiana. Todo ya está escrito. Solo resta seguir el ritmo de su escritura, el breve aleteo de la imaginación que sigue reunida en Dignidad.

En otras palabras, el imaginario instituyente está flotante en la sociedad, quizá lo que falta es producir los mecanismos estratégicos para poder traducirlos –aunque parcialmente- en la lógica institucional, política y legal. Un desafío urgente y complejo.