Publicado Febrero 02, 2021
Gobierno de Chile maniobrando entre las sombras

El Gobierno de Sebastián Piñera quiere, por todos los medios y sin mayores explicaciones, abrochar rápidamente dos iniciativas, en momentos en que el país está sumido en una serie crisis debido al Covid-19 y a poco de iniciarse el principio del fin de la Constitución de Pinochet.

Firmar lo más rápido posible un tratado económico con un grupo de otros 10 países de la cuenca del Pacífico conocido como TPP-11 y dejar en manos extranjeras y universidades privadas de derecha chilenas el estudio, implementación y explotación del Hidrógeno Verde en Chile, son dos de los tantos proyectos que el actual gobierno de Chile, ha querido imponer cómo sea en las últimas semanas.

Recordemos que los nuevos aires sociales del país sudamericano comenzaron el 18 de octubre de 2019 con el Estallido Social momento en que millones de personas se movilizaron pacíficamente para protestar contra un modelo que solo trajo bienestar a solo una parte de los chilenos y chileno. Quizá se trate del mismo bajo porcentaje que votó por el “Rechazo” en el plebiscito del 25 de octubre pasado, a favor de mantener la Constitución de Augusto Pinochet. Un poco más de un millón 600 mil votos (1.635.164), en un país con casi 20 millones de habitantes, se sienten contentos con el sistema chileno.

Tal vez es por esto por lo que a poco menos de un año del término de la muy cuestionada segunda presidencia del derechista Sebastián Piñera (2018-2022), el Ejecutivo chileno ha concentrado sus fuerzas en dejar amarrados ciertos proyectos y leyes, con el fin de perpetuar el actual modelo, que tantas ganancias y poder les ha dado. Incluso y a pesar de un seguro nuevo escenario político-económico dado por una nueva Constitución que está en sus prolegómenos y por una futura o un futuro presidente que a todas luces no será de las filas del Gobierno ni del modelo actual.

EL TPP-11

 Pero qué tiene este tratado que actualmente genera tanta controversia en la clase política chilena. Por qué la insistencia del ejecutivo por apurar su firma. El TTP-11 o Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico es un tratado de libre comercio que incluye a 11 países de la Cuenca del Pacífico, que, entre sus objetivos más importantes, como ellos mismos explican, busca rebajar barreras comerciales para facilitar los negocios internacionales, establecer reglas comunes de propiedad intelectual, y abordar temas de derecho ambiental y de derecho del trabajo.

Los países que hasta ahora lo integran son Chile, Australia, Canadá, Japón, México, Perú, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Brunei y Malasia. Donald Trump en 2017 retiró a Estados Unidos del hasta entonces grupo de 12 países, debido principalmente al impacto negativo que tendría en el empleo en el país norteamericano. Sin embargo, sabido es que el actual presidente estadounidense Joe Biden no tiene como prioridad volver rápido al Tratado. Otros países del Pacífico como Colombia, Corea del Sur o Tailandia, e incluso China estarían interesados en ingresar.

Según publica elsoberano.org los defensores del Tratado aseguran que tiene los siguientes beneficios: promover un comercio más inclusivo, abarcar materias de medioambiente -seguramente el Hidrógeno Verde-, apoyo a la pequeña y mediana empresa, promover la cooperación económica, incorporar a la mujer al comercio internacional, promover mecanismos anti-corrupción. No obstante, resulta paradójico que el propio Gobierno de Chile no promueva este tipo de políticas, considerando aspectos tan simples como evidentes: bajos salarios, escasa protección laboral, desinterés por el medioambiente, y una larga lista de prácticas que podrían resumirse en el no respeto a los derechos humanos y al de los trabajadores. Sólo pensemos, a nivel interno, en el actuar del Gobierno de Piñera en el Estallido Social y la Pandemia del Covid-19, y a nivel externo, la negativa de ser parte del Pacto Mundial sobre Migración que en 2018 firmaron 164 países o al pacto medioambiental latinoamericano de Escazú en 2018.

Si miramos los argumentos esgrimidos publicados últimamente por el Gobierno de Sebastián Piñera, tanto con el TPP-11 como los dos Pactos mencionados más arriba, encontramos el sitio de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores donde el presidente promete mejores oportunidades para la exportación de servicios y para más de 3.000 productos, pero ojo, productos, no habla de capital humano. Quiénes exportan en Chile, los mismos de siempre. El mismo sitio web del ejecutivo da un ejemplo señalando que con Vietnam, aproximadamente 1000 productos mejorarán su acceso, entre estos pescados y mariscos frescos o congelados, lácteos, frutas (almendras, nueces, naranjas), entre otros. Pero ambos países son competencia, entonces quién perderá esta vez: ¿Chile o Vietnam?, o mejor dicho quién ganará, quizá países terceros al comprar estos alimentos a precios cada vez más baratos, teniendo en cuenta variables tan disímiles como el salario mínimo o el PIB de ambos países.

Como casi siempre serán una vez más las transnacionales y los países más desarrollados quienes obtendrán los mayores beneficios, dejando al resto marginado, y profundizando aún más las brechas sociales entre los países ricos productores de tecnología y los países más pobres vendedores de materias primas.

Para tranquilidad de los casi 20 millones de chilenos y chilenas abrumados por la crisis y la pandemia, el 11 de enero pasado fue rechazado por el Senado el proyecto urgencia del TPP-11, a lo que el Ejecutivo respondió a la estocada con declaraciones de varios de sus ministros. A pesar de lo anterior, sabido es que la gran mayoría de la clase política chilena está a favor de este Tratado.

Llama la atención que el Gobierno coloque discusión inmediata a un proyecto que hoy no tiene urgencia, señaló el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), cuando dio a conocer la determinación de la corporación de no poner en tabla proyecto que ratifica el TPP-11. Quinteros manifestó que el Gobierno tiene que ocupar sus esfuerzos en salir de la crisis sanitaria.

Incluso el incierto presente y futuro mundial debido a la pandemia del Covid-19 hace preguntarse dónde tienen la cabeza los responsables de Chile, porque si no están perdidos, entonces sí que tienen reales intereses para aprobar cuanto antes este Tratado que no resolverá la crisis económica ni menos la social, que Chile experimenta desde hace unos años.

El ministro de RREE de Chile, Andrés Allamand hace unas semanas viajó a Europa a explicar lo bien que está la democracia en Chile y el seguimiento que el Gobierno de Piñera hace a los procesos de transformación constitucional, sin mencionar en absoluto las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en el contexto del Estallido Social y del conflicto mapuche. El doble discurso de Allamand es imperdonable, pues con este argumento convenció a los responsables de la Unión Europea y así pronto, otra vez muy apurados, sellar otro acuerdo entre Chile y la UE a principios de este año que comienza. De hecho, Bruselas y Chile iniciaron justamente el 11 de enero pasado y vía telemática las conversaciones de la 9na ronda de negociaciones del acuerdo sobre cooperación política y económica firmado en 2002.

Entre visitas oficiales, el Canciller chileno se reunió en su visita a Bruselas a principios de diciembre pasado con Joseph Borrell, vicepresidente del Servicio Exterior de la Unión Europea, quien aseguró la disposición de Europa a acompañar a Chile en el proceso constituyente, además de expresar su compromiso en concluir la modernización del Acuerdo de Asociación lo antes posible. Es decir, hasta las autoridades europeas quieren la pronta firma del acuerdo. Al menos, fuera de Chile, Piñera encuentra aliados en su acelerada política de cierre de acuerdos y tratados.

Pero volvamos a Chile, como era de esperarse Andrés Allamand criticó duramente a quienes considera los responsables de la declaración de no urgencia del Tratado en el Senado: los partidos de izquierda Frente Amplio y Partido Comunista. De hecho, como previendo que la urgencia no prosperaría en el Parlamento, el 10 de enero en el programa político de televisión Tolerancia Cero Allamand dijo que consideraba que el Frente Amplio y el Partido Comunista habían demonizado al TPP-11 de la peor manera. Esta frase fue compartida también en Twitter.

Y como una carta bajo la manga y utilizando una estrategia digna de un estadista, Allamand sostuvo que votar en contra del Tratado era hacerlo en contra de uno de los legados más importantes de la presidenta Bachelet. Argumentando que luego con que el TPP-11 en ninguna circunstancia obliga a ninguna modificación legal en Chile. Lo que dice el artículo 135 actual de la Constitución no es sino la reafirmación de un principio de la política exterior chilena, que es el cumplimiento de los tratados suscritos, añadiendo que su ratificación no incide en el proceso constitucional. Entonces, de nuevo la pregunta: por qué darle urgencia en el Parlamento chileno a este Tratado. Creo que la clave está aquí: reafirmación de un principio de la política exterior chilena, que es el cumplimiento de los tratados suscritos. Esta virtud del Estado de Chile es la que, como sabemos, tanto ha afectado a los empleos y pymes de miles de chilenos y chilenas.

Tanto obscurantismo en la labor del Gobierno no solo por el apurado TPP-11 si no también con otras decisiones como la polémica licitación del Hidrógeno Verde, y tantas otras que ni nos damos por enterados. Tenemos no solo un Gobierno que actúa entre las sombras, sino partidos que prefieren tomar decisiones o hacer negociaciones a puerta cerrada, en pleno Siglo XXI y en momentos en que el mundo demanda todo lo contario. Esperemos que este obscurantismo termine y que los aires de transparencia y honestidad inunden no solo a la cuestionada política chilena, si no también y por el bien de Chile, al Gobierno de turno y los que vendrán, y todos los gobiernos regionales.

ALMA

El secretismo en la labor del Gobierno no solo por el apurado TPP-11 si no también con otras decisiones como la polémica licitación del Hidrógeno Verde, y tantas otras que ni nos damos por enterados. De hecho, para contextualizar el caso del futuro motor ecológico del mundo, e intentando llenar los vacíos desinformativos respecto de la adjudicación del preciado hidrógeno, traemos a colación la experiencia de ALMA para esta, la segunda iniciativa que el Gobierno de Piñera quiere amarrar para las próximas décadas. El proyecto astronómico ALMA sin duda usted lo ha escuchado en estos días por fotografiar el momento exacto del choque de dos galaxias.

Según consigna Wikipedia ALMA: Atacama Large Millimeter/submillimeter Array es una asociación internacional entre Europa, Norteamérica y Asia del Este que, en colaboración con la República de Chile, es el mayor proyecto astronómico del mundo. ALMA fue construido en el llano de Chajnantor, a 5058,7 metros de altitud, en el desierto de Atacama, en la zona norte de Chile y tuvo un costo de más de 1000 millones de euros. Se trata del mayor y más caro radiotelescopio terrestre construido hasta ahora.

Hasta aquí, todo es miel de hojuelas, pero investigando la implementación de este ambicioso y costoso proyecto, constatamos que, si bien se eligió a Chile por sus conocidos cielos despejados para la observación astronómica, es una realidad, que la posibilidad de pagar bajos salarios a operarios técnicos y administrativos locales, habría seducido a los promotores principales del proyecto, la Asociación de Universidades de Estados Unidos, AUI, que de seguro tendrá muy bien pagados a su personal científico y profesional, pues como explica el sitio de ALMA, el proyecto cuenta casi 300 empleados en Chile,

La Asociación de Universidades de Estados Unidos, AUI, se creó en 1946 y congrega a las universidades Johns Hopkins, Harvard, MIT, de Columbia, de Yale, de Cornell, de Pennsylvania, de Princeton y de Rochester. Un lujo de conocimiento, pero sabido es que, en 2013, los empleados de ALMA iniciaron una huelga de 17 días por bajos salarios y demandas tan básicas como más sanitarios. En esos días según publicó la BBC, el Sindicato de Trabajadores informó que sus sueldos bordeaban los US$2.000 en promedio, aunque un grupo pequeño (menos de cinco personas, dice el sindicato) recibían casi US$6.000 mensuales y hay un grupo de diez trabajadores que recibía menos de US$1.000.

Lo interesante de este caso es que entre los primeros argumentos que dio la AUI para no dar respuesta a las demandas legítimas de los empleados, fue que ellos tenían "inmunidad diplomática" en sus instalaciones, como consecuencia de un acuerdo firmado entre el Estado de Chile y el Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés), el organismo astronómico intergubernamental europeo. El abogado de los trabajadores Guillermo Cifuentes, explicaba a la BBC que ESO es una agencia gubernamental, que podría tener un trato especial con relación al Estado chileno, pero American Universities Inc es un consorcio privado y no puede tener esas atribuciones, argumentaba el abogado.

Víctor González, presidente del sindicato del ALMA, criticaba esta mala práctica argumentando que en Chile los observatorios ahorran costos con los trabajadores chilenos. Si se tratara de empleados estadounidenses sería más caro, explicaba el sindicalista.

HD

Pero bueno, volvamos a la visita de Allamand, según informa el sitio del Ministerio de RREE, MINREL, el Canciller también aprovechó para reunirse en Bruselas con la Comisaria de Energía, Kadri Simson, con quien dialogó sobre la diplomacia del Hidrógeno Verde (HD) impulsada por Chile, las ventajas que tiene Chile para producir el combustible del futuro y su liderazgo para convertirse en un centro mundial de investigación, desarrollo y producción. Este encuentro paso desapercibido por la prensa chilena y siguiendo su política poco transparente el Gobierno chileno tampoco lo destacó como algo significativo.

Según publica la DW la Unión Europea, con su Pacto Verde, quiere lograr descarbonizar sus fuentes energéticas antes del año 2050, apuesta por un aumento del uso del hidrógeno del 2% actual al 13-14% hasta 2050. Chile, por su parte, con su inmenso potencial en energías renovables podría producir el HD más barato del mundo. Sabido es que Alemania, Francia y España también invertirán millones de euros en desarrollar este tipo de energía, pero no podrían competir con el bajo precio que prometen Piñera y Allamand, a costa de bajos salarios, precariedad y una vez más, explotación de los recursos naturales de todas y todos en Chile.

Poco a poco la materia obscura se va aclarando. Sucede que el primer lunes de este 2021, el pasado 4 de enero, la Corporación de Fomento de la Producción de Chile, Corfo, publicó el resultado de la licitación para el futuro Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), un fondo millonario que entre otros servirá para proyectos relacionados con el HD. La polémica se abrió de inmediato, pues la concesión se la llevó el Consorcio de universidades AUI, más las privadas chilenas Universidad del Desarrollo, Universidad San Sebastián y Universidad Autónoma, quedando fuera las tradicionales universidades de Chile, Católica, y de Concepción.

AUI es el mismo Consorcio que declaró la guerra en su momento a sus empleados de ALMA. En efecto, una de las razones de la elección de Corfo fue precisamente la "buena experiencia" que Chile ha tenido con el proyecto desarrollado también en el norte de Chile.

En declaraciones dadas a El Mostrador, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Francisco Martínez Concha aseguró que "la calidad técnica de nuestra propuesta -presentada por el Consorcio ASDIT- es igual o superior a la adjudicada, opinión que coincide con la de los expertos internacionales que las evaluaron. Martínez señaló, así las cosas, el Gobierno no confía en sus instituciones, ni en sus universidades, ni en sus empresas innovadoras, ni en las capacidades de sus profesionales y que el acceso a la innovación continuará como hasta ahora, en base a tecnología avanzada extranjera que pagaremos con trabajo de bajo valor agregado y que da lo mismo desarrollar capacidades tecnológicas propias o extranjeras.

Esta opinión coincide plenamente con lo que hipotetizamos sobre una de las reales intenciones de la visita del Canciller Andrés Allamand y los comisarios europeos de Medio Ambiente y Océanos y de Comercio, así como el Alto Representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell.

Manuel Viera, Presidente Cámara Minera de Chile, recalca la celeridad en este proceso. Viera sostuvo que le llama la atención estas decisiones apresuradas que enlodan las capacidades intelectuales del país. Si Chile se considera país minero debe implementar programas de desarrollo de aldeas científicas y proveedores de Clase Mundial, con esto, además de productos minerales, poder exportar know-how y servicios de alto valor agregado. Es sabido que el H2, si se hacen bien las cosas, podría contribuir en cerca de un 10 % del PIB, similar al aporte del sector minero”, concluyó Viera.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se sumó a los cuestionamientos y planteó que “si no hacemos algo, todo va a quedar muy en entredicho, eso sería triste y preocupante y un retroceso”, mientras su colega de la PUC, Ignacio Sánchez, se quejó de la “falta de información” y señaló que le gustaría saber cuáles fueron las evaluaciones internacionales.

Resumiendo, la licitación favoreció a la Universidad del Desarrollo, fundada por Cristian Larroulet, el influyente jefe del Segundo Piso del Palacio de Gobierno chileno La Moneda, a la Universidad San Sebastián vinculada a la UDI y a la Universidad Autónoma, en desmedro del consorcio ASDIT (Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias), conformado por universidades nacionales como la Universidad de Chile y la PUC y casas de estudios regionales, centros internacionales de investigación y empresas relevantes de la industria nacional, junto a 50 gremios agrupados en la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). Desde la Universidad de Antofagasta (UA) y la Universidad Católica del Norte (UCN), también se pronunciaron y calificaron como “una gran decepción” la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) a un consorcio extranjero.

En tanto, desde la AIA cuestionaron algunas falencias en el proceso, como “la ausencia de una instancia para poder presentar los contenidos de la propuesta al consejo directivo, tal como se ha hecho siempre en los procesos de adjudicación liderados por Corfo”, por lo que piden que el proceso de adjudicación sea revaluado. Sin embargo, esta opción de volver a licitar es descartada de plano por Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo. “Ellos tienen el derecho de dar la pelea hasta el final, y utilizar todos los recursos que les asigne la ley y la bases (pero) no podemos a mitad del proceso hacer modificaciones”, indicó. Además, sostuvo que “el hecho de que uno sea de una región determinada no corre (en la licitación)”.

Terrazas asegura que el proceso fue transparente y serio. El ejecutivo de Corfo dijo que se recibieron tres propuestas muy robustas. Se ha dicho que las platas van a ir a parar a universidades extranjeras y organismos internacionales, pero hay que desmentir esa crítica, la plata no va a ninguna universidad extranjera, queda en un instituto chileno, con domicilio en la Región de Antofagasta, con un directorio integrado por chilenos”, indicó.

El TPP-11 y la adjudicación del HD son dos buenos ejemplos de cómo actuar y maniobrar en las sombras. La intención de la acelerada ratificación de acuerdos y tratados que solo benefician a los mismos de siempre, parece ser el motor de quienes ahora temen perder sus regalías con el proceso constituyente y la emergencia de nuevas figuras alineadas con las demandas sociales. El Gobierno de Piñera está dando sus últimos zarpazos en una administración que pasará a la historia no solo por lo que ha realizado, si no también y principalmente, por lo que ha dejado de hacer.