El superintendente (s) de Servicios Sanitarios entregó un espaldarazo a la sanitaria que tuvo por 10 días a la comunidad sin suministro de agua.

Hasta la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados llegó Jorge Rivas, superintendente (S) de Servicios Sanitarios, quien abordó lo ocurrido con el derrame de petróleo en la planta de la empresa Essal en Osorno. Una de sus intervenciones más llamativas fue aquella en donde puso en duda la posibilidad de llegar a caducar el contrato de la sanitaria.

Cabe recordar que los osorninos han debido pasar más de diez días sin suministro de agua potable, implicando ello una profunda afectación en las actividades cotidianas, laborales, educacionales y comerciales de la comunidad, por lo que ésta ha exigido a las autoridades que se ponga fin al contrato que se tiene con Essal.

Sin embargo, Rivas cuestionó la viabilidad de esa opción con un argumento que pareciera subestimar los perniciosos efectos que hasta ahora ha tenido para la población la negligencia de la sanitaria.

A juicio del representante del gobierno de Sebastián Piñera, terminar con la concesión con la cuestionada compañía significaría “pasar un período extenso para buscar una empresa que opere”. “La gente va a sufrir las consecuencias de este período de transición”, advirtió el subsecretario, quien agregó que una modificación de ese tipo implicaría un nuevo sistema de facturación y, en este escenario, sería “imposible garantizar que va a haber un periodo de operación normal”.

Algo en lo que no estuvo de acuerdo su compañero oficialista, el diputado de la zona afectada Javier Hernández (UDI), quien sostuvo que “ya no es posible que (Essal) recupere las confianzas”. En ese sentido, el parlamentario oficialista añadió que dicha recuperación de confianzas hoy es responsabilidad de las autoridades, por lo que éstas “tienen que aplicar el máximo rigor de la ley”, lo que se traduce en poner fin al contrato del Estado con la sanitaria.

Por último, el diputado apuntó a que los dos meses libres del pago de la cuenta de agua para la comunidad afectada es una medida insuficiente.