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Publicado Febrero 05, 2020
¿La lucha contra el extractivismo puede guiarnos para recuperar el agua como un bien común para Chile?
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A partir del relato  la victoria jurídica de la comunidad  Caimanes en el norte de Chile contra la minera los Pelambres, responsable de haber hecho desaparecer el agua del valle.

A partir del relato  la victoria jurídica de la comunidad  Caimanes en el norte de Chile contra la minera los Pelambres, responsable de haber hecho desaparecer el agua del valle. Este artículo propone algunos elementos de reflexión sobre las dificultades del reconocimiento del agua como Bien común en el seno de la sociedad chilena aún bajo la privatización del agua, un modelo heredado durante la dictadura de  Pinochet.   

El 25 de noviembre de 2014, los habitantes de los Caimanes, en Chile, se organizaron para bloquear el tráfico de la ruta que lleva al vertedero minero más grande de américa latina. Los habitantes de la comunidad reclaman que la empresa minera Los Pelambres aplique la decisión de la Corte suprema de la justicia chilena, que ha ordenado restaurar « La libre circulación de las aguas, sin contaminación, proveniente del depósito del Mauro »

¿Cómo se llegó a esa situación? ¿Por qué una comunidad, después de haber ganado el reconocimiento de la expoliación de su agua por una empresa minera y  los tribunales de justicia ordenaron la restitución del agua desaparecida? ¿Debe la comunidad ejercer nuevas presiones, después de haber ganado el juicio en la más alta instancia judicial del país? Y ¿Cómo esa misma corte suprema pudo pronunciar una sentencia condenando a una minera?

¿Es importante cuestionarse sobre cómo se extinguió el agua? ¿Y Cómo un proyecto tan nefasto fue posible? un proyecto que fue aprobado a pesar del previsible  impacto negativo sobre los recursos hídricos de la comunidad.

A principios del año 2000, la Minera los pelambres, una de las minas de cobre más grande de Chile, filial del consorcio Antofagasta Minerals, con casa matriz en Londres, busca un lugar nuevo para botar los desechos mineros de su faena de extracción cuprífera ubicada en la frontera con Argentina. Esta empresa va elegir un emplazamiento situado a 50 kilómetros de la mina río arriba del  pueblo los Caimanes, en un valle arbolado, una zona poblada con una centena de ganaderos que constituían la reserva acuífera río abajo.  

El depósito se instala en la cuenca natural circular del valle, cerrada por las montañas que la rodean.  Una solución económica para la empresa- porque así no tendría necesidad la construcción que ningún dique de retención- pero muy perjudicial para el medio ambiente, puesto que con el objetivo de aislar los residuos mineros, los trabajos  cerraron las napas subterráneas y bloquearon el desagüe  de las aguas, volviendo completamente infértil  las tierras  río abajo y privando a  toda la comunidad de Caimanes del agua limpia.

Antes de concretar el proyecto, se hicieron cerca 1200 observaciones medioambientales, en las ya se constataba la inevitable sequía del curso natural de las aguas, los riesgos de contaminación  por las aguas filtrantes, y del dique de contención, previsto para alcanzar más de 240 metros de altura.

En ese contexto, la comunidad se opone  y se organiza. Los recursos de protección son interpuestos y la justicia los favorece paralizando el proyecto el año 2006. No obstante, los daños son irreparables, el curso de las aguas son bloqueadas por los trabajos de excavación subterránea y la construcción del dique terminada.

Con un telón de fondo de corrupción de líderes, abogados y diversas presiones políticas, el proyecto está de nuevo en marcha. El embalse se completará finalmente y entrará en funcionamiento en 2008.

Unos años más tarde, los riesgos anunciados ya son visibles: el agua se pierde, el valle se transforma en una "zona de sacrificio". Para entender cómo se podría llevar a cabo un proyecto de este tipo a pesar de las muchas advertencias técnicas, oposiciones y procedimientos legales ganados por la comunidad, es necesario situarlo en el contexto chileno.

La dictadura de Pinochet proporcionó a Chile una serie de leyes inspiradas en las teorías de Milton Friedman y la Escuela de Chicago, destinadas a liberalizar todos los sectores de la economía en una visión de un vasto mercado libre en el que el Estado es un mero distribuidor de cuotas de mercado. Los recursos, bienes y servicios adquieren así las cualidades de la propiedad de mercado.

El Código de Aguas de 1981 condujo a la privatización de este recurso. Aunque el artículo 5 de este código estipula que el agua sigue siendo un "bien público", el artículo 6 especifica que su carácter es "económico".

. El Estado chileno otorga  "derechos de agua"  que son una especie de título exclusivo sobre el agua, medido en litros por segundo, a quienes los soliciten. Los "derechos de agua", concedidos por el Estado de forma gratuita y a perpetuidad, se supondrán entonces autorregulados por el mercado en las transacciones de compraventa entre individuos. El agua se considera, pues, como un bien productivo que puede ser comercializado como cualquier otro, propiedad de los propietarios y sujeto a la ley del mercado.

Aunque estos "derechos de agua" pueden ser oficialmente adquiridos por cualquier persona o empresa a petición, e incluso si existen posibilidades de regularizar la asignación de estos derechos a las comunidades teniendo un uso anterior a la legislación, en la práctica, en vista de las dificultades técnicas, la carga administrativa y la visión productivista del Código de Aguas, son sobre todo las empresas las que se beneficiarán de esta rígida titularidad del elemento fluido. 

La atribución de estos títulos de propiedad sobre el agua se hace independientemente de los usos y del vínculo con la tierra, lo que contribuye a la separación de la tierra y el agua. Ahora es posible adquirir tierras sin agua y, a la inversa, encontrarse con el propietario de tierras sin acceso al agua. No sólo las actividades humanas se verán afectadas, sino también la dinámica y las interacciones del elemento fluido en los ecosistemas.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

El papel de la circulación, de la cohesión, y a veces incluso de la política del agua en los medios ecológicos, animales y sociales distintos de los del mercado desaparece, ahogado en las tomas económicas, causando desequilibrios en los territorios.   

El establecimiento legal de la apropiación privada del agua tendrá, por lo tanto, efectos destructivos en la dinámica de los bienes comunes y a menudo empujará a las empresas extractivas a apoderarse de los derechos de agua incluso antes de obtener concesiones en los territorios.

El Código Minero, otro instrumento creado por Pinochet en 1983, facilitará la apropiación de los territorios afectados por los proyectos mineros. Estableció la supremacía de las empresas sobre los territorios y otorgó a las multinacionales derechos inamovibles de concesión. El código minero favoreció un sistema de propiedad para uso productivo sin respetar la prioridad y preexistencia de las comunidades que viven en el sitio. También es vinculante para el Estado, obligándolo a pagar a las empresas todos los beneficios no recaudados en caso de abandono forzoso de la explotación. Estos dos instrumentos serán utilizados conjuntamente por las multinacionales, acelerando el saqueo legal de los territorios y del agua, provocando conflictos y migraciones, generando inconsistencias e irracionalidades en el uso integrado del recurso. 

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A finales de los años 90, casi todos los "derechos de agua" de superficie fueron asignados y la única manera de adquirir un derecho de agua es ahora comprarlo a precio de mercado. Además, cualquier empresa que descubra nuevos manantiales subterráneos durante la excavación se convierte automáticamente en propietaria. Esto facilitará aún más la apropiación de las aguas profundas por parte de las empresas mineras.

Estas herramientas que fueron introducidas por la fuerza bajo la dictadura de Pinochet se verán reforzadas por la Concertación chilena [la coalición de partidos centristas que sucedió a la dictadura y cuyos representantes han ganado todas las elecciones nacionales desde entonces], mientras que los sucesivos gobiernos se centrarán en el extractivismo ante la creciente demanda mundial de cobre.

Victoria de la justicia en Caimanes: ¿un avance hacia el reconocimiento de los bienes comunes? Han pasado 28 años desde que Pinochet salió del poder y, sin embargo, la Constitución chilena permanece inalterada, los instrumentos para la apropiación de los bienes comunes siguen vigentes, si no perfeccionados. En este contexto, ¿cómo interpretar la victoria de una comunidad frente al abuso de una empresa extractiva en su territorio y la orden de restitución de agua emitida por la justicia chilena? 

PARTIE III LE DROIT À L’EAU

Es en un clima poco propicio para la expresión de los derechos y las comunidades, y después de más de 8 años de batallas legales y de criminalización de la protesta, que los abogados de la comunidad de Caimanes obtienen a partir de 2013 una serie de victorias legales, la más significativa de las cuales es la sentencia dictada por la Corte Suprema que ordena a la empresa restaurar el curso de agua. Se trata de un logro sin precedentes para un proyecto de tal magnitud, ya que es el tercer depósito de residuos mineros más grande del mundo, con más de 2.000 millones de toneladas de residuos.

Esta resolución sigue una petición bien fundada de los abogados de la comunidad, pero también debe interpretarse en el contexto de los crecientes conflictos relacionados con el agua a nivel nacional. De hecho, desde el norte al sur de Chile, la inmensa permisividad de las autoridades frente a los grandes proyectos extractivistas que se multiplican, ha provocado situaciones de injusticia y expolios cada vez más flagrantes y denunciados por los territorios.

Para una ciudadanía rural y urbana cada vez más alerta y organizada, que avanza a pesar de la persistente imposición del paradigma extractivista como motor de desarrollo, la decisión tomada el 21 de octubre de 2014 por los cinco magistrados de la Corte Suprema de Restitución de Aguas de Caimanes será un hito. Se cuestiona el sagrado derecho de las empresas a maltratar el territorio chileno mientras que las voces locales comienzan a ser retransmitidas en algunos medios de comunicación progresistas e incluso logran ganarse la simpatía de algunas figuras políticas chilenas, mientras que el gobierno y la clase política atraviesan una fuerte crisis de credibilidad debido a las sucesivas olas de casos de corrupción y conflictos de intereses entre políticos y empresas.

Tímido pero significativo progreso La decisión de la Corte Suprema provocará una protesta dentro del lobby minero, y el año 2015 estará marcado por la presión de Antofagasta Minerals, propietaria de Minera Los Pelambres, contra la decisión del tribunal. El discurso de la empresa se centrará en la supuesta defensa del "interés del país", pasando de argumentos sobre el empleo a otros sobre las amenazas al valle y al desarrollo de todo el país. Finalmente se embarcará en una estrategia desesperada de "diálogo social" para tratar de convencer que es posible involucrar a una comunidad en la co-gestión  de riesgos y desastres.

Es también en este punto donde una nueva institución público-privada, "Valor Minero",3 creada por el lobby minero, también reúne a miembros del gobierno para trabajar juntos para pintar el extractivismo bajo los colores ideales de "minas verdes, inclusivas y virtuosas". Incluso llega a unir fuerzas con el poder judicial para luchar contra una tendencia que considera inaceptable y que es perjudicial para la salud de las inversiones.

Pero más allá de la preocupación de los grupos de presión mineros y de su presión, es necesario cuestionar el significado de la no aplicación de la decisión judicial. Si el Chile post-Pinochet gusta de hacer alarde de su respeto por las instituciones, ¿qué se puede decir de una sentencia dictada por un Tribunal que permanece sin efecto? ¿Qué ha pasado? En realidad, a pesar de la euforia generada por el anuncio de la decisión judicial, la orden no se llevará a cabo porque el funcionamiento del sistema jurídico chileno no prevé la aplicación directa de las sentencias. Aunque se basó en un trabajo de expertos que tuvo en cuenta la desaparición de las aguas subterráneas y asignó la responsabilidad, en nombre del cual el Tribunal pudo ordenar a la empresa que estableciera un plan para el retorno del agua por medios "naturales" (con la obligación, si no, de desmantelar el embalse), la sentencia dictada no tiene otra facultad que la declaratoria. El Tribunal remitirá entonces la responsabilidad del seguimiento de la ejecución de la sentencia al Tribunal de Primera Instancia. 

Este retorno al Tribunal de Primera Instancia dará entonces misteriosamente la oportunidad de un nuevo peritaje, financiado por la empresa, que hará valer entonces un llamado "acuerdo de conciliación" con la comunidad, acuerdo que sin embargo no será validado en las urnas por la población.

Después de la euforia de la victoria, la decepción es amarga. El sistema jurídico chileno ha permitido una especie de gran discrepancia entre la deliberación de los jueces que reconocen la ley teórica y su aplicación, lo que sugiere que al final las sentencias de la ley no son aplicables y que sólo la conciliación privada tiene un poder efectivo.

Aunque la ventaja parece estar retrocediendo, los acontecimientos y avances de los últimos años en el reconocimiento de los abusos de derechos y la recuperación de los bienes comunes, la creciente movilización de los territorios, las posiciones individuales de ciertos políticos de todas las partes y el rechazo de los ciudadanos a enfrentarse a nuevos escándalos y conflictos de intereses, muestran el agotamiento de un modo de gobernanza cuyo tecnicismo ha pretendido sustituir a los derechos y donde el político intenta tímidamente pero con seguridad recuperar su lugar.

Al final de su último mandato, la presidenta chilena Michelle Bachelet intentó poner en marcha un proyecto de reforma del Código de Aguas que, en un vago intento de recoger una demanda del Movimiento por la Recuperación del Agua y la Defensa de los Territorios que reclamaba su derogación sin afectar los intereses de los grandes grupos, pero no cuestionaba  la privatización del agua, su mercantilización o los derechos de agua ya otorgados. Su objetivo era restablecer un mejor control estatal sobre el uso del agua, a través de la determinación de las prioridades de los derechos humanos sobre las de las empresas. 

Este proyecto de enmienda se ha topado con los grupos de presión que han logrado bloquearlo por el momento, pero no hace falta decir que también se ha quedado corto en relación con la demanda de los ciudadanos de que se suprima por completo el Código de Aguas. Hoy en día, en Chile, parece que ya no es posible seguir ahogando la cuestión de los derechos detrás de un arsenal técnico. La cuestión es eminentemente política y seguirá abriéndose camino.

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