Al 28 de febrero de 2020, los fondos de pensiones que administran las AFP alcanzaban el monto de US$195.130 millones, lo que equivale a 80,7% del PIB de Chile. US$102.240 millones, equivalentes al 52,4% del total corresponden a la inversión de los fondos de pensiones en las 174 instituciones que operan en el territorio nacional....

De “populismo” acusó la derecha chilena instalada en el gobierno a los diputados – entre ellos trece de su propia coalición- que el miércoles 15 de julio votaron a favor del retiro del 10% de los fondos de pensiones secuestrados en dictadura por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como también a los senadores que, como han adelantado, apoyarán esta medida.

El ejecutivo fue aún más lejos en sus acusaciones, dictadas indudablemente por su profundo odio a la izquierda, pero sobre todo, por su defensa irrestricta del modelo institucional y económico heredado de la dictadura. Según el Presidente y su gabinete, los parlamentarios habrían sucumbido a la influencia de los postulados de “izquierda”, como si no supieran que la cabeza visible de esta iniciativa fueron Jaime Mulet diputado y Presidente de la Federación Regionalista Verde Social y Matías Walker de la Democracia Cristiana.  Después de las acusaciones verbales llegaron las amenazas. Mulet y Walker denunciaron haber recibido amenazas de muerte y amedrentamiento por parte de Patria y Libertad.

Para sus promotores, este proyecto de retiro del 10% del fondo de pensiones, constituye una medida concreta para socorrer a la clase media, un sector social nacido a la sombra del endeudamiento extremo vía tarjetas de crédito y al peso que en la economía adquirió  el sector terciario (servicios) en detrimento del primario (productivo), tras la liquidación post golpe de la incipiente industria nacional y la deriva del capital financiero hacia la especulación y el fraude. En realidad, el retiro del 10% del fondo de pensiones es una medida extrema a la que esperan recurrir los 10 millones de cotizantes  - la tan mentada “clase media” - para enfrentar la situación de cesantía y el hambre que se abatió sobre ellos producto de la pandemia, pero sobre todo de la indiferencia e insensibilidad social tan propia de la clase dominante chilena. en suma, esto que los mismos cotizantes podrán paliar con una parte de sus fondos previsionales los efectos devastadores de la crisis económico-sanitaria, utilizándolos como una suerte de cuenta de ahorro a la vista.

Cronología del 10%

El 6 de julio la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto de ley que modifica la Constitución para “incorporar como parte del derecho a la seguridad social, la facultad de los afiliados al sistema de capitalización individual, de retirar parte de sus fondos previsionales, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe.” Fue una votación estrecha, con tan solo un voto de diferencia: siete a favor, seis en contra, cero abstenciones. El oficialismo en pleno se cuadró con el Gobierno, que rechazó tajantemente la iniciativa. En palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, “la propuesta del retiro de fondos de pensiones es una mala idea”.

Pese a las amenazas y presiones que ejercieron los ministros hasta el último minuto, el 15 de julio la Cámara de Diputados aprobó con 95 votos de diputados de distintos colores políticos, 25 en contra y 31 abstenciones el proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales, con el objeto de “mitigar los efectos sociales derivados del Estado de Excepción Constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19”. que pasó a segundo trámite en el senado.

Así, la pandemia abrió una brecha en el blindaje institucional de las AFP. Lo que no pudo el millón de personas que manifestó contra las AFP en marzo de 2017 y a favor de un fondo público y solidario de pensiones, lo ha hecho la pandemia con sus 8 mil 500 muertos y sus casi 300 mil contagiados. En Chile ya nadie duda de que fueron las medidas que adoptó el gobierno de Piñera – defensa del sistema financiero y el incremento de los beneficios de las grandes empresas más que la salud y la vida de las personas-  las que llevaron a Chile a ocupar hoy el 6º lugar de los países más afectados por la pandemia: cuarentenas a destiempo, cuarentenas dinámicas por comunas, cordones sanitarios inoperantes, libertad de las empresas para despedir a las personas en cuarentena, la fallida nueva normalidad, etc. Y un poder ejecutivo asesorado por ministros tecnócratas, que ha demostrado una y otra vez su extrema ortodoxia neoliberal y ha dejado en evidencia la fragilidad y la injusticia del modelo basado en la libertad de las fuerzas del libre mercado para fomentar el crecimiento económico, en detrimento de las políticas públicas.

El Poder económico-político de las AFP

Hagamos un poco de historia. En los 80, años oscuros de la dictadura militar, a iniciativa del Ministro del Trabajo de ese entonces, José Piñera - hermano del actual Presidente de la República-, la Junta Militar de Gobierno promulgó el Decreto Ley N° 3.500, del 13 de noviembre de 1980, que determinó la constitución de un sistema previsional único de capitalización individual y puso fin al “sistema de reparto” que hasta entonces operaba por medio de Cajas de Previsión. Hoy resultan obvios cuáles fueron los motivos que se tuvo para excluir del nuevo sistema previsional de capitalización individual a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que mantuvieron sus sistemas de cotización en base al sistema de reparto, por medio de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).​

Al 28 de febrero de 2020, los fondos de pensiones que administran las AFP alcanzaban el monto de US$195.130 millones, lo que equivale a 80,7% del PIB de Chile. US$102.240 millones, equivalentes al 52,4% del total corresponden a la inversión de los fondos de pensiones en las 174 instituciones que operan en el territorio nacional (sean de dueños nacionales o extranjeros). Estas se dividen en cuatro categorías correspondientes a: Instituciones Estatales, Instituciones Financieras, Sociedades Anónimas y Fondos de Inversión, Mutuos y de inversión de Capital de Riesgo.

Un estudio publicado por la Fundación Sol desglosó las inversiones que hacen las AFP con los fondos de los trabajadores chilenos. Este estudio demostró que los principales beneficiados con la inversión de sus fondos, son los mismos dueños de las empresas que emplean a estos trabajadores. Los grupos económicos de Luksic, Said, Saieh, Yarur, Matte y Solari acumulan 75% de los fondos invertidos en territorio nacional, con una cifra superior a los US$30 mil millones. Estos 6 grupos económicos chilenos son los que más han ganado con el actual sistema de pensiones, además de las propias administradoras, que cerraron el primer trimestre de este año con un aumento de un 100% de sus ganancias; las pensiones, en tanto, apenas alcanzan un 20% de lo que los cotizantes reciben en su vida activa.

Este sistema privado tuvo dos modificaciones bajo los gobierno de la Concertación (alianza socialista-democristiana). La primera introdujo el criterio de flexibilidad de la inversión; promulgada por el socialista Ricardo Lagos el 2002, la ley creó 5 tipos de multifondos entre los cuales los cotizantes pueden optar para depositar sus fondos previsionales para obtener hipotéticas ganancias según el grado de riesgo del tipo de multifondo (se calcula que en la actualidad, las AFP han perdido alrededor de 60 mil millones). El 2008 Michelle Bachelet (socialista también) promulgó una ley “paliativa”, que complementó el sistema de pensiones de 1980, creando un sistema de pensiones solidarias de vejez y de invalidez - el «pilar solidario»- más una pensión básica solidaria de vejez​ y un subsidio a la cotización de trabajadores jóvenes. Estas modificaciones no afectaron, sin embargo, los fundamentos del modelo privado de las AFP de José Piñera.

Por último, cabe señalar que por las administraciones de estas poderosas AFP ha pasado gran parte de la clase política chilena, entre ellos el propio actual presidente Piñera, que participó en el directorio de la AFP Provida.

¿Y ahora qué?

La liberación del 10% es esperada con expectación, como ya dijimos, por unos 10 millones de cotizantes, lo que ejercerá una evidente presión económica sobre las AFP, que tendrían que desembolsar en un plazo relativamente breve -que sin duda intentará prolongar al máximo-, este porcentaje de las imposiciones que se descuentan de los sueldos y salarios de los “”cotizantes rehenes” del sistema privado de pensiones. Bien sabemos que las empresas capitalistas jamás aceptan que se toque un peso de lo que se embolsan e invierten con total libertad. Pero además, hay que considerar el impacto político de esta medida, que afecta el principio de inviolabilidad de la propiedad privada, de recursos monetarios blindados contra los altos impuestos y contra cualquier modificación de sus tasas de ganancias. Aceptar que las AFP se desprendan aunque sea transitoriamente de este 10% es algo que la casta gobernante aceptará difícilmente. Porque abriría una brecha en su política económica inaceptable para los beneficiarios de la Constitución de 1980, que es el muro defensivo de la inviolabilidad de la propiedad privada. Veremos entonces a la clase dominante recurrir a todos los recursos legales para moderar su impacto, como ya lo expresó claramente el senador Moreira (UDI) “tras su confinamiento reflexivo”, al declarar dramáticamente ante las cámaras de TV que votará a favor del proyecto de ley. Pero que presentará una “Indicación” para que los cotizantes más “ricos”, aquellos que tienen un fondo previsional más alto –independientemente de que hoy estén sin ingresos-  no puedan recuperar este porcentaje sin el pago de intereses. Esta diferenciación entre “ricos y pobres” ¿No es acaso  populismo, cuando viene de uno de los fundadores de la UDI, partido creado por el mismísimo Pinochet en la fase terminal de la dictadura –cuyos coletazos, por cierto, se prolongan hasta hoy? La UDI y Renovación Nacional son partidos que jamás se han interesado por los pobres. Su trayectoria política se ha orientado siempre a garantizar el enriquecimiento de los privados a través de los bajos salarios, las altas tasas de empleo informal - ese olvidado “ejército de reserva de mano de obra” -, las altas tasas de interés del crédito, la privatización de los servicios básicos (agua, electricidad, gas) y de la salud, la educación, pensiones, etc. Sin olvidar que olvidar que las ganancias, especialmente las que obtienen las AFP, alimentan la caja fuerte con que se financian las campañas electorales de sus mandatados.

El Estado es la caja fuerte de la empresa privada

Hoy el Estado defiende con dientes y uñas los fondos previsionales en manos de los privados, aduciendo que el retiro del 10% incidirá, a futuro, en el pago de pensiones más bajas. Sin embargo, el Estado no ha tenido reparos legales ni económicos para acudir al salvataje de los privados. En efecto, en 1981-1982, el Estado utilizó el 34,2% del PIB nacional para salvar al sistema bancario que estaba al borde de la quiebra como consecuencia del uso y abuso del sistema crediticio utilizar los fondos fiscales, lo que implicó reducir drásticamente el gasto en salud, educación y vivienda.