Uno de los temas que ha aparecido cada vez con mayor fuerza en el actual debate constituyente, es lo que concierne a la salud mental. Ámbito, como sabemos, minimizado por los distintos gobiernos desde la vuelta a la democracia, y al mismo tiempo, constituido como una problemática social generalizada en nuestra sociedad.

Hay un acuerdo transversal en la sociedad de que la salud mental es un tema relevante e imprescindible de abordar y mejorar. Tal como se ha manifestado la ciudadanía bajo la consigna “no hay salud sin salud mental”.

Con la intención de contribuir y ampliar el debate, nos surge la interrogante: La creación de una Ley Nacional de Salud Mental. : ¿Se reduce a un problema técnico-administrativo-burocrático? Nos hacemos esta pregunta a raíz del contenido del cual se han enfocado las opiniones expresadas en los medios de comunicación. Estas han puesto el foco únicamente en: Mayor inversión estatal, mayor cantidad de atenciones en los centros de salud, mejoras en la infraestructura, garantización de ciertos derechos para las personas con padecimiento mental, etc. Sin duda esos elementos son imprescindibles si queremos tener un sistema de atención más digno que el actual. Y es urgente que así sea.

Sin embargo, reducir el debate únicamente en esos aspectos, deja de lado, a nuestro parecer, la discusión de fondo, y que es principalmente política, teórica y clínica. 

Si pensamos la salud como un campo de disputa de sentidos, actualmente observamos y denunciamos como el modelo médico hegemónico- el cual es el predominante en la concepción de la salud mental en nuestro país-, ha instalado una visión unívoca de la misma, promoviendo una lectura positivista, individualizadora, biologicista, a-histórica, despolitizada, patologizadora y medicalizadora del padecimiento psíquico.

Algunas de las problemáticas que sostenemos que se desprenden de este modelo médico hegemónico instituido en el actual sistema de atención de salud mental son:

1- Solo ciertas personas estarían calificadas para hablar, debatir y proponer sobre salud mental, dando pie a una tecnificación y reducción del saber en ciertas profesiones (psiquiatras, psicólogos/as y neurólogos/as principalmente), y la reproducción de un lugar de poder jerárquico. A pesar de que en el último Plan Nacional de Salud Mental (2017-2025) se agregan otras disciplinas, organizaciones sociales y la comunidad, la transmisión lineal del saber técnico persiste, colocando al/la paciente en una posición de objeto de intervención, desconociendo su dimensión subjetiva, deseante, política y ciudadana.

2- Si bien en la política pública está plasmado el enfoque de salud mental comunitaria y biopsicosocial, en la práctica, lo que predominan son miradas e intervenciones biologicistas, individualizadoras y psicologizadoras del sufrimiento psíquico, centradas principalmente en el rendimiento y el cumplimiento de metas, provocando un distanciamiento con la realidad singular y social de los y las pacientes.

3- Las intervenciones y prácticas grupales y comunitarias por su parte, muchas veces, tienden a ser de carácter psico-educativas, entendiendo “lo educativo” como una relación de poder en la que hay alguien que sabe y que transmite un cierto conocimiento a un otro que supuestamente no sabe y que debe aplicar y reproducir mecánicamente ese saber en su vida cotidiana. Este modelo de intervención no hace más que reproducir una relación de dominación, subordinación y dependencia que anula subjetivamente a las y los pacientes.

4- A pesar de que en la actualización del Plan Nacional de Salud Mental se enfatiza el modelo de atención comunitaria y familiar, el cual se alejaría -en teoría- del modelo biomédico, ya que ubica el desarrollo del sujeto en su comunidad y toma en cuenta la voz de éstos (en parte), además de que incorpora los determinantes sociales de la salud, las prácticas y la experiencia concreta da cuenta de que, en su aplicación, continúa siendo un modelo funcional al sistema neoliberal, centrado en el individualismo de los dispositivos de atención, los cuales mantienen los discursos patologizantes que privatizan el malestar social y el sufrimiento psíquico. Sumado a esto, se continúa hablando bajo la terminología de la psiquiatría clásica (biologicista-positivista) del "trastorno mental", noción añeja y estigmatizadora de las personas con padecimiento psíquico.

5- En el campo de la salud mental infantil, hace tiempo observamos como se reproducen discursos patologizadores, medicalizadores y adultocéntricos que relegan necesariamente a los niños, niñas y adolescentes a objetos de educación y control. No hay un paradigma que se oriente en la escucha y la pregunta por el malestar infantil, solo se apunta a adaptarlos al medio. Se les rotula su sufrimiento a partir de etiquetas psiquiátricas y se les silencia medicalizando con fármacos, como si fuesen el primer y único recurso de tratamiento terapéutico. 

6- Cuando hablamos del modelo médico hegemónico instituido, al mismo tiempo, y necesariamente, debemos de hablar del modelo manicomial. Ambos han establecido una división binaria y tajante de lo que se entiende por normal/anormal, salud/enfermedad, psíquico/biológico, individuo/grupo, entre otras categorías, que diluyen una mirada compleja, integral e interdisciplinaria de la salud mental, dificultando la articulación entre lo singular y lo colectivo.

7- El modelo manicomial ha favorecido y promovido la violencia psiquiátrica hacia los y las pacientes internados/as en los hospitales psiquiátricos, atentando contra su dignidad y derechos, en pos de una supuesta “normalidad psicológica”. La mal llamada “terapia” de electroshock es una de las tantas expresiones de la violencia psiquiátrica que en nuestro país está sumamente normalizada y validada.

 Para finalizar, nos parece que el debate sobre la salud mental debería darse, además del ámbito técnico-económico, en su vertiente política, clínica, epistemológica y colectiva. En tiempos constituyentes es urgente abrir más espacios de participación social, que permita que tantos profesionales de la salud como usuarios/as del mismo tengan lugar a opinar, debatir y decidir colectivamente en la transformación de las políticas públicas y del modelo de salud mental que deseamos construir.

 Por nuestra parte, nos parece imprescindible que un nuevo modelo de salud mental, plasmado en una eventual ley nacional de salud mental, esté basado y articulado a los Derechos Humanos, a lógicas colectivas, participativas y democráticas, a la conjunción entre lo singular y lo colectivo, y a los procesos de cuidado en la dirección de la cura.