Ayer viernes 18 de diciembre de 2020, se reunieron nuevamente manifestantes para protestar en masa contra el gobierno impopular de Piñera y por la liberación de los presos políticos de la revuelta. Los manifestantes que trasladaron el epicentro de las demandas desde denominada plaza de la dignidad a las calles cercanas de la Moneda, para meter presión a un gobierno indolente, represivo y con intenciones de convertirse en un régimen totalitario.

La represión por parte de carabineros no se hizo esperar, utilizando fuerzas especiales, carros lanza agua, escopetas con perdigones y bombas lacrimógenas. La policía uniformada, ha comunicado que procedió a la detención de 38 personas por protestar. Los manifestantes acusan de estar deteniendo a las personas que llevan pancartas, banderas o lienzos con consignas. Por ejemplo, se detuvo a un joven llamado “Húsar”  por llevar un lienzo en el cual pide la libertad para los presos de la revuelta, anoche se desconocía donde lo tenían detenido, carabineros se negó a dar noticias, sin embargo, hoy informaron que lo tienen detenido en la 3ra comisaría de Santiago.

Los jóvenes encarcelados no han tenido un procesamiento justo ni transparente porque los cargos que se le imputan son con pruebas de carabineros, una institución éticamente cuestionada por violar los derechos humanos contra los manifestantes, por sus montajes y por la corrupción que existe en su interior. 

La literatura internacional define el concepto de presos políticos como: (i) personas privadas de libertad exclusivamente con base en sus ideas y/o actividad política; y, (ii) personas en prisión por actos con conexión política o por delitos comunes, a quienes se les persigue y/o violan sus derechos humanos por razones políticas. Las violaciones de derechos humanos con motivación política dicen relación, preferentemente, con el derecho a la libertad personal, integridad personal, debido proceso, protección judicial y no discriminación.

En consecuencia, en Chile existen genuinamente presos políticos, no por casualidad que la semana pasada en el Congreso varios parlamentarios presentaron un proyecto de indulto a los detenidos por manifestarse durante el llamado estallido social 18-0. No obstante, Piñera ha declarado públicamente que se va oponer a este proyecto enviándolo a los perros guardianes de la constitución de Pinochet −tribunal constitucional−. Por otra parte, otra irregularidad de las detenciones de miles de jóvenes por manifestarse contra el gobierno es el actuar de la justicia chilena, demorando a propósito un proceso justo para cada uno de los detenidos. Por lo visto, los fiscales están actuando irregularmente coludiéndose con el gobierno.

Entonces, no solamente estamos en presencia de un gobierno tiránico, sino que también frente a instituciones profundamente corruptas como carabineros y los dos poderes del Estado como lo son el ejecutivo y el judicial. En Chile, como muchos lo sabemos, solamente hay justicia para encarcelar la pobreza, pero jamás para encarcelar a los sinvergüenzas de cuello y corbata como lo son algunos empresarios y políticos corruptos que los tribunales de justicia los sentencian con clases de ética e irrisorias multas. Ya es un cáncer terminal, todas las instituciones del Estado de Chile están podridas por la gangrena de la corrupción y el único remedio es la muerte del propio Estado para construir uno nuevo, liderado por personas honestas, con una verdadera vocación social, amor por la patria y por la justicia social.

En el articulo 35 de la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano durante la revolución francesa el 24 de junio de 1793, legitimó la insurrección como un derecho humano: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”

Ciertamente,  como ya lo han repetido las organizaciones de derechos humano en Chile y en el extranjero, el gobierno de Piñera  ha violado y continúa violando los derechos humanos. Viola el derecho a la presunción de inocencia, un derecho fundamental del artículo 11 en la declaración universal de los derechos del hombre en 1958. Así, en los jóvenes que han sido liberados se ha demostrado que no hay pruebas contundentes para acusarlos de los delitos esgrimidos por carabineros.

Helder Pessoa Cámara, fue un obispo brasileño reconocido a nivel mundial por su lucha contra la pobreza, teorizó que existen 3 tipos de violencia: " La primera, madre de todas las demás, es la violencia institucional, la que legaliza y perpetúa la dominación, la opresión y la explotación, la que aplasta y lamina a millones de personas en sus ruedas silenciosas y bien engrasadas. La segunda es la violencia revolucionaria, que nace de la voluntad de abolir la primera. La tercera es la violencia represiva, que pretende sofocar la segunda haciéndose cómplice de la primera, la que genera todas las demás. No hay peor hipocresía en llamar sólo a la segunda violencia, pretendiendo olvidar la primera, que la da a luz, y la tercera, que la mata.»

No hay dudas, esta definición es la que mejor encaja para la profunda crisis socio política que se está viviendo en nuestro país. El Estado Chileno institucionalizó una violencia sistemática contra su pueblo, imponiendo con todas sus fuerzas armadas, ilegitimas a estas alturas, un modelo neoliberal injusto y opresor en todas las áreas sociales: educación, salud, pensiones, salarios indignos, destrucción de la naturaleza y segregando a miles de personas en zonas de sacrificio. Este sistema extractivista, desigual e inhumano beneficia a la avaricia encarnada por personas invirtuosas, institucionaliza la violencia y el terrorismo del Estado. Por consiguiente, en nuestros días, el único peligro para la democracia es el Estado terrorista y no los jóvenes que luchan manifestándose por un Chile más justo y solidario.