Para terminar con los bloqueos constitucionales hay que fundar una nueva República.

Los  principios y el funcionamiento de una verdadera República son definidas por un texto llamado Constitución. Así como la Constitución francesa se apoya en los ideales de la revolución de 1789, la nuestra se apoya en los ideales conservadores y antidemocráticos de la dictadura de Pinochet. 

 Ayer todo Chile fue testigo que Piñera no es el presidente de todas y todos los Chilenos. Ha declarado que si el proyecto de las 40 horas era aprobado en el congreso, iba hacer uso de todos sus poderes como presidente, declararlo inconstitucional para que fuera rechazado por los guardianes de la Constitución de Pinochet —El tribunal Constitucional— 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UlkaOnkuBQY
EL presidente acusa la inconstitucionalidad del proyecto de 40 horas.

 Esa Constitución es la de ellos, es la herencia de la dictadura, un texto ilegítimo, antidemocrático, redactado  en cuatro paredes y liderado por Jaime Guzmán. En consecuencia, la actual República de Chile no es democrática porque es un sistema político en el cual el gobierno — no gobierna para y por el pueblo—. Desde 1990, todos los gobiernos de la centro izquierda y derecha no han cristalizado los intereses de toda la ciudadanía, sino más bien los intereses del gran empresariado. 

Fernando Atria, reconocido abogado constitucionalista, evoca que  los defensores de la Constitución de Pinochet todavía tienen los mismos argumentos para defenderla:

"Insisten que los excesos autoritarios y antidemocráticos se excluyeron del texto con las reformas de 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos.  O esgrimen, que esta Constitución ha sido la más modificada a lo largo de la historia constitucional de Chile".

Fernando Atria, La Constitución tramposa, Lom ediciones, 2013, p.45

Para Atria, esos argumentos se vuelven en contra de ellos, es una paradoja:

"si esta Constitución es tan buena como lo afirman, ¿Por qué ha sido más  reformada que las de 1833 y 1925. Desde 1989, tiene treinta reformas constitucionales que ya se han adoptado, mientras que la de 1925 estuvo en vigor durante 50 años y se modificó sólo diez veces". Según Atria, esta observación nos muestra que la actual Constitución es  una compilación artificial de leyes.

Fernando Atria, La Constitución tramposa, Lom ediciones, 2013, p.46

Esta Constitución, es una Constitución de derecho, es decir, redactada por abogados y tecnócratas.  No es una Constitución que consagra derechos para la ciudadanía, en el sentido, que no concede y no protege los derechos de los ciudadanos. Debe ser una norma fundacional, y para eso emanar de una decisión fundamental tomada por las personas en cuanto a su identidad y su forma de existencia.

Las normas actuales otorgan una existencia política "formal" a la gente para actuar a nivel constitucional, pero de hecho, impiden la acción de los y las ciudadanas. Como resultado, el propósito fundamental del texto constitucional vigente es negar la capacidad del pueblo para actuar.

En efecto, en la Constitución existen  una serie de bloqueos o «trampas» legales.

  • (i) El primer bloqueo: es el quórum necesario para aprobar las leyes orgánicas constitucionales, que no pueden ser promulgadas, modificadas o derogadas sin el ⅘ de los votos de la cámara de diputados y senadores en funciones (art.66). Esto significa que cualquier reforma a una ley constitucional requiere una mayoría que solo puede obtenerse con los votos de la derecha: en este caso le otorga un poder de veto. Cuando o los guardianes del templo constitucional defienden estos quórums para aprobar leyes orgánicas, insisten en que las leyes orgánicas no se inventaron en Chile, que están presentes en otros países y, por lo tanto, que nada justifica que se le llamen— trampa— es cierto que las leyes orgánicas también están en las constituciones de Francia y España, sin embargo, estos quórums para modificar eso tipo de leyes son a mayoría absoluta: es decir, necesitan una mayoría mucho menor que en Chile, un 50% + 1 para reformar.
  • ( ii) El segundo bloqueo: el Tribunal Constitucional, en el sentido de que posee una jurisdicción preventiva cuando una ley no está en conformidad con la Constitución. Concretamente, en el caso que las dos cerraduras anteriores pudieran estar abiertas, y los proyectos de reforma fueran aprobados, la derecha siempre podría apelar ante este tribunal y, por lo tanto, bloquear el proceso nuevamente. De hecho, la doctrina constitucional chilena otorga una prerrogativa judicial para declarar una ley inconstitucional: es una corte que impone su voluntad al legislador durante el proceso legislativo.

En conclusión, nada se puede cambiar si no comenzamos por exigir una nueva República social y democrática, bajo principios y funcionamiento debatidos y deliberados  solamente por la ciudadanía, sin la participación de partidos ni actores políticos. Después de ese ejercicio auténticamente democrático que necesita Chile, estaríamos en condiciones de decir que tenemos una carta constitucional genuinamente democrática —Para y por el pueblo—.