Publicado Octubre 30, 2021
Reflexiones sobre la legitimidad
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A partir de ese día la legitimidad es una consecuencia de la expresión de la Soberanía popular, de la voluntad general. Nada, ni nadie, puede oponérsele. Por sobre la voluntad Soberana de la nación no existe ningún poder, ninguna legitimidad. Esa fue muy precisamente la definición de “izquierda” en política. En el siglo XVIII.

En estos días azarosos para el avenir del país, la lectura reflexiva sobre experiencias anteriores, si bien no entrega los planos del camino a seguir, ofrece al menos algunas pistas sobre los senderos a evitar.

Los inicios de la Revolución Francesa maravillan por el breve tiempo que llevó terminar con una monarquía milenaria que acumuló usos, costumbres, tradiciones, decretos y leyes sin siquiera proponerse la elaboración de un cuerpo doctrinario aplicable al monarca y a sus súbditos, visto que la voluntad del Soberano se imponía a todo lo que le precediera aunque sus decisiones contradijesen todo lo conocido y aceptado desde tiempos inmemoriales.

El Absolutismo se fue consolidando a medida que los señores feudales, celosos de sus derechos y prerrogativas, interiorizaron que el poder del Monarca provenía directamente de Dios, y por consiguiente no era sino el resultado de la Divina Providencia, la voluntad del Todopoderoso.

La Justicia, naturalmente, manaba de la bondad del Soberano, de su ecuanimidad y de su justa imparcialidad, guiadas, como conviene a tan altas virtudes, por la omnisciencia divina. Las reglas que cada cual debía respetar tenían como origen la decisión del rey, a quien le bastaba dictarlas exponiendo un único argumento: “Es Nuestra Voluntad”.

Lo que precede nunca impidió que otros Señores le disputasen el poder al Monarca organizando Ligas y Frondas, exigiendo tantos derechos y privilegios como pudiesen arrancarle al poder central, nutriendo así historias de lealtades y traiciones convenientemente sazonadas con episodios de matrimonios contra natura, divorcios consagrados por el Papa y adulterios varios. La legitimidad real, de origen divino, exigió luchar incansablemente contra la cantinela de duques, marqueses y príncipes: ‘Quítate de ahí, que yo me ponga’.

El rey siempre supo que disponer de un ejército era más eficaz que las plegarias dirigidas al Altísimo.

Siglos más tarde, Al Capone formuló una explicación de sencillez bíblica para tales peripecias, forjando una frase para el bronce: “Se obtiene más con una palabra amable y con una pistola en la mano, que solo con una palabra amable”.

Quien dice ‘ejército’ menciona ipsofactamente el dinero necesario para sostenerlo. Afortunadamente, Dios hace bien las cosas: el Monarca, en la formidable extensión de sus poderes, contó siempre con el privilegio de establecer libremente todo tipo de tasas, impuestos, gabelas y deberes pagaderos por sus súbditos, con el loable propósito de subvenir a la grandeza del Soberano.

Asimismo, el rey estimó muy justamente que permitir que los contribuyentes entrasen al ejército era un contrasentido: verse obligados a pagar por una parte, y disponer de armas para oponerse al pago por la otra, podía instilar descabelladas ideas en la mente de tan rústicos vasallos.

De ahí que surgiera una bella oportunidad de negocio: proveerle al rey –a título oneroso– los soldados extranjeros necesarios a su protección. Así, los príncipes suizos inventaron los guardias homónimos, que vendieron alegremente al rey de Francia y aun a otros, incluyendo en el contrato un ‘seguro de vida’: si el guardia suizo se hacía matar, el príncipe suizo recibía una significativa cantidad de dinero en compensación. La mortandad de los guardias suizos hizo la fortuna de sus príncipes. Solo faltaba inventar los bancos. Y la relojería suiza, para despistar.

Mientras tanto los señores feudales obtuvieron de la magnanimidad del rey la exclusividad de la oficialidad de sus ejércitos, la alta administración del Estado y la diplomacia. Convenientemente remunerados, desde luego. De ese modo el rey mató dos pájaros de un tiro: evitó que creasen sus propias fuerzas armadas, y pudo enviarles a combatir, o a servir, en las fronteras del reino o en el extranjero. De paso, fueron eximidos del pago de contribuciones, al tiempo que mantuvieron el derecho de cobrarlas en sus feudos.

Visto que su poder era de origen divino, el Monarca eximió también a la Iglesia y al clero del pago de impuestos. Mejor aun, la Iglesia obtuvo el privilegio de cobrarlos: así nacieron el diezmo y otras contribuciones obligatorias a la Santa Madre Iglesia, algunas de las cuales persisten aun hoy en la civilizada Europa.

Lo que precede era legítimo puesto que el pilar central del régimen era el rey, cuyo poder incuestionado e incuestionable, ya se dijo, tenía origen divino. Buena parte de la actividad de la nobleza, de la Corte, del clero, de los artistas y de una nueva casta de comerciantes e industriales que luego llamarían burguesía, consistía en obtener más y más inmunidades, privilegios, rentas, exenciones, concesiones y derechos de los cuales estaba privada la morralla que en estas líneas suelo llamar los pringaos.

Cualquier parecido con realidades contemporáneas, –y con las atávicas costumbres que conducen un sector de la población a estimar que su posición social conlleva el disfrute de ciertos privilegios y privilegios ciertos–, puede ser atribuido a la extraordinaria ‘resiliencia’ de quienes adoptaron útilmente las propiedades de la corteza del alcornoque. Tal sector adoptó tempranamente la misma divisa que la capital de los galos: "Fluctuat nec mergitur".

Cuando en la real sesión de los Estados Generales del 23 de junio de 1789, –tras la orden de Louis XVI de abandonar la Sala de los Menudos Placeres y ponerle fin a la reunión–, el Tercer Estado (auto proclamado Asamblea Nacional) decide quedarse y deliberar declarando estar allí por la voluntad del pueblo, son mil trescientos años de monarquía que se derrumban sin casi hacer ruido.

La Soberanía se desplaza de la cabeza coronada de Louis XVI al pueblo de Francia. La legitimidad ya no proviene de un poder delegado por la Providencia, sino de la voluntad ciudadana. La Asamblea Nacional deviene Constituyente y asume los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sin olvidar declararse inviolable: quien se opone a la voluntad de la nación se sitúa fuera de la ley. Louis XVI lo pagará caro el 21 de enero de 1793.

A partir de ese día la legitimidad es una consecuencia de la expresión de la Soberanía popular, de la voluntad general. Nada, ni nadie, puede oponérsele. Por sobre la voluntad Soberana de la nación no existe ningún poder, ninguna legitimidad. Esa fue muy precisamente la definición de “izquierda” en política. En el siglo XVIII.

Desde entonces, consensos mediante, se perdieron la una y la otra, la legitimidad y la Soberanía. Para no hablar de la izquierda…

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