Terminar con su legado será nuestro legado

No fue una dictadura ni un grupo de militares quienes impulsaron la redacción de un texto constitucional, sino que fue una ciudadanía movilizada que forzó a los partidos políticos a que se hiciera posible un plebiscito en el que Chile decida si aprueba o rechaza la idea de iniciar un proceso constituyente, y que su redacción no sea entre cuatro paredes, sino que a través de un órgano electo democráticamente, público y transparente ante las deliberaciones que tome.

Hace exactamente 40 años, Augusto Pinochet en representación de la Junta Militar anunciaba en cadena nacional que se realizaría un plebiscito donde se le consultaría a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba el texto constitucional que se había estado trabajando desde hace algunos años. Aquella consulta, tiene muchas similitudes a lo que estamos ad portas de vivir como país, sin embargo, también hay muchas diferencias, las cuales deben ser revisadas y comprendidas para  reflexionar de la mejor manera posible en torno al proceso que enfrentaremos.

En aquella ocasión, el dictador señaló a la ciudadanía que “el hipotético rechazo del proyecto aprobado por la Junta de Gobierno significaría el retorno a la situación existente en 1973”. Es decir, la única opción posible que le quedaba al Chile de 1980 era aceptar el documento que presentaba la Dictadura, pero este documento no era cualquiera, estaba en cuestión nada más y nada menos que la Constitución Política de la República, la regulación jurídica más importante para un  Estado de Derecho y la máxima representación de la voluntad del pueblo y la ciudadanía, sin embargo de participación, representación o voluntad soberana no hubo nada.

Los registros de las actas de la Junta Militar, han dejado al descubierto que desde el mismo día del Golpe de Estado se tuvo la intención de redactar una nueva Carta Magna, ante lo cual se conformó un equipo para trabajar, a cargo implícitamente de Jaime Guzmán y explícitamente por Enrique Ortúzar.[1] Luego de años de trabajo entre cuatro paredes y frente a constantes violaciones a los Derechos Humanos, se presentó un documento que al 11 de Agosto era completamente desconocido por la ciudadanía y era únicamente conocido por la Comisión Ortúzar y la Junta. De comentarios opositores, nada y de participación ciudadana, menos. Bajo un contexto de incertidumbre, secreto e injusticia, se anunció un plebiscito para votar sobre un aspecto tan importante para un país: su Constitución.

Hacia 1980 nos encontrábamos en “Estado de Emergencia, con partidos políticos prohibidos, sin alternativas para los electores, sin registros electorales y sin una supervisión electoral independiente”[2] No existía libertad de información o de prensa, por lo que la oportunidad para informar a la ciudadanía era nula y los plazos para hacerlos también eran escasos: solamente 30 días para poder leer, digerir y opinar sobre la Constitución, aquella que nos rige desde hace ya más de 30 años, y que debido a los 30 pesos del alza del metro logrado impugnar, denunciar y cuestionar.

Hoy nos parece casi imposible que se haya desarrollado un plebiscito bajo esas circunstancias, pero así fue como la dictadura logró imponer a la fuerza su legado de neoliberalismo, injusticia, desigualdades y precarización, que hoy debemos derrotar. 40 años más tarde nos encontramos frente a un escenario igual de importante, pero ante condiciones totalmente distintas.

El momento clave para la instalación del legado neoliberal fue precisamente en ese momento. Un proyecto económico ya en marcha, de la mano de una democracia semisoberana consagrada a través de un Estado subsidiario en una Constitución autoritaria. La Junta y sus aliados tenían muy presente la idea de que para materializar su legado debía consagrar su modelo en una Constitución. La derecha chilena comprende que el asunto constitucional es sumamente relevante para la consagración del modelo, y es lo mismo que sucede ahora, dentro del mismo sector político y ahora bajo un relato totalmente distinto. Hace 40 años invitaban a aprobar y decir que Sí con una bandera chilena a su Constitución y hoy invitan a rechazar la idea de cambiarla. Nos encontramos ante otro momento clave.

No es al azar entonces, que durante estos días la Unión Demócrata Independiente presente un Proyecto de Ley que pretende eliminar la opción de Convención Constitucional de la papeleta del plebiscito de Octubre, apelando a motivos económicos, -pese a que cuando pudieron bajarse el sueldo no lo hicieron- Sin embargo, los motivos que se esconden tras esta propuesta no son económicos, sino que responden a la misma lógica que hace 40 años: no les gusta la democracia, y saben que su única manera de imponer o defender su legado es a través de vías precisamente antidemocráticas. Lo que en dictadura fue la promulgación de un texto con serios problemas de legitimidad, hoy se traduce en una estrategia para evitar que un órgano 100% democrático redacte un texto constitucional.

En el actual proceso constituyente en curso, no fue una dictadura ni un grupo de militares quienes impulsaron la redacción de un texto constitucional, sino que fue una ciudadanía movilizada que forzó a los partidos políticos a que se hiciera posible un plebiscito en el que Chile decida si aprueba o rechaza la idea de iniciar un proceso constituyente, y que su redacción no sea entre cuatro paredes, sino que a través de un órgano electo democráticamente, público y transparente ante las deliberaciones que tome. De ahora en adelante nuestra voz debe ser la que se imponga ante todo y que nunca más se nos imponga todo por sobre nuestras voces. El desafío es grande, pero la estrategia es clara, nuestro legado, será terminar con su legado.

[1] Barros, R. (2005). La junta militar: Pinochet y la Constitución de 1980. Sudamericana.

[2] IBID, página 121.

Los autores pertenecen al comando constituyente Fech