Dieciocho de octubre de 2019, diecinueve estaciones del Metro en llamas, otras veintidós con daños en su infraestructura, el gobernante llama a estado de excepción y los militares controlan las calles de Santiago como lo hacían en los 80’s, la violencia estatal resultante va desde los apremios ilegítimos hasta la muerte pasando por un record mundial de centenares de mutilaciones oculares, todas víctimas civiles; las calles se tiñen multicolor con movilizaciones cotidianas -espontáneas y organizadas-, algunas de millares, que son las postales que -junto a la primera línea- cubren las noticias del mundo. Primera línea que ha sido vinculada con la juventud del Sename, y cómo no, si los distintos puntos de partida que tienen los discursos convocados convergen en la palabra Dignidad. Entonces no es extraño que esos discursos coloquen en diferentes partes de la capital “el Sename colapsó antes que el Metro” como una de-monstración –la denuncia de una monstruosidad- con que apuntan directamente a los parámetros protectores de las formas del gobierno de la infancia en Chile.

Revisemos una crónica del colapso:

• 1979, es creado el Sename por la Junta Militar un año después que el dictador logró ganar el plebiscito que contraría la resolución de las Naciones Unidas, la cual condena al Estado Chileno por no respetar los derechos humanos. El Sename intenta resolver las dificultades institucionales de la protección de la infancia que repartían en diferentes carteras ministeriales las particularidades de la infancia vulnerable, sin embargo, se establece una sola dependencia en el Ministerio de Justicia lo cual posibilita el trabajo punitivo en vez del proteccional. Con ello, terminan por usar una misma estrategia de intervención, la institucionalización. Hacen eco de un discurso transgeneracional que posiciona a la infancia vulnerable como peligrosa. Al mismo tiempo, con los aires de un Estado subsidiario, la privatización del servicio se hace una realidad. Nunca antes en la historia se había invertido tanto dinero Estatal en la infancia, empero, esta inversión funciona tomando al Estado como un privado más que compra servicios dentro del mercado. Las normas de la oferta y demanda no regulan la calidad del servicio prestado, propiciando un espiral sin fin de vulneraciones institucionales –representantes de un Estado en ausencia- con una infancia con la que se mantiene una deuda histórica.
• 1898, A finales de la dictadura Chile se adscribe a la Convención internacional de los derechos del niño (1989), que es ratificada en los primeros tiempos del retorno a la democracia. Sin embargo, a pesar que este retorno esperado supone un soporte de garantía en derechos fundamentales, el Sename dista mucho de los requerimientos estipulados por el derecho internacional. Aunque son diversos los intentos, nunca se establece un verdadero cambio a la institucionalidad cuestionada.
• 1994, la directora nacional del Sename, Oriana Zanzi proponía cambiar la estructura administrativa y de intervención de las instituciones Estatales y colaboradoras. No ajustar las leyes a los requisitos de la Convención es no cumplir con el apremio que implica dicha suscripción. Sin embargo, la propuesta nunca tuvo pie de partida.
• 2000, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se realiza la Propuesta Preliminar del Grupo de Trabajo Infancia en el contexto del proyecto de reforma y modernización del Estado, pero que posteriormente, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas insiste en que el Estado chileno ajuste la Ley de Menores y el sistema institucional de trabajo de la Protección Integral de Los Derechos del Niño a la Convención pactada en el retorno a la democracia, no siendo atendida.
• 2006, en el primer periodo de Michel Bachelet, se creó el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia, consejo responsable de articular la reforma en Sename. Esta reforma no se llevó a cabo. Sin embargo, por parte del trabajo asociado al consejo asesor, se gestionó el programa Chile Crece Contigo.
• 2007, tanto el gobierno de Bachelet como la oposición suscriben el Acuerdo Político Legislativo en materia de Seguridad Pública, que solicita una propuesta para una nueva reestructuración en Sename, que tampoco logra sus objetivos.
• 2010, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se promueve una iniciativa interministerial que plantea una reforma en Sename, iniciativa que queda sin mayor movimiento en el congreso por incorporar una cierta cadena de falencias que no propiciaban la reforma.
• 2014, en el segundo gobierno de Bachelet, como logro se conformó el Consejo Nacional de la Infancia que es “Una instancia asesora presidencial que integra los esfuerzos de diversos organismos públicos, coordinando y dirigiendo sus acciones hacia el diseño y establecimiento de un sistema integral de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia, donde el Estado cumpla el rol de garante”, sin embargo, el capítulo III de los derechos de la actual Constitución, establece sólo declaraciones de principios, pero no incorpora recursos de protección para que el Estado pueda funcionar como garante.
•  2015, por el punto anterior la administración presentó un proyecto de Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, que plantea nuevamente las ideas de una reforma de protección integral a la Infancia que no se lleva a fin.
• 2016, la muerte de Lissette Villa, niña de 11 años en Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) Galvarino determina un sin fin de responsabilidades administrativas que decanta en la llamada crisis del Sename, que posteriormente destapa las más de 1313 muertes al interior del servicio en democracia.
• 2018, a tres meses del inicio del segundo y actual gobierno de Sebastián Piñera, con la responsabilidad asumida en campaña de poner en primer lugar a los niños del país, el presidente anuncia el Plan de Mejoramiento Institucional, convocando a un Gran Acuerdo por la Infancia que trascienda los colores políticos y que supone 94 medidas. Un mes posterior Piñera menciona el aumento del plan subsidiario que potencia al sector privado en vez de permitir mayor la injerencia de Estado. Simultáneamente crea la Subsecretaría de la Niñez, que es un organismo independiente del mismo ministerio, cuya función es coordinar la implementación de las políticas públicas en materia de infancia.
• 2019, de estas 94 medidas de las cuales pocas continúan por un camino regular. Esto hasta el punto que el poder legislativo califica como un retraso el tiempo desmedido que la Comisión especial del ejecutivo se ha tomado en la corrección de dichos proyectos luego de recibir la correspondiente opinión de los expertos nacionales e internacionales en la materia quienes mencionan que: el nuevo Servicio Nacional de Protección de la Niñez, funcionaría prácticamente igual que el anterior Sename, en tanto que el Estado no tendrá control sobre la calidad del trato que se entregue a los niños, niñas y adolescentes para su recuperación, básicamente porque, junto con la otra propuesta de aumento de la subvención, la implementación de los programas quedaría en manos de terceros, es decir, privados.

Claramente es contradictoria la creación de la Subsecretaría de la Niñez, que en su primer artículo asuma a este organismo como parte del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, y, a su vez, este organismo no se haga responsable de una efectiva modificación al Sename y solo incurra en proyectos con cambios cosméticos.

Mientras estos puntos están estancados en el parlamento, desde el 18 de octubre de 2019, diferentes hechos han sido causa de la generación de informes que acusan al Estado chileno de violar sistemáticamente los derechos humanos, debido a la alta cifra de casos que documentan: asesinatos con involucración de agentes del Estado, pérdidas de globo ocular o de visión completa a causa de disparos de proyectil desde las fuerzas de orden, violaciones y abusos sexuales a manifestantes por parte de personal uniformado, reiteradas denuncias por violencia desmedida en el control de las manifestaciones, y por la constante vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes, etc. En este último ejemplo, la Defensoría de la Niñez denunció, con fecha 28 de noviembre de 2019, que son 374 los casos que muestran violaciones a los derechos de la infancia en el marco de las manifestaciones, y últimamente el caso de Anthony, el joven empujado puente abajo por un efectivo de carabineros. Hasta la fecha. del total de niños y niñas afectados, casi la mitad están vinculados al área de protección o de responsabilidad penal adolescente del Sename.

A esto se adiciona que, en febrero del presente año, post estallido, se realiza a puertas cerradas un convenio entre la Asociación Nacional de Inteligencia (ANI) y el Sename, que fomenta la doble representación de la infancia vulnerable/peligrosa en tanto se inclina por la estigmatización y criminalización de los niños, niñas y adolescentes que el Estado debe velar por su protección. 

El Sename no solo colapsó décadas antes que el Metro, es la perpetuación agónica de un colapso en la demostración de los efectos radicales que tiene un Estado -brillante por ausencia- ante el teatro carnicero de los privados.