Ciertamente existe un treinta y cuatro por ciento de ciudadanos que hay que encantar electoralmente, sobre todo cuando se sabe que esta cifra ha sido muy incrementada por el voto de izquierda duro y desilusionado de la gestión gubernamental como del rendimiento de partidos que están sumidos en su oficio de repartirse los cargos de la administración pública, así como deslizarse por el tobogán de la corrupción.

Alrededor de 12 millones de electores concurrieron a las urnas a depositar su voto obligatorio en la advertencia de que los que se abstuvieran pudieran ser sancionado con una elevada multa. De todas maneras, unos 500 mil ciudadanos no cumplieron con su deber cívico. Los que se suman a los más de dos millones de votantes (el 21 por ciento) que dejaron la papeleta en blanco u optaron por anular su sufragio. Acusando, en muchos casos, la falta de legitimidad de un proceso tramado a puertas cerradas  por el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Como sabemos, es posible que las atribuciones del primer mandatario puedan sufrir modificaciones, de tal manera que el régimen presidencialista actual pueda atenuarse en favor de un parlamentarismo o una fórmula híbrida que ya se denomina de distintas formas. Con mucha probabilidad, el sistema parlamentario bicameral dé paso a uno unicameral, con lo cual se espera reducir el número de legisladores y modificar la forma en que sean elegidos.

Para el país, lo peor es lo que se repite con insistencia en cuanto a que se debe votar por el “menos malo” y se le cierra espacio a la legítima abstención o al voto en blanco o nulo, que también pueden expresar el sentir de los chilenos. Lo que parece seguro es que en la próxima contienda el que gane lo hará por escasa ventaja, lo que ciertamente es funesto para el objetivo de conseguir consenso o mayoría parlamentaria para la implementación de las soluciones que espera el pueblo.

Es muy poco probable que el nuevo Presidente pueda realmente dar paso a una “era nueva”, como se ha prometido y, salvo las consabidas fluctuaciones accionarias y del precio del dólar, todo indicaría que el país va a seguir gobernado por la clase política, como que el sacrosanto mercado seguirá siendo nuestro soberano. Con el aval de los gobernantes y de la casta militar o guardia pretoriana.

Chile debe implementar una nueva institucionalidad y definir cuestiones tan importantes como las atribuciones del Presidente de la República, los parlamentarios y de toda suerte de representantes políticos. Sin omitir decisiones importantes respecto del rol de nuestras Fuerzas Armadas y el acotamiento del número de sus efectivos y presupuestos multimillonarios. Se conoce el temor generalizado de la clase política ante las oficialidades castrenses que, cada vez que lo han querido, conspiran, dan golpes de estado y agreden brutalmente a la propia población nacional.